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Publicado en la categoría: La Pluma de Gabriel Angel
Jueves, 31 Octubre 2013 14:03

La visión neoliberal y la visión popular de la paz

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Una es la óptica de los de arriba, la de los detentadores del poder, que han hecho de la violencia el más natural y aceptable modo de gobierno


El Presidente Juan Manuel Santos ha incorporado a su lenguaje político una expresión que pone de presente una profunda carga ideológica. Eso de que Colombia sería un país modelo en desarrollo económico y social si no fuera por el conflicto armado, al que suele llamar mula o vaca muerta atravesada en el camino, resulta revelador acerca de la concepción de la oligarquía colombiana en torno al desarrollo, ahora prosperidad, y la naturaleza de la lucha popular.

Santos no oculta en ningún momento su condición de baluarte de las clases dominantes, la cual refuerza con sus habituales gestos de benefactor filantrópico. A nadie se oculta que sus intereses económicos y políticos andan de la mano con los grandes empresarios y consorcios transnacionales de inversión, pese a lo cual no pierde ocasión para presentarse como el primer defensor de los pobres y desvalidos. Miente con una facilidad asombrosa.

No es el conflicto armado colombiano el que se encuentre atravesado en el camino del desarrollo del país. Es el modelo de desarrollo fundado en la violencia y el despojo el que ha producido el prolongado conflicto armado interno. Así que no se trata de acabar con el conflicto para conseguir el desarrollo, sino de acabar con ese modelo explotador e inhumano para poner fin a la confrontación. Del mismo modo, no se trata de que la confrontación haya impedido la generación de condiciones democráticas en el país para el ejercicio tranquilo de la oposición política, sino que el crimen y el terror de Estado, siempre al servicio de ese modelo de desarrollo, han negado históricamente la posibilidad de la lucha política legal y pacífica que podría cambiarlo. No es la guerra la que debe terminar para que sea posible consagrar la democracia plena, sino la democracia plena la que debe consagrarse para poner fin a la guerra fratricida. 

Como se ve con perfecta claridad, una es la óptica de los de arriba, la de los detentadores del poder, que han hecho de la violencia el más natural y aceptable modo de gobierno. Las brutales actuaciones del ESMAD y el Ejército de Colombia contra las recientes movilizaciones populares, los colombianos humildes asesinados, apaleados, pateados, reventados a golpes de bolillo o culata, envenenados con gases o capturados y judicializados con soberbia, resultan de lo más normal para la gente de las alturas. Son el resultado del orden legal, de la violencia legítima, y nadie tiene derecho a reclamar porque ocurran esas cosas. La ley es dura, pero es la ley.

Otra es la visión de los de abajo, de los colombianos que llevan del bulto durante toda su vida. Cuando el Estado colombiano, en manos de las cúpulas de los partidos tradicionales, liberal y conservador, adopta la decisión de emprender la arremetida contra las colonias agrícolas de Marquetalia, El Pato, Riochiquito y Guayabero, entre otras, lo hace movido por el interés de la clase latifundista y en ejercicio de la doctrina de seguridad inspirada y patrocinada desde Washington. Con esa agresión pretendía rematar la obra de despojo cumplida desde dos décadas atrás, que expulsó hacia las ciudades la mayor parte del campesinado, para beneficio de gamonales y terratenientes ambiciosos que aumentaron así sus respetables fortunas. De paso ponía fin a la creciente influencia del Partido Comunista en ciertos sectores rurales del país. 

Así que fue la violencia demencial desatada desde el Estado colombiano la encargada de inspirar la resistencia armada de sus víctimas. En el caso de Marquetalia, son demasiado conocidas las múltiples manifestaciones de los campesinos allí asentados, clamando por la conversación pacífica ante la amenaza de una inminente agresión. Valga recordar el caso del periodista Manuel Cepeda, quien por denunciar con antelación los planes oficiales fue juzgado y sentenciado a pena de prisión, acusado de calumniar a las fuerzas militares. Sólo los inventores de historias oficiales se atreven a negar la justa causa que dio origen al nacimiento de la guerrilla de las FARC. 

Las cinco décadas transcurridas desde entonces han desnudado repetidamente al público la siempre renovada justa causa de las FARC. En los Acuerdos de La Uribe, 1984, quedó sentado que la existencia del conflicto armado colombiano, en ese entonces apenas con veinte años de edad, estaba fundada en causas objetivas que había que atender y corregir. No fue por capricho que se habló de reformas económicas, políticas y sociales, de apertura democrática, de desmilitarización del país. En el aire quedó para siempre flotando que las buenas intenciones del Presidente Betancur se estrellaron contra la fuerza de los monopolios y la extrema derecha fascista.

También César Gaviria Trujillo se encontró con planteamientos de fondo por parte de la insurgencia. El temor a poner en cuestión en la mesa de Tlaxcala el modelo depredador neoliberal que se traía entre manos bajo el nombre de modernización, lo llevó a inclinarse decididamente por la guerra integral. Que hacía del paramilitarismo una estrategia central. Por otra parte, ahí está para la historia, la Agenda Común para el Cambio por una Nueva Colombia, bitácora que de común acuerdo el Estado colombiano y las FARC coincidieron en desarrollar en el Caguán. Ahora se dice que allí se hablaba de todo, lo cual hace mucho honor a las FARC, que logramos dejar constancia formal, validada por el Establecimiento, de las razones de nuestra justa lucha.

La obcecación repetida de mil maneras por la delegación del gobierno de Santos, en el sentido de no discutir de ningún modo el modelo económico que se aplica en el país, ni la estructura institucional del Estado, ni el carácter y funciones de las fuerzas armadas, en clara contradicción con lo firmado en el Acuerdo General el año pasado, evidencia nuevamente la concepción oficial según la cual el conflicto no tiene causa distinta que la terquedad de las FARC. El que lo sostengan personajes del mundo académico, político y social que dicen hablar desde posiciones de izquierda, habla mucho de hasta dónde han podido calar las visiones neoliberales en la esfera del pensamiento popular. Compra de conciencias, cooptaciones, traiciones. Tarde que temprano, cuando la auténtica lucha popular los arrolle, también conocerán el desprecio de los de arriba, que les reprocharán resentidos no haber cumplido bien con su papel de serpientes.

Montañas de Colombia, 31 de octubre de 2013.

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