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Publicado en la categoría: Comenta la guerrillerada
Jueves, 20 Abril 2017 05:19

La falsedad de la verdad y la memoria por el poder constituido

Escrito por  Rubén Zamora
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En el discurso de nuestro comandante Timoleón Jiménez en el acto público de la firma del Acuerdo de Paz en la ciudad de Cartagena, invocó el perdón de las personas que por acciones de las FARC-EP entraron a la larga lista de víctimas del conflicto


La lucha por la verdad y la memoria histórica del conflicto y sus víctimas no cesa, en esta disputa, existe una poderosa necesidad desde las mismas víctimas por legitimar su condición y demandar del Estado el derecho a la Verdad como inseparable de sus derechos a la Justicia, a la Reparación y a la No repetición. Es impensable que la garantía y materialización integral de estos derechos sean posibles, si no se les reconoce a las víctimas su condición y se esclarecen públicamente las causas y las responsabilidades históricas  en el  desarrollo conflicto armado en Colombia.  

Hasta ahora no se conocen pronunciamientos del gobierno nacional en los que se reconozca la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos en el marco de la confrontación armada, a excepción de las veces en que ha sido obligado a hacerlo por exigencia del Concejo de Estado como en el caso del asesinato de Jaime Garzón y de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la retoma del Palacio de Justicia y del asesinato del congresista por la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas. 

En el discurso de nuestro comandante Timoleón Jiménez en el acto público de la firma del Acuerdo de Paz en la ciudad de Cartagena, invocó el perdón de las personas que por acciones de las FARC-EP entraron a la larga lista de víctimas del conflicto. El gobierno, por su parte, omitió referirse al tema. El hecho no es casual. En el fondo ocurre una  premeditada omisión de responsabilidad encaminada a justificar lo injustificable: la responsabilidad del poder constituido con el conflicto y sus víctimas.

La reciente expedición del Decreto 502 del 2017, por medio del cual se integra al Ministerio de Defensa en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), expresa la intención de desconocer por parte del gobierno nacional la responsabilidad del Estado a través de sus fuerzas militares y demás organismos de seguridad. A su vez, este hecho evidencia el grado de parcialidad y la falta de autonomía del CNMH para cumplir con su mandato de contribuir al esclarecimiento histórico y el deber de memoria del Estado  como forma de reparación y derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en su conjunto.

La centralidad de las víctimas en la construcción de la memoria histórica por parte del CNMH  ha quedado en cuestión. Involucrar en el Consejo directivo de este Centro un actor tan comprometido en crímenes de guerra y lesa humanidad que, más allá de combatir a las guerrillas, ha sido responsable durante décadas de la dramática victimización, bajo la orientación ideológica del “enemigo interno”, como calificaron a todos los actores de oposición al poder históricamente constituido, desdice de su misión institucional de construcción de paz, democratización y reconciliación. 

Con el propósito de legitimar las actuaciones de los organismos de seguridad del statu quo en el marco del conflicto armado y de ocultar la responsabilidad del Estado con la guerra y sus consecuencias, el Ministerio de Defensa creó al interior de las Fuerzas Militares el Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar (CICMHM). Estos estudios más que conducir al esclarecimiento de la verdad y a construir memoria histórica sobre el conflicto armado, buscan torcerle el cuello a ambas y  significa una verdadera afrenta a las víctimas. Lo que explica lo difícil que fue la conformación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en el marco de los diálogos de paz de la Habana.

Las FARC en su compromiso con los derechos de las víctimas en el país, nos sentimos en el deber de denunciar esta afrenta a las víctimas por cuanto conduce a la impunidad. Con el gobierno coincidimos que en materia de justicia el acuerdo no pretendía un pacto de impunidades, ese enunciado debe respetarse. Lo ético y legítimo es contribuir para que el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cumpla su cometido sin atravesarle una verdad construida desde los intereses del régimen para instalar en la opinión pública matrices sesgadas y revictimizantes. 

La expedición del Decreto presidencial 502 de 2017, además de legitimar los crímenes de Estado, implica el desconocimiento mismo de su obligación constitucional con el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los llamados blancos legítimos del Estado y de su guerra sucia constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pretender legitimar esos crímenes constriñe normas del derecho internacional, arraigan el dolor de las víctimas y no contribuyen a la paz y la reconciliación.   

Con este tipo de medidas, el gobierno de Colombia antepone sus intereses al interés mayoritario por la paz.  En realidad es muy contradictorio en la implementación de los acuerdos de paz: Implementa políticas en contravía a lo acordado en La Habana, como ésta, a que hacemos referencia, y el proyecto de ley que promueve el gobierno en el congreso pretendiendo entregar las tierras recuperadas por extinción de dominio a las Fuerzas Militares, cuando en el acuerdo de Reforma Rural Integral se estableció su transferencia al Fondo de Tierras. La sociedad debe poner toda su atención a las actuaciones del  Gobierno  Nacional, en razón de que no juega limpio a lo acordado y esto podría llevar al país a dejar abiertas las heridas de la guerra. 


URL Corto: is.gd/zjZ9LA

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