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Jueves, 02 Junio 2011 12:11

No tiene Justificación

Escrito por  El Espectador
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WikiLeaks no nos está descubriendo nada nuevo, reafirma si lo que tantas veces se denuncio. Ojala esta reafirmación de hechos, que en su momento fueron desmentidos y que llevo a que los implicados respondieran con improperios y calumnias, haga despertar los sentimientos de dignidad y de amor a la patria.

Y SIGAN DICIENDO QUE LA RESITENCIA ARMADA
NO TIENE JUSTIFICACIÓN


7 de marzo de 2011, El Espectador, redacción investigativa
Santander, Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Valle y cauca, algunas regiones afectadas

Muertes tras la restitución de tierras

Durante el segundo semestre de 2010 se reportaron 11 asesinatos de líderes campesinos, que trabajaban en la lucha por la recuperación de tierras o por desplazados. Siguen las amenazas y el miedo entre los campesinos.

La lucha de campesinos por recuperar las tierras que le arrebataron los armados ilegales se ha convertido en un camino de amenazas y muertes. Entre agosto y diciembre del año pasado el Cinep denunció 11 asesinatos de líderes, relacionados con la restitución de tierras o con desplazados. En poblaciones de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño y Arauca se registraron los crímenes, a lo que se suman amenazas y atentados. La autoría se le atribuye a antiguos miembros de las Auc, hoy en las llamadas bandas criminales, que delinquen por no perder poder sobre las propiedades.

Solo en Urabá, hasta finales del año pasado, la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras reportó que tras la devolución de 184 bienes (4.000 hectáreas) asesinaron a siete campesinos.

El problema detrás del proceso de restitución lo reconoce el gobierno, que se ha comprometido reforzar la seguridad de los campesinos, en medio de su plan de restituir casi dos millones de hectáreas usurpadas.

Sin embargo, ante el panorama de miedo, detrás del proceso de restitución, se hace un papel más activo para cumplir el compromiso de garantizar la seguridad de quienes siguen luchando por lo que un día les quitó la violencia.

Prosperidad democrática!


El Espectador, marzo 6 de 2011, Alfredo Molano Bravo

Las vueltas del rebusque

La guerra nos tiene arrinconados a los colombianos. La guerra que sea. La de aquí que es una guerra en regla y sin reglas, y la de allá, la de Libia. La nuestra se lleva, además de miles de muertos, desaparecidos, desplazados y torturados, billones de pesos. La de Libia se convirtió en la disculpa par subir el precio de la gasolina y, por esta vía, comerse una tajada del magro salario de los colombianos. El barril de petróleo costaba hace un año 68 dólares; hoy 100 dólares.la gasolina subió 210 pesos por galón, el 6%.

Tanquear un carro común y corriente vale ahora 50.000 pesos más. En EE.UU. –nuestro país modelo para todo, menos para esto- el galón vale 2,85 dólares, y en Colombia, 4,14. Se dice que el año entrante el barril costará 140 dólares. Así, a fin de año el galón aquí valdrá 10.000 pesos.

No es muy claro como el gobierno acostumbra calcular los aumentos de la gasolina. Colombia es un país productor y la formula oficial toma como base el precio en el mercado mundial. En el país producir un galón de gasolina cuesta solo un dólar, como explicó el senador Velasco en el congreso. De manera que entre Ecopetrol, que es una compañía en vías de privatización, y el gobierno se estarían embolsicando tres dólares. Para ser exactos, el 35% del precio de venta se convierte en IVA, tributo global y sobre tasa a la gasolina. La gran mayoría de este dinero se va en alimentar el clientelismo central o regional y en contratos de obras que pagan apoyos electorales. La malla vial de Transmilenio se paga con dineros de esta fuente. El ministro de Minas argumenta que no es solo l guerra en Libia, sino también el invierno, lo que tiene en déficit al Fondo de estabilización Petrolera. El invierno se ha convertido en el comodín de toda partida, ajuste, convenio decisión. Todo fue destrozado por el invierno, razón por la cual nada se puede cumplir. El tal fondo es como una motocicleta, no tiene reversa: nunca la gasolina nacional baja cuando bajan los precios internacionales. El organigrama estatal es un barril sin fondo.

El alto precio de la gasolina lleva a la gente a rebuscarse. Hace ya unos años que el gas se usa como combustible para vehículos; se calcula que hay 300 mil usuarios en el país. Paralelamente, el gas natural ha remplazado en la cocina al carbón, al petróleo, al cocinol. Entre los dos tipos de gas hay una diferencia de presión que cambia sus usos, su manejo y su precio. (…)

La corrupción es inherente al sistema colombiano


13 de marzo de 2011, El Tiempo.

 

Hizo ‘maratón’ de contratos antes de irse

Poco antes de ser suspendido, el gobernador de Casanare entregó 21 licitaciones por 23 mil millones.

Tan solo una hora antes de que el viceministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, tomara posición como gobernador del Casanare, el pasado 25 de febrero, el suspendido Raúl Flórez dejó firmadas seis millonarias adjudicaciones. Ese fue el cierre de una maratónica contratación que se había iniciado en diciembre –cuando su suspensión ya estaba cantada- y en la que alcanzó a comprometer más de 23 mil millones de pesos del departamento en 21 polémicas licitaciones.

El 24 de diciembre entregó seis de ellas, por 17 mil millones de pesos, en dos horas y con tan solo un oferente en cada caso.
Por esa misma fecha entregó un contrato de 1.500 millones para la construcción de unidades sanitarias y salud en los resguardos indígenas de Paz de Ariporo, Calvario, El Merey, La Esmeralda y Santa Irene. En este apenas dio un día para presentar propuestas.

Algo similar pasó con la adecuación del instituto Técnico Integrado de Trinidad, cuyo contrato asciende a 1.600 millones de pesos. En este proceso, ni siquiera tuvo tiempo para publicar los avisos de convocatoria ni para justificar el anticipo de recursos. Y para darle vía libre a la construcción de baterías sanitarias y de un restaurante en el instituto Técnico Rafael García Herreros, de Bocas del Pauto –tasado en 1.000 millones de pesos- su administración anexó certificados que ni siquiera concuerdan con la obra proyectada.


18 de marzo de 2011, de El Espectador.
Maniobra de los empresarios Nule para sacar dinero a paraísos fiscales

 

Nule: Bogotá-Panamá- Suiza.

Una transferencia en febrero de 2010 muestra cómo los empresarios movieron recursos a cuentas en Suiza.

