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Publicado en la categoría: La Pluma de Gabriel Angel
Martes, 12 Junio 2012 20:39

Los impedimentos de la justicia internacional

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No es cierto que un proceso de paz en las condiciones de hoy no pueda terminar como en el pasado con amnistías o indultos. Claro que sí puede hacerlo.


El Presidente Santos, el senador Barreras, la recua de editorialistas y comentaristas de la gran prensa y toda esa variada gama de expertos en cuestiones de paz repiten sin cesar que cualquier proceso de diálogos que se intentara con las guerrillas, tendría necesariamente que desarrollarse dentro de una serie de encuadramientos completamente distintos a los del pasado.

A manera de dogma, como una especie de revelación fuera de toda duda, la conspiración embrutecedora fija en la mente de espectadores, lectores y escuchas la idea de que es absolutamente imposible que gobierno e insurgencia se sienten a buscar salidas al conflicto colombiano sin tener en cuenta las serias limitaciones que impone el nuevo orden jurídico internacional. El argumento más manido sostiene que los crímenes de lesa humanidad cometidos por los alzados excluyen la posibilidad de cualquier amnistía o indulto. Y se dibuja el escenario de una comunidad internacional furiosa y justiciera abalanzándose sobre Colombia a impedir tal esperpento. 

Así, por obra de la mentira mil veces repetida, el régimen y su gran prensa imponen el único tipo de diálogo y de proceso de paz que resulta conveniente a los intereses de sus amos. El diálogo de los vencidos, la paz de los sepulcros. La mayoría de la gente suele repetir de modo automático lo que escucha por la radio o la televisión, así que crearle marcos de referencia no resulta difícil. Eso lo aprendieron muy bien del doctor Goebbels.

No es cierto que un proceso de paz en las condiciones de hoy no pueda terminar como en el pasado con amnistías o indultos. Claro que sí puede hacerlo. Es más, el primer gesto del gobierno nacional con miras a una paz efectiva, debiera ser la proposición al Congreso de una ley general de amnistía sin condiciones para los alzados en armas. Eso sí que demostraría su voluntad de paz. Es evidente que el tema de los llamados crímenes atroces o de lesa humanidad se manipula deliberadamente por el régimen y sus propagandistas, a objeto de distorsionar la realidad y hacer creer a la galería lo que no tiene nada de verdad. 

Comenzando por la propia definición de tales delitos. Ellos no son los que el Presidente de la República o cualquier funcionario administrativo o judicial quieran calificar así. Sino aquellas conductas que cumplen con todos los presupuestos previstos por la ley internacional. Ella valora el carácter masivo, premeditado y sistemático de semejantes comportamientos contra la población civil, no los hechos que gobiernos, medios de comunicación o intereses de un grupo determinado quiera convertir en ruidosos escándalos, como sucede a diario aquí.  

Las imputaciones repetidamente realizadas contra las guerrillas no resisten el menor análisis si se las confronta con el rigor jurídico de las normas internacionales. La intención, la política, la conducta de las FARC jamás ha perseguido el exterminio de la población civil o de cualquier parte de ella. Otra cosa resulta ostensible del comportamiento del régimen colombiano y sus campañas de terror militar y paramilitar en todo el territorio nacional durante largos años, con los inocultables efectos de centenas de miles de asesinados y millones de desplazados.

El alzamiento en Colombia obedece precisamente a que sectores del campesinado, la clase obrera, el estudiantado y la oposición política se negaron a esperar con los brazos cruzados a los sicarios oficiales que llegaran a quitarles miserablemente la vida. Los guerrilleros colombianos representan y simbolizan la lucha abierta del pueblo de su país, con las armas en la mano, contra la arbitrariedad terrorista determinada desde las altas esferas del Estado. 

Un examen desprevenido de la historia del siglo XX en Colombia resulta más que suficiente para demostrar que han sido el régimen político y sus personeros en diversos niveles de gobierno, los distintos organismos de inteligencia y seguridad, las fuerzas armadas, sus bandas privadas de pájaros, sicarios o paramilitares no solamente los autores y responsables de las peores matanzas y horrores, sino los encargados además del amedrentamiento, los escarmientos y asesinatos encaminados a encubrir el mínimo rastro de sus autoría. 

Las amenazas judiciales  a escala internacional, con las que se pretende acallar nuestra voz y la del pueblo colombiano en una mesa de diálogos, no tienen el efecto de arredrar nuestra vocación de paz y justicia. Sabemos que nuestras manos y nuestras conciencias están limpias.  Son otros quienes temen la aplicación de una verdadera justicia. Los responsables de los cobardes asesinatos por fuera del combate conocidos aquí como falsos positivos. Los autores intelectuales y materiales del horror paramilitar. Los beneficiarios del despojo sangriento de millones de compatriotas.  Los determinadores del exterminio implacable de la oposición política. Los Presidentes y Ministros que ordenaron el brutal desangre. 

Que no vengan a decirnos que no hay más caminos hacia la paz que la rendición y el desarme. Que no traten de convencernos de que la llamada justicia transicional es la fórmula mágica para la reconciliación. Que no vengan a salirnos aquí con leyes marcos que tras llamar criminales de toda majestad a los revolucionarios y demócratas en armas, los perdonan al fin a cambio de cubrir con el manto de la impunidad total a los verdaderos criminales.  Las FARC no somos los paramilitares con los que Uribe ensayó traidoramente esa fórmula. Las FARC-EP somos una guerrilla revolucionaria, en pie de lucha, orgullosamente combativa e invencible. 

La paz no significa rendirnos. Significa transformaciones políticas, económicas y sociales profundas. Un diálogo de paz tiene que tener ese norte como guía. Por eso proponemos que la bandera de la solución política se convierta en la más sentida reivindicación del pueblo colombiano, que la levanten los estudiantes, los campesinos, las comunidades negras e indígenas, los desempleados, los obreros, la juventud y las mujeres de Colombia. Proponemos que ella sea el eje de la unidad de la izquierda colombiana, de la unidad del movimiento social y de la unidad de la lucha popular. Sólo un incontenible torrente de colombianos podrá imponerle el diálogo y la paz a esta oligarquía vendepatria.  Proponemos lograrlo.

12 de junio de 2012.

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