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Publicado en la categoría: La Pluma de Gabriel Angel
Sábado, 15 Abril 2017 08:54

El calvario de las madres de las FARC

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Seguro que Rocío querrá asistir a la sepultura de su bebé fallecido, para lo que quizás sí le den el permiso sus jueces y carceleros.

El Acuerdo de Paz contempló la amnistía más amplia posible para los guerrilleros y guerrilleras de las FARC, de conformidad con los Protocolos de Ginebra, lo cual se implementó de manera minuciosa en la ley 1820 del año anterior y en el decreto 277 de este año, consagrando a la vez la libertad para todos nuestros prisioneros.

Para ellos se previeron unos trámites que, tal y como lo definió el decreto reglamentario citado, deben cumplirse en el término de diez días, bajo la responsabilidad de los Jueces de Ejecución de Penas y la Fiscalía. A partir de entonces hemos vivido un verdadero calvario. Las razones son la suma de los más inauditos pretextos por parte de funcionarios públicos.

Sólo para dar una idea citaré uno. Los nuestros fueron privados de la libertad en distintas circunstancias, acusados de diversos ilícitos por su pertenencia a las FARC. Muchos de ellos fueron presentados ante la prensa como tales y luego juzgados y condenados. Se les humilló de mil formas por negarse a renunciar a la organización para volverse delatores.

Y en las prisiones se les concedió el trato más indigno por ser de las FARC. Ahora resulta que algunos de los encargados de definir su libertad, se aferran a que no puede otorgárseles porque no está probada su pertenencia a las FARC y ellos no van a liberar delincuentes comunes. Parece haberse desatado la más inhumana campaña para prolongar el encarcelamiento de los nuestros.

Lo cual se ejemplifica con las historias de las tres muchachas que traigo como muestra y que debieran mover al país decente a reclamar por la saña demostrada contra ellas. La primera se llama Deisy en la guerrilla, e hizo parte del frente 37 durante muchísimos años. La vi durante la X Conferencia en el Yarí. Hizo parte de los prisioneros que asistieron con autorización oficial.

Y que como muestra de la seriedad de las FARC regresaron a su reclusión una vez terminó el evento, con la seguridad de que máximo en un par de meses su libertad sería un hecho. Su nombre civil es Lida María Urrego Lascarro y tiene una niña que se halla a unas semanas de cumplir los tres años, razón por la cual las autoridades carcelarias le prohíben tenerla más con ella.

Lo expresó en carta pública: “…no permitan que…se me separe de mi hija, ella es mi todo, mi amiga, mi compañera, mi vida, mi fuerza para soportar la prisión y mi aliento”. Nadie se conmueve. Por ley y en derecho debiera estar en libertad, bien fuera provisional o en una zona veredal. Y en compañía de su hija. Pero se la van a quitar porque está presa y su hija cumplirá 3 años.

Su expediente reposa en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena que deberá decretar otra amnistía, pues ya le fue concedida una por un juzgado de Montería. No descartamos que si esta se le otorga, sobrevenga otro cargo en otro juzgado en una sucesión incomprensible. Una mujer, madre, perderá a su hija, se la quitan, pese a que las leyes le conceden la libertad.

Otro viacrucis parecido e interminable ocurre con Mayerli Becerra Muñoz, guerrillera de las FARC privada de libertad en la cárcel de mujeres de Cúcuta. Pese a su avanzado estado de embarazo no le fue concedida la prisión domiciliaria, y sólo ante la inminencia del parto fue trasladada al hospital universitario Erasmo Meoz, donde dio a luz un niño que llamó Myker Farley.

El nacimiento ocurrió el 13 de febrero de este año, estando ya vigente la ley de amnistía, o sea cuando debiera estar en libertad. Argumentando incluso eso se solicitó al Juez de Ejecución de Penas que se le otorgara la prisión domiciliaria, obteniendo respuesta negativa. Fue trasladada a la prisión donde se la recluyó en un pabellón que hace las veces de guardería.