Mientras la contralora general trata de congelar lo antes posible cualquier propiedad relacionada con los Nule para recuperar el dinero que posiblemente pierda la nación por las irregularidades que cometieron en contratos con el Estado, se siguen descubriendo las maniobras que usaron los polémicos empresarios para transferir millones de dólares a paraísos fiscales. Un documento, revelado por el blog de Juliana Sánchez en el espectador.com prueba cómo en febrero del año pasado, justo un mes antes de que los Nule empezaran a tramitar ante la Superintendencia de Sociedades la autorización para reorganizar sus empresas, por la supuesta iliquidez de sus sociedades y la imposibilidad para cumplir a tiempo con sus acreedores, hicieron transacciones posiblemente para asegurar el dinero en cuentas en el exterior.

Una transacción bancaria por US$ 207.000 dólares que se hizo a través de una de las empresas de Miguel Nule Velilla, registrada el 11 de febrero del año pasado, sería la evidencia de movimiento de millonarios recursos que cumplían la ruta de Colombia a Panamá y de allí rumbo a Suiza. El documento registra que Nule Velilla radicó ese día, en horas de la mañana, la solicitud de transacción de recursos de la cuenta número 0101214535 del banco HSBC de la empresa MNVCogefar Panamá S.A. por casi $400 millones. Como destinatario estaba la compañía Hazen Development Corp. El depósito era a una cuenta suiza del banco UBS AG, con número CH3200020620627371960Z.

La sociedad MNV Cogefar Panamá S.A. aparece en el registro público como una empresa inscrita el 23 de agosto de 2005 y con escritura 9970 de la Notaria Octava del circuito de Panamá. Como dato adicional, el registro aparece sin un monto de capital inscrito ni acciones con valor nominal.

Como presidente de la compañía aparece Pablo Muñoz Gómez, quien actualmente es el liquidador de las empresas de los Nule nombrado por la Superintendencia de Sociedades. Junto a Muños Gómez aparecen como tesorero Óscar falla Villarraga y como secretario Álvaro Palma. Como suscriptores de la empresa aparecen Didimo Manuel Ríos y Alfonso Arias.

La justicia ordenó buscar cooperación judicial para rastrear los bienes de los Nule en EE.UU., Brasil, Guyana, Belice, Islas Caimán, Panamá, Suiza, Italia, España y Emiratos Árabes. Según la contraloría, los Nule tienen en Europa por lo menos US$2 millones.


Y QUIEN PUEDE AFIRMAR QUE LOS CONSERVADORES (Y TAMBIEN LOS LIBERALES) SON DECENTES
20 de marzo de 2011, El espectador, de María Elvira Samper 

 Partido de cínicos

Si un concepto resume bien el comportamiento de los conservadores es de ‘cinismo’, definido por el diccionario de la RAE como “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones y doctrinas vituperables”. Se rasgan las vestiduras, dicen que son borregos, que tienen curules, no reclinatorios, pero arrodillados estuvieron durante los “años dorados” de Uribe a cambio de prebendas y cuotas burocráticas. Y qué ferias y fiestas hicieron en entidades que estuvieron a cargo de sus fichas –superintendencia de Notariado, Incoder, Fondelibertad, Inco, Estupefacientes, etc.- y ahora que el gobierno destapa esas ollas podridas y los órganos de control investigan, las directivas azules chillan por supuesta persecución política. Cínicos que son.

El turno le tocó ahora al Fondo de Seguridad y Convivencia, del ministerio del Interior, Fonsecon, que el gobierno Uribe también usó para enguatar las rodilleras azules. El ministro Vargas Lleras le puso un torniquete a esa vena rota por el uso indebido de recursos. Lo denunció desde julio de 2007 la revista Cambio, cuando descubrió que entre 2005 y 2006 más de 25 mil millones del fondo habían ido a parar a la remodelación y/o construcción de 88 alcaldías, objeto que no correspondía a lo establecido por la ley: seguridad y orden público.

“La plata se está yendo a la politiquería”, dijo entonces el ex ministro conservador Fernando Londoño y señaló a su sucesor, Sabas Pretelt, y al sucesor de su sucesor, Carlos Holguín, también conservadores y ambos muy generosos con sus regiones. Según cifras del Ministerio, durante la gestión de Pretelt (2004-2006) los mayores beneficiarios del fondo fueron Bolívar, cuna del ministro, con $18.000 millones y Norte de Santander, fortín de su viceministro Hernando Angarita, con 8.700 millones. Y en el periodo (2006-2008), al Valle, su tierra, se destinaron cerca de $7.000 millones que fueron distribuidos entre Tuluá, Palmira y Buenaventura.

La Contraloría advirtió sobre irregularidades, pero nada pasó. El Fondo siguió funcionando como la caja menor del ministerio para “oxigenar” la política. Si en 2005, cuando empezó la construcción de las primeras sedes municipales, la inversión fue de $2.043 millones; entre 2006 y 2007 superó los 23.000millones (un pico de asignación de recursos a mediados de 2007 coincidió con la aprobación de la ley de transferencias) y, en 2008 pasó de $18.000 millones. Pero el récord fue en 2009 con $32.000 durante la gestión del azul Fabio valencia Cossio. Según un informe de Lasillavacía.com, en agosto de ese año esos recursos fueron destinados a 52 alcaldías el 25% de las 217 favorecidas entre 2005 y 2009-, precisamente durante el periodo clave de la aprobación del referendo reeleccionista. La plata de Fosecon sirvió para aceitar la reelección. Lo mismo que las notarías.

Los congresistas sugerían las alcaldías de mandatario de su cuerda y en sus costos de caza electoral patinaban los proyectos en el Ministerio y una junta encabezada por el titular del vice ministerio decidía. Entre los conservadores beneficiados, Hernán Andrade –presidente del Congreso y miembro de la comisión Primera cuando empezaba el debate de la reelección-, Eduardo Enrique Maya, Myrian Paredes, Juan Manuel Corzo y Pedrito Pereira. Para completar la faena y en llave con sus alcaldes –mancorna-, algunos terminaron señalando también a los contratistas y/o interventores de las obras. Si no que le pregunten, por ejemplo, a la senadora Paredes.

Denunciar persecución política cuando los investigan por posible manejo indebido de dineros públicos –corrupción-, se llama cinismo. “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones vituperables”.


Y CUANDO NO HAN ROBADO?
Marzo 7 al 14 de 2011, Revista Semana

 SE ESTAN ROBANDO EL PAÍS

Hoy es casi imposible ganar un contrato con el Estado en forma honesta. Los carruseles de contratistas se toman a Colombia.

Lo que está ocurriendo es muy preocupante. La reciente encuesta demuestra cómo 63 de cada 100 colombianos crean que en materia de corrupción las cosas van por mal camino. Esta percepción negativa se disparó en los últimos meses, porque comenzaron a destaparse las ollas podridas de la contratación en Bogotá y en el resto del país. (…)

¿Qué está pasando ahora? ¿Qué lo hace distinto a lo que ocurría antes? Tal vez la gran diferencia es que mientras antes en Colombia se hablaba de personas o funcionarios corruptos, hoy la corrupción dejó de ser un asunto de individuos y parece estar convirtiéndose en endémica institucional. En Colombia descubrieron la fórmula para saquear de manera sistemática al Estado, y lo más preocupante es que este no parece haber encontrado la fórmula para contener el desangre.

