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Publicado en la categoría: Desbrozando Ideas

Palabras de Rodrigo Londoño en el segundo seminario internacional de evaluación de la implementación del Acuerdo de Paz

Escrito por  Rodrigo Londoño
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Muy buenos días a todas y a todos. Me presento aquí como presidente de nuestro partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Constituye un honor y un deber para mí, tomar parte en este importante evento.

Concurrimos con el alto gobierno, la universidad pública, los estudiantes y los representantes de la comunidad internacional, con el propósito de aportar a la percepción más completa posible del tema de la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, que justo por estos días cumple dos años de haber sido suscrito en el Teatro Colón y refrendado por el Congreso de la República.

Tal y como lo han destacado muchos expertos, el Acuerdo de La Habana constituyó un hito histórico, no sólo en el plano interno sino también en el internacional, por la rigurosidad de su contenido y las técnicas jurídicas empleadas para su elaboración, por su vocación de reconciliación, el pragmatismo y la celeridad con que fue alcanzado si se lo compara con otros procesos.

Evidentemente no fue del agrado de todas las fuerzas políticas de la vida colombiana. Pero eso lo hace mucho más meritorio. Persisten desafortunadamente en nuestro país intereses reprochables por el fomento del odio y la venganza, que hubiesen preferido la continuación de la guerra de más de medio siglo, convencidos de su victoria militar, del mismo modo que se la propusieron fallidamente más de una decena de gobiernos.

La cordura, la sensatez, la experiencia y la madurez de un país hicieron posible que se alcanzara el Acuerdo Final. Un acuerdo que además de la insurgencia de las FARC, fue firmado por el gobierno nacional, avalado por el Congreso de la República en pleno y validado por la Corte Constitucional, haciendo de él un compromiso de Estado, y no solamente como lo piensan algunos, una obligación de carácter administrativo asumida por un Presidente en tránsito.

Ello hace que el Acuerdo de La Habana posee la fuerza y el reconocimiento de un tratado de paz, de la misma categoría e importancia que cualquiera de los tratados que en el pasado histórico nacional o en el plano mundial lograron poner fin a graves confrontaciones. Se trata de un compromiso cobijado por el principio sagrado del derecho internacional, pacta sunt servanda.

El Acto Legislativo número 002 del 11 de mayo de 2017, incorporó a la Constitución Nacional la obligación de garantizar la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo Final, norma declarada exequible por la Corte Constitucional, quien además determinó que “las instituciones y autoridades del Estado” tienen, entre otras, la obligación constitucional de “cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”.

Y para evitar interpretaciones respecto a “cumplir de buena fe”, a continuación la norma constitucional precisa respecto a la implementación normativa, lo siguiente: “las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

Así que el Acuerdo de La Habana se halla más que blindado ante las normas del derecho interno, no puede ser modificado ni alterado a capricho de legisladores, gobernantes o intérpretes. Característica que además se deriva de los compromisos que ambas partes, por su libre voluntad, convinieron conferirle en el plano del derecho internacional.

Dicho acuerdo se firmó en su integridad como Acuerdo Especial del Articulo 3 Común de las Convenciones de Ginebra de 1949 y fue depositado ante el Consejo Federal Suizo en Berna, organismo depositario de las citadas Convenciones. Sobre él se efectuó una Declaración Unilateral del Estado colombiano realizada por el Presidente de Colombia ante las Naciones Unidas, obligando a Colombia al cumplimiento y respeto del Acuerdo Final.

Además, el texto íntegro del Acuerdo Final fue incorporado a un documento oficial anexo a la Resolución 2261 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todo lo cual significa que ninguna institución o autoridad del Estado está autorizada o legitimada para incumplir lo acordado, y si lo hicieran deberán asumir que no se trata de “mejoras” introducidas, sino de alteraciones unilaterales que rompen el Acuerdo Final de 24 de noviembre de 2016.