Su ansiada libertad, a la que tiene derecho en virtud de la ley y el decreto sobre amnistía, le siguió siendo esquiva. Mes y medio después su bebé sufrió la afección de un oído y se ordenó su traslado al hospital en donde se dispuso su hospitalización inmediata. A la madre no le fue posible acompañarlo, y el ICBF le avisó que debía nombrar un acudiente que se hiciera cargo del menor.

Al no tener familiares en Cúcuta, el defensor de Mayerli solicitó la designación de un tercero que a nombre de la madre hiciera las veces de cuidador. La solicitud fue denegada y en su lugar se nombró a otra persona que se hizo cargo del cuido del menor, hasta que una vez recuperado le sea devuelto a su madre en prisión. La orden de libertad de la madre no llega.

Nada de eso debía ocurrir. Madre y bebé debieran estar juntos, pero no ocurre así. Para consuelo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz asegura estar monitoreando el caso en forma permanente. Más doloroso por sus consecuencias finales resulta el caso de Mariana, de la Teófilo Forero, capturada herida con su compañero y condenada por rebelión y otros conexos en 2014.

Su nombre propio es Rocío Cuellar Guevara y se encuentra en el reclusorio de mujeres del Buen Pastor, en Bogotá. Su solicitud de amnistía y libertad duerme el sueño de los justos en el Juzgado 21 de Ejecución de Penas de Bogotá. Concibió un hijo de su compañero Luis Alberto Mora Ramos, prisionero en la Penitenciaría de La Picota, al que tampoco se concede aún la amnistía.

Los defensores de Rocío apelaron a todas las variantes posibles para solicitar su libertad, por la amnistía, por su avanzado estado de embarazo, aunque fuera su traslado a una zona veredal. Nada se le concedió. Afectada gravemente en su salud, fue remitida de la cárcel al Hospital de Engativá, en Bogotá, en donde fue internada en condiciones de aislamiento total.

Nadie podía visitarla o asistirla por disposición del INPEC. Insistiendo se supo que la muchacha estaba grave, al igual que la criatura que llevaba dentro. Los médicos advirtieron la necesidad de un tratamiento especial en una entidad de mayor nivel. Había que tramitar su traslado, para ello se requería la presencia de un familiar que se encargara del asunto.

Tras gestiones de las FARC con el alto gobierno, de la Oficina del Alto Comisionado de Paz informaron el 4 de abril que estaban gestionando para que pudiera recibir visitas. Se autorizó a la madre de Rocío y a la Corporación Jurídica el ingreso. Para su sorpresa el permiso se venció una semana después, las oficinas estaban cerradas por semana santa y había que esperar la pascua.

El 7 de abril la Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondió secamente que el caso estaba bajo su monitoreo permanente. Cuando el bebé llegó prematuramente al mundo, la noche del 11 de abril, nadie podía entrar al hospital a ver la muchacha. Por su estado la criatura requería traslado de hospital. Como el de su madre antes, no hubo poder humano capaz de lograrlo.

Simplemente decían que donde gestionaban no había camas. Que estaban bregando. Exigieron que fuera la madre de Rocío para el traslado y cuando pudo entrar le dijeron que no había camas en ninguna parte. El muro fue insuperable. El bebé falleció la madrugada del 14. En adelante vendrían las excusas, nadie tenía ni reconocía culpa alguna, habían hecho cuanto pudieron, en fin.

Ahora Rocío deberá volver a su celda. Su madre, los abogados, quizás algunas personas solidarias tramitan la entrega del cadáver del bebé para su sepultura, a la que Rocío seguramente querrá asistir y para lo que tal vez le den permiso jueces y carceleros. Su tristeza pertenece a las FARC en su conjunto, a toda la gente noble y buena de Colombia. Otro país es posible, lo construiremos.

La Habana, 15 de abril de 2017.

 


 Link Corto: http://bit.ly/2oeTA0Q

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