(…) De un lado están los contratistas, como los primos Nule, que se han convertido en el paradigma del descalabro. Es país descubrió estupefacto cómo estos tres jóvenes llegaron a acumular más de 160 contratos en todo el territorio nacional, por más de dos billones en un aparente emporio que era, en realidad, apenas un castillo de naipes. (…)

Y si en lo local llueve, en lo nacional no escampa. No se habían completado cien días del gobierno de Juan Manuel Santos cuando ya se habían destapado varias ollas podridas dejadas por el gobierno anterior. En esta categoría estaban entre otras el Banco Agrario, la Dian, el Incoder, Estupefacientes y la Superintendencia de Notariado y Registro. (…)

El Congreso de la República, por su parte, aun no se sacude del marasmo en el que quedó por cuenta de que uno de cada tres de sus senadores fue salpicado por el escándalo de la parapolítica. Y la justicia también ha sido protagonista de los casos de desfalcos más aberrantes del país. El más reciente es el de magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura –denunciado por esta revista hace dos semanas- que dan ‘palomitas’ de unos cuantos meses para elevar las mesadas de pensiones a sumas multimillonarias.

Pero el de los magistrados no es el único carrusel de pensiones. Primero fue el caso de Foncolpuertos que comenzó en 1991 y le ha costado al erario 2,3 billones de pesos. Después, el de Cajanal, que empezó con una tutela en 2002 y le costó al país 600.000 millones de pesos. Y finalmente el de las pensiones de Telecom, (…) y por el cual el Estado podría llegar a perder 650.000 millones de pesos. (…)

De la era de Uribe, a manera de ejemplo, quedaron dos herencias nocivas en esta materia. En primer lugar, una reforma que se hizo en 2007 a la Ley 80 de contratación, que le da gabelas insólitas a los contratistas –permite en ciertos casos, contratación directa y a las concesiones se les puede dar prórroga de hasta del 60 por ciento del tiempo-. Gracias a esa reforma, por ejemplo, en los últimos años se firmaron concesiones con privados para construir carreteras por 6 billones de pesos y luego se hicieron escandalosas adiciones por 6,5 billones de pesos sobre los mismos contratos. Es decir, el gobierno terminó aceptando que se duplicara el costo de las obras. En otras palabras, en Colombia lo importante es ganar a cualquier costo y después todo el mundo renegocia a su favor los presupuestos de los sucesores para destinarlos a obras ya definidas. Uribe dejó 26,4 billones de pesos comprometidos y en los departamentos y municipios hay vigencias futuras por 14,4 billones de pesos. (…)


ESTAN DESCUBRIENDO EL AGUA TIBIA
Marzo 7 al 14 de 2011, Revista Semana

 En las entrañas del monstruo

Semana dialogó con un hombre que conoce como pocos el bajo mundo de la contratación. Revela los trucos y las trampas que han permitido el saqueo del Estado.
(…) Para él la corrupción en Colombia ha pasado de ser una práctica a una ciencia.

"Yo a Usted le voy a contar lo que he visto y he vivido en veinte años en el mundo de la contratación. Y la primera cosa que quiero que les quede clara es que hoy hay dos clases de contratistas: los corruptos buenos y los corruptos malos. Los corruptos malos son los que se meten a contratar las obras para hacer lavado de activos y las terminan. Y los corruptos buenos son los que tratan de ser honrados, pero necesitan el anticipo que les dan para hacer la empresa. Algo parecido al caso de los Nule. Al final se gastan el anticipo y no termina la obra. Es decir los malos que son los que mueven plata del narcotráfico, y son los buenos en el fondo.
(…)

La corrupción llega a ser tan sofisticada que hay contratistas que tienen más votos que los congresistas. Un duro por ejemplo, puede tener 150.000 votos. Son ellos los que saben del negocio y cultivan la clientela. (…) uno de los más sonados constructores tiene senadores. Le salen baratos. Eso es como pagar un valet parking para un contratista al que le pueden quedar 300.000 millones de pesos con el contrato de una mega obra.

(Entre paréntesis le digo que también hay negociantes que se meten a ser congresistas para montar un negocio que luego les dé plata. Como ocurrió con un representante a la Cámara que propuso la ley que obliga a la revisión anual de vehículos y montó decenas de talleres técnico mecánicos y se ha hecho rico)

De todas maneras si me pide un cálculo, yo le puedo decir que el 60 por ciento de los senadores, de una u otra manera, hacen el ‘complete’. Lo llaman a uno y le dicen “ya tengo 25.000 votos, consígame 10,000”. Conseguir los votos es fácil: se sostienen 100 líderes con un ‘salario’ de 500.000 peos mensuales durante los tres meses. Los más caros son los de Vichada, pues toca traer los indios a votar. El más barato, el de Bogotá.

(…) O contrato gente del barrio como pregoneros para el día de las elecciones: pongo 2.000 personas a 50.000 pesos cada una y lo primero que les digo es que voten, y ahí ya van 2.000 votos, y que los amigos y la familia que vean por el puesto también les pidan que voten por el candidato. Y ahí va sumando. Otra técnica que se aplica es el carrusel: cojo veinte líderes y los mando a votar con la instrucción de que se traigan el tarjetón en blanco. Salen, les pago y se marca el tarjetón a fuera y se le entrega a otra gente para que entre y vote. Y a esos también se les dice que depositen el de ellos y me traigan el otro en blanco. Todo está cuadrado con el enlace de la mesa de votación.
(…)

Pero donde está el negocio en la elección de los alcaldes y los gobernadores. Todos los contratistas tienen uno o dos gobernadores. Nosotros determinamos quien es el alcalde y ellos se arrodillan. El mejor encuestador es el contratista más rico. (…)
El contratista es la mano amiga: da para recibir. Si yo les doy 100 millones al candidato, él me revierte como alcalde un contrato de 1.000 millones. Y ahí uno se puede quedar hasta con el 40 por ciento más.
(…)

Si un alcalde pide 500.000 dólares, se le dosifican para la campaña. Al tipo se le somete. Hay que mantenerlo a pan y agua. No se le da todo de una. Y los contratistas están encima del candidato y uno les exige y les dice: “a ver, que pasa que no lo veo trabajando puerta a puerta”.