Han sido sucesivas violaciones al Acuerdo Final. Por vía de interpretación jurisprudencial, consideramos las más graves la exclusión de la competencia obligatoria de la JEP sobre los civiles o agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública, que tengan responsabilidades a consecuencia de su intervención en el conflicto armado, al igual que el régimen de condicionalidad agravado, exclusivo para los exintegrantes de las FARC EP.

Entre las alteraciones del Acuerdo por la vía de la implementación legislativa, sin duda las más graves se han producido con la aprobación de la Ley 1922 de 18 de julio de 2018 de reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), norma que introduce exclusiones y modificaciones a lo acordado en el punto “5.1.2 Justicia”, del Acuerdo Final.

Las más graves, sin duda, la creación de tratamientos y procedimientos separados para las fuerzas militares y la prohibición de investigar conductas presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas armadas o agentes del Estado cuando se presuma la existencia de planes criminales, la existencia y estructura de una organización criminal o sus redes de apoyo, o la existencia de patrones macro criminales de ataque a la población civil.

Por si todo ello fuera poco, durante el pasado mes de octubre se presentó ante el Congreso una propuesta de Acto Legislativo para modificar la estructura de la JEP creada por norma constitucional, en fiel desarrollo del Acuerdo Final, propuesta que tenía como finalidad la

“conformación de las Salas en la JEP, para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública”, juzgamiento a cargo de nuevos jueces diferentes de los ya nombrados ante la JEP y conforme a un supuesto “derecho operacional”, que se pretende diferente del Ius in Bellum reconocido internacionalmente como único derecho aplicable en la guerra.

Dicho proyecto fue supuestamente retirado y sustituido por el Proyecto de Acto Legislativo

nº 24 de 2018. El nuevo proyecto tiene dos artículos, el primero sobre la reorganización de salas y secciones de la JEP y la elección de nuevos magistrados. Y el segundo sobre restricciones al alcance del reconocimiento de verdad y responsabilidades. Con estas restricciones se afecta el corazón del sistema de justicia creado en el Acuerdo de Paz, los estímulos e incentivos al reconocimiento de responsabilidades y verdad.

El artículo 2 del Proyecto de Acto Legislativo ataca la esencia del sistema de justicia de la JEP, al hacer que pierda valor jurídico el reconocimiento de responsabilidades y ofrecimiento de verdad, todo ello con una regulación contraria además a la lógica jurídica y al sentido común: “la sola confesión de quienes se someten o quienes pueden ser llamados a comparecer ante la JEP no podrá ser prueba suficiente para proferir condena en su contra”.

Respecto al primero de los nuevos artículos, se añaden 14 magistrados a la JEP que se incorporaran a todas las secciones y salas de esta jurisdicción, donde pueden abordarse cuestiones relativas a miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado civiles o terceros. Estos magistrados constituirán subsecciones o subsalas. “Estarán organizados en grupos”, dice la propuesta, que “trabajarán de manera separada en el estudio de los casos de las guerrillas y de agentes del Estado”.

Es decir, jueces ad hoc para conocer en exclusiva los casos en los que aparezcan responsabilidades de agentes del Estado en general. Dado que el requisito para ser elegidos como magistrados es el conocimiento del “derecho operacional”, poca duda cabe de que los magistrados serán reclutados entre probados y parciales servidores públicos al servicio de las Fuerzas Militares desde larga data, única forma de familiarizarse con ese supuesto derecho denominado “operacional”.

Pese a que es alto el número de militares y policías que han determinado voluntariamente someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, tal y como fue pactada en La Habana, es evidente el esfuerzo soterrado porque su comparecencia y sus declaraciones carezcan de fuerza vinculante con relación a alguien, a un sector que se empecina en desvirtuar el sentido y la fuerza de la verdad. Colombia entera, la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional han de estar alerta para impedir que la impunidad se certifique de antemano con maniobras como el proyecto en ciernes.

