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Publicado en la categoría: La Pluma de Gabriel Angel
Martes, 26 Junio 2012 11:46

Detrás de la reforma judicial

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No puede hablarse de reforma a la justicia porque sencillamente ésta no existe. Mientras no comprendamos eso, cada reforma acrecentará la injusticia.


 

Antes de que pasara a la polémica conciliación entre las dos cámaras, el Presidente del Consejo de Estado se refirió a la reforma judicial con enorme enfado. A su juicio, además de haber creado una enorme burocracia que en nada solucionaba los problemas de la administración de justicia, lo aprobado por el Congreso abría la puerta para que la delincuencia se apoderara del poder y quedara impune.

El resultado final de la conciliación acabó por generar el escándalo. El rechazo abierto involucró incluso la posible apelación aun referendo revocatorio. La Colombia decente amenazó con ponerse en pie contra ella. Fue cuando hizo aparición Santos, prometiendo impedir la entrada en vigencia del esperpento. Y sobrevino el teatral gesto de renuncia del ministro de justicia. Pese a ello, ni uno ni otro logró desvanecer la certeza de que el alto gobierno estaba al tanto de lo que se tramaba y lo compartía.

La mejor prueba de ello es el burdo intento de responsabilizar por el engendro a los miembros de la comisión conciliadora. Desde antes, el magistrado Gustavo Gómez había asegurado que gracias a lo aprobado por el Senado, los congresistas quedaban sin ningún control y que seguirían presentando escándalos por narcotráfico y parapolítica. Además, los parlamentarios involucrados en el caso confirmaron a los medios que el gobierno había emitido el visto bueno a cada uno de los artículos aprobados en el último debate.

Otra cosa que ahora Santos y su corte se desgarren las vestiduras. No pretendemos inmiscuirnos en el debate en torno a la constitucionalidad o legalidad de lo aprobado. Si nos introducimos en el asunto, es para destacar la falsedad que se encubre en la presunta moralidad exhibida por gobierno. Y con el perdón de tanta gente honesta y al mismo tiempo manipulada, para poner también en evidencia la hipocresía de la gran prensa y la clase política ligadas desde siempre a los partidos y grupos que medran de la política oficial.

Gran parta de los reñidos con la reforma afirman que lesiona profundamente el espíritu de la vejada Constitución de 1991, que su nefasto contenido pone en peligro la existencia misma del régimen político. Como si el Congreso que legisla y los altos funcionarios que gobiernan, no fueran la manifestación vívida del régimen político, como si los procedimientos de reforma y las posibilidades que envuelven no fueran desarrollos de la propia Carta.Como si no hubieran sido los políticos que hoy integran la Unidad Nacional que rodea al Presidente, los encargados de aprobar esta y otras odiosas reformas en el pasado.

¿Acaso ya se olvidó que hubo un impune affaire por dineros de la mafia en las campañas políticas y que el mundo entero pudo conocer que el parlamento colombiano oscilaba entre los designios de dos poderosos carteles del narcotráfico? Los furiosos críticos que rechazan la reforma desde distintos escenarios del Establecimiento, están encabezados por el señor Uribe y sus áulicos, que manosearon el país durante ocho años y lo siguen hoy restregando a su gusto, en buena parte representando los intereses de narcotraficantes y paramilitares. Los mismos políticos que impusieron de manera más que sucia la reelección presidencial.

Si bien resulta estimulante la reacción ofendida de múltiples sectores de la nación, no puede dejarse de advertir que con ella como pretexto, se corre el riesgo de precipitar las más peligrosas decisiones. La estrategia de dominación en boga impone la práctica fascista de manipular y conducir el ánimo de la población en la dirección que conviene al poder. El uribismo, del que Santos no ha dejado de ser ficha importante pese a las aparentes desavenencias, sostiene de tiempo atrás una lucha encarnizada con la rama judicial, y nunca ocultó su inconformidad con el parlamento venal que a veces le resultó incontrolable.

Lo que se esconde tras esta polémica es el afán de la rama Ejecutiva por hacerse al control absoluto de la dirección del Estado y de la sociedad. Con base en la más reprochable corrupción, el gobierno pretendió asegurar la fidelidad del legislativo a sus propósitos, al mismo tiempo que contar con una maquinaria judicial sumisa y obediente. Esto último se desprende del pacto mediante el cual se prolongaron los períodos y edades de retiro de los magistrados a fin de conseguir su aceptación. Tras la fachada de una institucionalidad democrática, se trabaja por consolidar el más férreo absolutismo.

Esta realidad no puede perderse de vista. Que ahora todo el mundo quiera írsele encima al descompuesto parlamento, puede resultar ideal para las aspiraciones del astuto ejecutivo. Detrás del gobierno se encuentran los intereses económicos del gran capital transnacional y los poderosos monopolios de la banca y la industria nacionales. Son ellos quienes procuran por un poder central totalitario, que les garantice la demolición de cuanto obstáculo pueda atravesarse en el camino de sus negocios y ganancias. Sin importar si se halla en la Constitución, la ley, las cortes, el parlamento, la lucha popular o las guerrillas.

Son esos avarientos empresarios quienes claman por una reforma judicial. Pero encaminada a facilitar la pronta solución a los litigios que surgen de la ejecución de sus contratos. Sus ojos están puestos en la jurisdicción civil, comercial, contencioso administrativa, en la creación de cortes especiales, incluso privadas, así haya que pagar por el acceso a ellas. Que el resto del país se vaya por el despeñadero los tiene sin cuidado. Eso se atiende aumentando el pie de fuerza de la Policía, del Ejército, el número aviones y de las cárceles. De la guerra y el aumento de las penas pueden surgir grandes posibilidades de inversión.

No puede hablarse de reforma a la justicia porque sencillamente ésta no existe. Mientras no comprendamos eso, cada reforma acrecentará la injusticia. Lo que reclama con urgencia nuestro país es la reforma radical de su régimen político. Es en esa dirección que debe ser conducida la inconformidad. De otra manera sólo beneficiará los más nefastos intereses. Abominaciones judiciales como las que sufre Sigifredo López, reproducen la fanática obsesión de edificar como sea una inexistente farcpolítica, para con ella disimular la verdadera narcoparapolítica enquistada en el régimen. Así es todo aquí. Pobre hombre, pobre país.

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