Cuando el candidato es elegido ya tiene la contratación empeñada con el contratista. Ya después ganar los contratos es fácil. El alcalde pone el secretario a disposición de los contratistas en su misma casa. Y los diseña de tal forma que así se venga la multinacional más verraca se le gana. (…)

La contratación de una ciudad muy importante fue vendida antes de las elecciones. Eso se lo garantizo. El alcalde de esa ciudad se llevó la tula antes de ganar.

Hay contratos de contratos. Un contrato de un billón de pesos deja 300.000 millones.
(…)

Y después de esto se arma una red de conexiones. Entonces hay mafias dentro de los organismos de control articulados a los contratistas. Y uno llama al alcalde y le dice: “tiene siete procesos en la Procuraduría y le vale tanto la vuelta”. Todo suma.
Ahora es más rentable ser corrupto que ser narcotraficante…


Y TODAVIA ASEGURAN QUE EL ESTADO COLOMBIANO NO ES NARCOPARAMILITAR
20 de marzo de 2011, de El Tiempo. 

 Fiscalía indaga a 41 salpicados por el ‘Tuso’

En la lista emitida por la Corte figuran Sabas Pretelt, Abelardo de la Espriella, el general ® Santoyo, dos ex viceministros, un hermano de Mario Uribe y fichas del gobernador Ramos. Piden Indagar a Iguarán.

Desde hace tres semanas la Fiscalía General evalúa si, tal como se lo solicitó formalmente la Corte Suprema de Justicia hay mérito para investigar a 41 personas señaladas por el narcoparamilitar Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso’, de tener nexos con las autodefensas y con la organización criminal de la ‘oficina de Envigado’.

El Tiempo estableció que uno de los que encabezaba la lista, remitida por la Sala Penal, es el abogado Abelardo de la Espriella.
‘El Tuso’ acusa al penalista de haberles pedido a los jefes ‘paras’ 4.000 millones de pesos para ‘arreglar’ en la Corte Constitucional la sonada tutela que en 2007, les iba a garantizar ser procesados por sedición y no por concierto para delinquir, obteniendo condenas más bajas.

“esa contabilidad ya se la entregué a EE.UU. Salvatore Mancuso entregó 300 millones y a mí me tocaban 200 millones (…) pero se dieron cuenta de que lo que decía Abelardo no era cierto y no se le pagó”, asegura Sierra. Y agrega que De la Espriella también le pidió un millón de dólares para, supuestamente, repartirlos con el entonces ministro del interior, Sabas Pretelt y retormar así su retorno al proceso de justicia y Paz.

Esa mención de Sabas Pretelt y otra más sobre sus supuestos encuentros con el paramilitar ‘Julián Bolívar’ y el Fiscal Mario Iguarán –en un apartamento de Bogotá- llevaron a la Corte a pedir que los dos ex funcionarios sean indagados.
Por su fuero, el caso de Iguarán –Fiscal entre 2005 y el 2009- irá a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes.

Los dos ex viceministros
Jorge León Sánchez, ex viceministro de Relaciones Laborales de la cartera de Protección, en el gobierno de Uribe, es otro de los mencionados en la lista de la Corte.

‘El Tuso’ dice que Sánchez –hoy gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia y hombre de confianza del gobernador Luís Alfredo Ramos- recibió 60 millones de pesos que a alias ‘Rogelio’ entregaron en la finca Payandé, en Córdoba.

La plata iba supuestamente para la campaña a la alcaldía de Medellín de Jorge Enrique Vélez, del equipo Unionistas, de Ramos. Pero Vélez, actual superintendente de Notariado y Registro, afirma que ha amplia evidencia de que, para entonces –septiembre de 2002- había roto con Ramos y recibió amenazas por denunciar negocios ilegales en manos del grupo de ‘Rogelio’.
Sánchez, hoy enemigo político del superintendente Vélez, no respondió los mensajes de este diario.

En la entrega de ese dinero también aparece mencionado el ex concejal paisa Juan Manuel Aguilar Echeverri, a quien ‘el Tuso’ señala como hermano de ‘Rogelio’, cabeza de la ‘oficina de Envigado’.

El narco también sindica al ex viceministro de Justicia Francisco Zapata de recibir aportes para las campañas de Luís Alfredo Ramos y el ex congresista Oscar Arboleda. Incluso ‘el Tuso’ dice que compartió oficina con Zapata y que en una ocasión les dio a él y a Ramos 10 millones de pesos para una correría: “daba en efectivo, a conocimiento del doctor Luís Alfredo”.
Empapela a 20 uniformados.

Y agrega que los dineros girados la campaña de Mario Uribe –condenado a 7,5 años por parapolítica- los enviaba con los hermanos del entonces senador, entre ellos Víctor Horacio Uribe, quien también será indagado a pesar de que el ex senador dice que ‘el Tuso’ miente.

La lista la cierran el abogado de ‘Berna’ Diego Álvarez –quien prefirió no hacer comentarios, y el de ‘el Tuso’, Sergio González, por los compromisos en contra del magistrado Iván Velázquez Gómez.

Finalmente, ‘el Tuso’ dice que la guerra que libró la ‘oficina de Envigado’ contra la banda ‘la Terraza’ en el 90, contó con el apoyo del Cuerpo Especial Antiterrorista (Ceat), al mando del oficial de la policía Mauricio Santoyo.
Por esa mención, Santoyo –hoy retirado y cuyo paradero desconoce la institución- aparece en el requerimiento del alto tribunal, junto a más de 20 uniformados.

En abril, la Corte empezará a escuchar a los congresistas y ex congresistas mencionados. Y se espera que la Fiscalía proceda a descartar o confirmar responsabilidades en estos 41 casos y en otros 60 funcionarios acusados por el narcoparamilitar.


Y SIGAN DICIENDO QUE NO
3 de marzo de 2011, El Espectador.
Un testimonio sin investigación desde 2009 

Sabas Pretelt, a explicar

El ex ministro del Interior deberá aclarar a la fiscalía los términos de un encuentro en 2004 con Jorge 40’ y ‘Mancuso’. Un testigo dice que lo hicieron para ambientar la reelección presidencial.

A versión libre y espontánea para que explique los términos de una reunión en la que estuvo acompañado por varios jefes paramilitares y en la que presuntamente se trató el tema de la reelección presidencial, será llamado el embajador de Colombia en Italia y ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega. (…)

La investigación tiene que ver con una declaración que en 2009 presentó ante justicia y Paz el desmovilizado del bloque Norte de las autodefensas John Jairo Sánchez Hernández, alias Centella, quien dijo haber sido testigo de una reunión en la finca La Chava cercana a Valledupar, hacia el año 2004, a la cual acudió el entonces ministro Pretelt de la Vega acompañado por el entonces dirigente ganadero Jorge Visbal Martelo, y en la cual estuvieron Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, y David Hernández, alias 39.