Las FARC-EP cumplieron sagradamente con su palabra. Dejamos las armas, nos transformamos en un partido político legal y transparente, entregamos los bienes que constituyeron nuestra economía de guerra, asumimos con total decisión nuestra comparecencia ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Nunca hemos señalado como inconveniente ni un solo renglón de lo pactado en La Habana, sencillamente lo cumplimos con la mayor buena fe.

Enfrentamos sí una avalancha de ataques de la más diversa naturaleza. Desde la mano de sicarios y oscuras organizaciones, hasta las constantes sindicaciones irresponsables del señor Fiscal General de la Nación. Desde los intentos de impedir, reducir o aislar nuestra acción parlamentaria, hasta los reiterados empeños legislativos por modificar o pervertir lo acordado en La Habana. A todo ello hacemos frente empleando únicamente la palabra, tal y como lo prometimos en Cartagena.

A muchos de nuestros muertos se asigna una explicación recurrida, no estaban en los ETCR, andaban en malos pasos. Como si las decisiones desesperadas de unos cuantos que pierden el horizonte ante el paquidérmico incumplimiento estatal, no fueran precisamente consecuencia de la indolencia y la negligencia de las autoridades. Y si como la garantía del derecho a la vida, asumida formalmente por el Estado, sólo valiera para ciudadanos en condiciones ideales. A los atentados contra los nuestros los quieren clasificar como frustrados intentos de hurto.

La deuda del Estado colombiano en materia de implementación es gigantesca. Miremos tan solo el primer punto, Reforma Rural Integral, para darnos cuenta de ello. ¿Dónde está el banco de tierras y cómo anda la adjudicación de estas a los campesinos? Igual podría preguntarse por la formalización de la propiedad, el catastro multipropósito o los planes de desarrollo.

Oímos la práctica declaración de guerra en materia de cultivos de uso ilícito. Políticas que fueron ampliamente discutidas en La Habana, y transformadas en soluciones integrales que partían de reconocer que los cultivadores eran el eslabón más frágil de la cadena del narcotráfico, regresan con su sesgo irracional de fumigaciones con glifosato y erradicación violenta.

¿Dónde está la reforma política que se firmó en La Habana? Transita por el Congreso un proyecto de reformas al régimen electoral que apenas roza de lejos lo previsto en el Acuerdo Final. Se continúa negando a las víctimas su representación mediante las circunscripciones especiales.

Sigue siendo elevadísimo el número de nuestros exguerrilleros que permanece en prisión pese a las leyes y decretos de diverso orden que ordenan su libertad. Mientras se mantiene arbitrariamente encarcelado a Jesús Santrich con el propósito de extraditarlo por cuenta de un montaje, se pretende juzgar y condenar a Sonia, deportada al país luego de cumplir su pena en los Estados Unidos, como si no fuera una exguerrillera sujeta a los beneficios del Acuerdo de La Habana.

Se acerca ya el final del abastecimiento alimentario a los ETCR y el término de estos mismos espacios. La bancarización llegará muy pronto a su fin. Brilla por su ausencia la puesta en marcha de los proyectos productivos colectivos o individuales con los que los antiguos militantes de las FARC puedan derivar su sostenimiento. Cojean seriamente su capacitación, su superación académica, su atención en salud. La reincorporación económica, política, social y cultural de acuerdo con sus intereses no pasa de ser una bonita frase escrita en el Acuerdo.

Pese a todo, lo reitero hoy en nombre de nuestro partido FARC. No vamos a dar un paso atrás, el retorno a las armas y la ilegalidad está descartado por completo, creemos que un nuevo país es posible, estamos dispuestos a trabajar por él con todo entusiasmo. Apostamos a la paz con mucho más que simple buena fe, con el convencimiento de que la inmensa mayoría de compatriotas terminará sumándose a este propósito. El cumplimiento del Acuerdo es una necesidad nacional.

Pereira, 15 de noviembre de 2018.

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