Según el testigo, Pretelt y Visbal fueron recogidos en Valledupar por un miembro de las autodefensas conocido como 44 y llegaron a la finca en camionetas de Jorge 40. Además agregó que la reunión se realizó entre abril y mayo de 2004, que distinguió a los personajes porque eran líderes de la vida pública y que personalmente los escuchó hablar de la reelección presidencial y lo conveniente que era para el proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas que apenas cobraba forma en santa Fe de Ralito.

(…)

Lo cierto es, por coincidencia o no, en esos mismos días comenzó el Congreso el trámite del acto legislativo 02 de 2004, que un año después concretó la reforma constitucional de reelección presidencial inmediata. Incluso, fue en la jornada del 4 de junio de 2004 en la Comisión primera cundo se produjo el publicitado momento de los impedimentos y las recusaciones que terminaron con el voto de la entonces representante Yidis Medina a favor del proyecto, cuando este estaba a punto de hundirse.

Por estos últimos hechos la Corte Suprema de Justicia condenó a Yidis Medina por el delito de cohecho, al ex congresista Teodolindo Avendaño por cohecho y enriquecimiento ilícito y al ex legislador Iván Díaz Mateus por concusión. En esencia, el alto tribunal comprobó que actuaron a favor del acto legislativo a cambio de prebendas políticas. Desde mayo de 2010, por este mismo caso la Fiscalía acusó por delito de cohecho al ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega. La razón. Sería quien ofreció las dádivas.

En cuanto al ex congresista Jorge Visbal, hoy embajador de Colombia en Perú, ya ha sido objeto de investigaciones por parapolítica
(…)

Por ejemplo, fue Centella el testigo clave que permitió a la justicia abrir investigación contra el ex comandante del batallón la Popa de Valledupar, coronel Hernán Mejía, al referir que el oficial se reunió muchas veces con alias 39 y que existió un arreglo entre ambos para dar positivos de presuntos guerrilleros abatidos. Además, Centella también señaló al condenado ex congresista Mauricio Pimiento. (…)


Y QUE EL PARAMILITARISMO NO OBEDECE A UNA CONCEPCIÓN DEL ESTADO

20 de marzo de 2011, El Tiempo.

El origen del paramilitarismo, según la Corte.

Al acusar a César Pérez por masacre de Segovia, señala a las cúpulas militares de dos gobiernos.

En la misma providencia en la que llamó a juicio al ex congresista Cesar Pérez García por la masacre de Segovia, que dejó más de 50 muertos en 1988, la Corte Suprema de Justicia acaba de hacer un juicio histórico que promete polémica.

El documento de 210 páginas, conocido por EL TIEMPO, señala a la cúpula militar de los gobiernos Julio César Turbay Ayala y Belisario Betancur de haber incubado a las bandas paramilitares que perpetraron las peores matanzas y magnicidios en la historia del país.

La Corte dice que César Pérez –que fue presidente de la Cámara en 1988, y que hasta el año pasado seguía vivo en la política colombiana a pesar de que perdió su investidura en 1993- fue quien movió la máquina paramilitar de Fidel Castaño y Henry Pérez para golpear a Segovia, su antiguo fortín político, como castigo por haber elegido como alcalde a la candidata de la Unión Patriótica (UP).

Esa matanza, dicen los magistrados, fue parte de “un plan sistemático, organizado y generalizado de exterminio contra la UP, que se prolongó por varios años y que atentó no solo contra sus integrantes, sino contra simpatizantes y seguidores”.

Lo que plantea la Corte es que, por su resistencia al proceso de paz del gobierno Betancur, altos mandos militares usaron a las autodefensas para seguir golpeando por igual a las guerrillas y movimientos de izquierda.

“lamentablemente –dice el documento de la Sala Penal- las autodefensas civiles que iniciaron su formación a final del gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, apoyadas por la cúpula militar, continuaron librando la guerra que el presidente Betancur impidió afrontar a las Fuerzas Armadas al acuartelas para honrar la tregua firmada en 1983 (…)

(Los militares) continuaron la guerra por interpuesta persona en tres grandes regiones dominadas por las Farc, al entrenar, apoyar y armar a las autodefensa de Puerto Boyacá, el nororiente antioqueño y la región del Ariari en Meta”.

Mientras Betancur seguía adelante con las negociaciones, que fracasaron al cabo de cuatro años, Puerto Boyacá se auto proclamaba como “la capital antisubversiva de Colombia”. Y allá sigue la providencia, altos oficiales del ejército impulsaron a la banda de Henry de Jesús Pérez, recordada por otra masacre como la de la Rochela y porque puso los sicarios que mataron al candidato presidencial Luís Carlos Galán en 1989.

La Corte dice que la doctrina de seguridad nacional imperante en el ejército, el apoyo de políticos locales y nacionales y de los ganaderos, así como los abusos y extorsiones del frente de las Farc que operaba en el Magdalena Medio “fueron el cúmulo de situaciones que propiciaron la creación y expansión del paramilitarismo en Colombia”.

El genocidio de la Up –más de 2 mil candidatos, activistas y congresistas, alcaldes y concejales muertos- se dio en esa lógica. Y, dicen los magistrados, César Pérez fue actor de primera línea en esa trama criminal. Ahora se expone a pagar hasta 30 años de cárcel.


Prosperidad democrática?
El Espectador, marzo 6 de 2011, Alfredo Molano Bravo

Las vueltas del rebusque

La guerra nos tiene arrinconados a los colombianos. La guerra que sea. La de aquí que es una guerra en regla y sin reglas, y la de allá, la de Libia. La nuestra se lleva, además de miles de muertos, desaparecidos, desplazados y torturados, billones de pesos. La de Libia se convirtió en la disculpa para subir el precio de la gasolina y, por esta vía, comerse una tajada del magro salario de los colombianos. El barril de petróleo costaba hace un año 68 dólares; hoy 100 dólares. La gasolina subió 210 pesos por galón, el 6%.

Tanquear un carro común y corriente vale ahora 50.000 pesos más. En EE.UU. –nuestro país modelo para todo, menos para esto- el galón vale 2,85 dólares, y en Colombia, 4,14. Se dice que el año entrante el barril costará 140 dólares. Así, a fin de año el galón aquí valdrá 10.000 pesos.

No es muy claro como el gobierno acostumbra calcular los aumentos de la gasolina. Colombia es un país productor y la formula oficial toma como base el precio en el mercado mundial. En el país producir un galón de gasolina cuesta solo un dólar, como explicó el senador Velasco en el congreso. De manera que entre Ecopetrol, que es una compañía en vías de privatización, y el gobierno se estarían embolsicando tres dólares. Para ser exactos, el 35% del precio de venta se convierte en IVA, tributo global y sobre tasa a la gasolina. La gran mayoría de este dinero se va en alimentar el clientelismo central o regional y en contratos de obras que pagan apoyos electorales. La malla vial de Transmilenio se paga con dineros de esta fuente. El ministro de Minas argumenta que no es solo la guerra en Libia, sino también el invierno, lo que tiene en déficit al Fondo de estabilización Petrolera. El invierno se ha convertido en el comodín de toda partida, ajuste, convenio o decisión. Todo fue destrozado por el invierno, razón por la cual nada se puede cumplir. El tal fondo es como una motocicleta, no tiene reversa: nunca la gasolina nacional baja cuando bajan los precios internacionales. El organigrama estatal es un barril sin fondo.

El alto precio de la gasolina lleva a la gente a rebuscarse. Hace ya unos años que el gas se usa como combustible para vehículos; se calcula que hay 300 mil usuarios en el país. Paralelamente, el gas natural ha remplazado en la cocina al carbón, al petróleo, al cocinol. Entre los dos tipos de gas hay una diferencia de presión que cambia sus usos, su manejo y su precio. (…)


VUELVE Y JUEGA!
7 de marzo de 2011, El Espectador, redacción investigativa..
Santander, Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Valle y Cauca, algunas regiones afectadas.

Muertes tras la restitución de tierras

Durante el segundo semestre de 2010 se reportaron 11 asesinatos de líderes campesinos, que trabajaban en la lucha por la recuperación de tierras o por desplazados. Siguen las amenazas y el miedo entre los campesinos.

La lucha de campesinos por recuperar las tierras que le arrebataron los armados ilegales se ha convertido en un camino de amenazas y muertes. Entre agosto y diciembre del año pasado el Cinep denunció 11 asesinatos de líderes, relacionados con la restitución de tierras o con desplazados. En poblaciones de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño y Arauca se registraron los crímenes, a lo que se suman amenazas y atentados. La autoría, se les atribuye a antiguos miembros de las Auc, hoy en las llamadas bandas criminales, que delinquen por no perder poder sobre las propiedades.

Solo en Urabá, hasta finales del año pasado, la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras reportó que tras la devolución de 184 bienes (4.000 hectáreas) asesinaron a siete campesinos.

El problema detrás del proceso de restitución, lo reconoce el gobierno, que se ha comprometido reforzar la seguridad de los campesinos, en medio de su plan de restituir casi dos millones de hectáreas usurpadas.

Sin embargo, ante el panorama de miedo, detrás del proceso de restitución, se hace un papel más activo para cumplir el compromiso de garantizar la seguridad de quienes siguen luchando por lo que un día les quitó la violencia.


EL ADULTERIO, HASTA EN EL SIGNIFICADO LITERAL, ES CONSUSTANCIAL AL ESTADO COLOMBIANO
10 marzo de 2011, El Espectador, de Rodolfo Arango.

 Confianza y credibilidad

Falsos positivos, falsas bajas de comandantes guerrilleros, falsas desmovilizaciones, falsas titulaciones de tierras, falsos rescates militares, falsas ternas para magistrados. Están son algunas de las noticias que nos bombardean en los últimos días. La manipulación de los gobernados por los gobernantes es conocida de antiguo. Lo nuevo es la magnitud del engaño y la ingenuidad y docilidad de los engañados. Sobre la trampa se construyeron la reelección presidencial de Uribe y la hegemonía del Partido de la U en el panorama político actual. Triste destino. ¿Hasta cuándo?

En Colombia es difícil tener confianza en el gobierno. Es de reconocer que la política no es el reino de la sinceridad y la transparencia. Pero el abuso de la mentira mina la credibilidad en las autoridades públicas y afecta la legitimidad de las instituciones. Los dos últimos gobiernos han abusado conscientemente del engaño y de la mentira para alcanzar fines que estiman importantes. La cercanía al paramilitarismo, el uso del DAS como policía política y del asesinato de inocentes por las fuerzas militares han dejado una herencia perversa al actual gobierno. El cambio de talante del presidente Santos no alcanza para borrar la génesis de su poder. Su pasado como miembro activo y beneficiario del uribismo lo persigue. La debilidad de su ministro de Defensa impide prescindir de las tácticas de engaño propias de la guerra mediática contra las Farc. La senda de inmoralidad y podredumbre sobre la cual se ha construido la coalición de gobierno hiere la sensibilidad de la población y clama por una renovación política.

Esto explica el desagrado de los verdes por los coqueteos de Peñaloza con Uribe, ejemplo de cómo el oportunismo prevalece sobre el principio de “no todo vale”.

La legitimidad de los poderes se construye sobre la confianza y la credibilidad que sus actuaciones generan en la población. La violencia y el irrespeto a los derechos humanos con el fin de mantenerse en el poder resultan incluso un mal negocio. (…)

El gobierno de Uribe se hizo célebre por el uso de cargos diplomáticos para resguardar parapolíticos de la acción de la justicia. La reveladora conversación entre Mario Uribe y el secretario de la presidencia Moreno (el “bacancito”) para sacar del país a Carlos Higuera Escalante, candidato al congreso en 2001 respaldado por el paramilitar Ernesto Báez y cercano a los afectos del presidente Urbe, quien intentó nombrarlo en la juNta directiva de Ecopetrol, revela en lo que se convirtió el servicio diplomático del país. Otros uribistas perseguidos por la justicia como Salvador Arana, Juan José Chaux, Jorge Noguera o Luís Ignacio de Guzmán también representaron “dignamente” al país en el exterior.

La herencia de un falso servicio exterior “profesional” no parece preocupar al actual presidente, quien mantiene en su cargo a personas procesadas por la justicia como Mario Montoya, César Mauricio Velásquez o Jorge Visbal Martelo. En este terreno no basta el talante. Se requieren hechos que generan auténtico respeto de los principios de “buen gobierno”. Pero tanta coherencia parece incompatible con el pragmatismo de nuestros gobernantes.


SERÁ UNA MANZANA PODRIDA?
6 de marzo, El Espectador, de María Elvira Samper.

Su “excelencia” el embajador

Cuando el general ® Mario Montoya, hoy embajador en la República Dominicana, aparece en letras de molde, no es propiamente por sus glorias, sino por su relación con oscuros episodios. El más reciente, la desmovilización en 2006 de 62 supuestos guerrilleros del supuesto grupo de las FARC Cacica la Gaitana, que contó con su aval y su presencia, lo volvió a poner en la picota.

Su carrera, no obstante medallas y reconocimientos de sus pares, estuvo siempre rodeada de sospechas y denuncias y terminó mal: en medio de un escándalo por ejecuciones extrajudiciales que lo obligaron a renunciar, siendo comandante del ejército, en 2008.

Su paso por la IV Brigada (2001-2003) dejó huella por operaciones militares poco ortodoxas, señalamientos por violaciones a los derechos humanos y vínculos con las Auc. Tras la Operación Mariscal en la Comuna 13 de Medellín (mayo de 2002) la procuraduría abrió un proceso disciplinario por omisión en la protección de los civiles y allanamientos ilegales, entre otros cargos, lo mismo que al entonces comandante de la Policía de Medellín, general Leonardo Gallego, quien fue destituido en 2006, Montoya, cerebro del operativo, se salvó.

Bajo su batuta, la Operación Marcial (marzo de 2003) significó una derrota para la guerrilla en el oriente antioqueño, pero según el Observatorio de Paz y Reconciliación de la región, el ejército presentó como muertos en combate 88 civiles.

Pese a haber salido bien librado de algunas investigaciones, la famosa Operación Orión (octubre de 2002) podría llevarlo a rendir cuentas ante la fiscalía, que le abrió investigación preliminar en el 2009. El ex jefe ‘para’ Don Berna y dos ex militares de las Auc declararon que esa operación, dirigida por Montoya, se hizo en alianza con ellos. Lo denunciaron entonces, sin éxito, varias Ongs y volvió a salir a flote en un artículo de los Ángeles Times que citaba como fuente a la CIA (2007). Por ese espinoso asunto el senador demócrata Patrick Leahy vetó la entrega de 55 millones de dólares de ayuda al ejército.

Otros testimonios también enredan al general: Luís Adrian Palacio, Diomedes, dijo haber recibido de él siete fusiles y una camioneta como regalo para Doble Cero. Don Mario afirmó a Justicia y Paz que el jefe del bloque Centauros, Miguel Aroyave (q.e.p.d.), le dio a Montoya 1.500 millones cambio de apoyo en su guerra contra Martín Llanos. Y Don Berna confesó que la masacre de Apartadó (2005) fue ejecutada por gente suya y militares de la Brigada XVII -Montoya era jefe de operaciones-, versión que confirmaron un Capitán y tres coroneles enjuiciados por el crimen.

Tras la masacre de Bojayá (2002) sobrevivientes al fuego cruzado con los ‘paras’ y a las pipetas de las FARC contaron que al regresar al lugar encontraron al general rodeado de los ‘paras’, que habían saqueado sus casas. Un video corrobora esos testimonios y contradice su versión de que no había presencia paramilitar en la zona.

Por otra parte, documentos desclasificados a petición de National Security Archive de EE.UU. revelan la preocupación del Departamento de Estado por vínculos de la brigada 24 de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, a cargo de Montoya, con ´paras´ en la Hormiga (Putumayo). Allí fue descubierta en 2007 una fosa con restos de más de 1.000 víctimas asesinadas entre 1999 y 2001, periodo durante el cual el general dirigía esa fuerza encargada de operaciones antinarcóticos y contrainsurgente en la región.

Abunda información y falta espacio para recoger los innumerables casos y denuncias que comprometen su excelencia el embajador, general ® Mario Montoya, en actuaciones non sanctas. Y si bien no todo lo que dicen los bandidos en su contra es necesariamente cierto, tampoco es necesariamente falso. La fiscalía tiene la apalabra.


NO SOLO SE VIVE DE LOS BUENOS DESEOS
3 de marzo de 2011, editorial de El espectador

 Una tarea clara en Derechos Humanos

El último informe de la Alta Comisionadas de naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado la semana pasada, registra seis grandes retos, del gobierno de Juan Manuel Santos, del cual destaca que en su comienzo se ha distinguido por “el desarme de la palabra”.

La radiografía del país, plasmada en este completo y serio informe, evidencia que hay mucho por hacer frente al fenómeno de los llamados “falsos positivos”, tanto en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, como en los casos que se encuentran en la justicia penal militar y deben pasar a la justicia ordinaria. Colaboración que por lo demás, no parece estar funcionando, según este reporte de la ONU. El total aproximado de “falsos positivos” que señala el informe es de 2.500, con unas 3.000 víctimas; el 89% de los casos habrían ocurrido entre 2004 y 2008.

Según este diagnóstico, la amenaza principal para el Estado de Derecho y los derechos Humanos son los grupos surgidos del proceso de desmovilización paramilitar, las llamadas bacrim, que por lo mismo son el gran reto; no solo por su capacidad de generar violencia –hubo un aumento de masacres de aproximadamente el 40% en 2010, con 179 víctimas-, sino por su alta capacidad de corrupción dentro del Estado: Fuerza Pública, autoridades locales, jueces y fiscales. En este punto en particular, la

Alta Comisionada pide al Estado una respuesta integral y efectiva en su combate, además de valorar los informes del Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, que como se ha dicho en numerosas oportunidades, han advertido a las autoridades tanto sobre asesinatos como sobre masacres que pudieron ser evitados.

En este contexto no pueden omitirse los asesinatos de los líderes rurales. El proceso de ley de víctimas y restitución de tierras, que algunos han llamado la gran “audacia” del gobierno Santos, podrá implementarse, y solo si, existen mecanismos de protección efectivos para garantizar la vida de quienes reclaman su tierra. En este aspecto, la Alta Comisionada es clara y llama al gobierno a que le de la misma importancia a la protección de la vida que a la restitución.

Un cuarto reto, que no olvida al opinión pública, es el de las llamadas chuzadas del DAS. El informe lo reitera, como en años anteriores, y advierte sobre la continuación de estas prácticas ilegales. Urge, entonces, a que se den “pasos decididos” para asegurar que las agencias de inteligencia se ajusten a los derechos humanos y aun Estado democrático. Así mismo, exhorta a que las investigaciones judiciales avancen para establecer y condenar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.

Las elecciones de 2011 son el quinto reto que enfrentará el Estado. La amenaza de la parapolítica aún no termina y pese a las investigaciones que se adelantan, todavía intereses ilegales mueven sus fichas para continuar con el poder local en las regiones. Lo evidencia el informe al advertir que hay señales de alerta y que deben desarrollarse mecanismos eficaces de vigilancia. En la actualidad, 13 congresistas reelegidos son investigados penalmente por la Corte Suprema.

El sexto reto, no menos importante, es el del conflicto armado y la exigencia permanente del respeto al Derecho Internacional Humanitario por parte de las guerrillas que se han hecho las de las “orejas sordas” ante esta exigencia internacional.

Con esta clara ruta delineada por la ONU, y sobre la cual tendrá su ojo avizor, vale preguntarse: ¿La justicia penal militar entregará los casos de ejecuciones extrajudiciales a la justicia ordinaria? ¿Se desarrollará un plan integral de protección de la vida de quienes reclaman sus tierras? ¿Se podrá controlar la corrupción y la connivencia de funcionarios civiles y militares con los grupos posdesmovilización? ¿Se interpondrán los controles necesarios para prevenir más chuzadas? ¿Podrá pasar el gobierno del “desarme de la palabra” a la acción? La tarea ha quedado clara. Ojalá se desarrolle y con buena letra.


PRIVILEGIOS O PAGO AL SILENCIO
4 al 11 de abril, Revista Semana.

 TOLEMAIDA RESORT

Los militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos han gozado de extravagantes privilegios en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida. SEMANA estuvo allí y lo que descubrió es indígnate.

(…) El país no tiene idea del relajo que ha imperado en la cárcel más importante de los militares de Colombia. Reclusos entrevistados por SEMANA dicen que, como en el pasado, esas medidas van a ser transitorias, pues, según ellos, habría interesados de alto nivel en las mejores condiciones a quienes se untaron directamente las manos en tácticas de ‘guerra sucia’.
(…)

Presos con sueldo.
A lo largo del mes, SEMANA ingresó en diferentes oportunidades a las que se supone es una de las bases militares más custodiadas del país, recorrió en varias ocasiones el complejo y el interior del centro de reclusión militar y comprobó que son increíbles las irregularidades en este lugar. Esta revista tuvo acceso a más de 1.100 documentos en informes internos de Cenae y del Penal Militar en donde también están consignadas todo tipo de anomalías que allí han ocurrido durante años.

De esos 261, muchos de ellos con sentencias en segunda instancia, 179 siguen como miembros activos en las filas del ejército, a pesar de que en muchos casos llevan varios años presos y la mayoría tienen condenas que van hasta los 40 años de cárcel. Es decir que, a pesar de haber sido declarados culpables de los peores crímenes, esos 179 oficiales, sub oficiales y soldados, no solo fueron retirados del servicio, sino que siguen recibiendo en prisión parte del salario que normalmente devengaban a beneficio como seguir cotizando para pensión. Algunos se han pensionado. Y algunos, incluso, han ascendido de rango en la cárcel.

“no es normal que los condenados sigan recibiendo sueldo y, mucho menos, figurando como miembros activos del ejército. Una vez la condena queda en firme ya no hace parte de la fuerza y por lo tanto no tiene derecho a ningún beneficio, menos a seguir con salario”, explicó a SEMANA una ex directora de la justicia penal militar. Ese pago de los salarios a los condenados suma varios miles de millones de pesos al mes.
(…)

Negocios, negocios, negocios.
Al ingresar al complejo militar de Tolemaida, pocos metros después de pasar la guardia, lo primero que se encuentra a mano derecha es un pequeño restaurante que es de uno de los presos, el sargento vice primero Orlando Camargo, capturado en 2006 y condenado a 38 años de cárcel.

Allí, es un terreno destapado, están estacionados taxis, microbuses y mototaxi que movilizan a la gente por toda la base, muchos de los cuales pertenecen a los presos y el valor del pasaje va de 500 a 1.500 pesos. “la buseta le puede dejar a uno entre un millón y millón y medio de ganancia al mes”, cuenta uno de los internos, condenado a veinte años de prisión.

Allí se ve el taxi que pertenece al sargento viceprimero Gerson Galvis, quien fue arrestado en 2006 y condenado a 28 años de prisión por el caso del secuestro y asesinato de unos comerciantes en Barranquilla por parte del Gaula del Atlántico, unidad a la cual pertenecía. También el micro bus que pertenece al sargento segundo Wilson Casallas, capturado en 2005 y condenado a 40 años de prisión por homicidio en persona protegida cuando hizo parte del batallón Pijaos de la VI brigada del ejército. Los tres moto taxis y el taxi de ‘Zeus’, quien fue autorizado por el director del penal para manejar uno de esos vehículos, también están en el lugar. “Los que estuvieron de malas fueron unos muchachos de la IV brigada presos acá a quienes la brigada les mandó de regalo tres moto taxi nuevos para trabajar, pero con el problema de ‘Zeus’ les tocó dejarlas guardadas, por ahora”. Cuenta un interno, que manejaba un taxi. Por trabajar como ‘transportadores’, los detenidos recibían rebaja de penas…

Tras ocho minutos de recorrido en taxi desde la entrada de Tolemaida se llega al Parque del Soldado. Allí funcionan una serie de restaurantes, un supermercado, droguerías, papelerías y un pequeño centro comercial para atender los requerimientos de las más de 3.000 personas que habitan el complejo militar. Varios de los condenados tienen allí sus negocios, como el teniente coronel ® Orlando Pulido, condenado a 30 años de prisión como responsable de la masacre de la Cabuya, ocurrida en Tame, Arauca, donde el 20 de noviembre de 1998 fueron asesinados cinco campesinos, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo. El restaurante administrado por el exoficial se llama Héroes y ofrece comidas rápidas y platos a la carta.
(…)

TOLEMAIDA. ¿CLUB O PENAL?
Desde el Parque del Soldado hasta el Centro de Reclusión hay otros cinco minutos en taxi. Desde afuera, la primera impresión es que se trata de una cárcel. Muros de cuatro metros de alto, mallas y alambres de púas envuelven las instalaciones y es lo único que se alcanza a ver desde la polvorienta carretera que lleva hasta el lugar. Adentro las cosas son muy diferentes. Tras pasar la guardia y una reja, lo primero que se ve es un amplio espacio y un pequeño letrero que dice “Área social”. En medio de frondosos árboles hay una serie de cabañas llamadas por los internos “quioscos”. Son 39 a los cuales se llega por caminos adoquinados que rodean el sitio. Si bien no son instalaciones de un club Mediterranée, las casas parecen más un campo de recreo que alojamientos de un penal.
(…)

…Pero desde hace como seis años comenzó a llegar mucha gente. Llegaron de las Afeur (Agrupaciones de Fuerzas Especiales Urbanas). De la IV Brigada de Medellín, condenados por la Operación Orión y desapariciones. También los de los Gaulas militares condenados por ‘falsos positivos’, o los costeños del Batallón la Popa de Valledupar, como los (del asesinato de varios campesinos, en 2004, en) Cajamarca o las masacres (una serie de 20 ejecuciones extrajudiciales, en 2003) de Viotá –cuenta uno de los internos-. Ahí los comandantes comenzaron a regalar quioscos para todos los muchachos. Mi general Montoya regaló como unos cuatro o cinco a los soldados de las Afeur. Mi general Óscar González también gestionó para la construcción de otros ocho a diez quiosquitos. Ellos nos visitaron y ayudaron mucho. Mi general Montoya estuvo por lo menos diez veces acá y mi general González, más de veinte veces. Siempre que venían a Tolemaida nos decían que qué nos faltaba y en qué nos ayudaban…

Los quioscos no son el único ni el mayor privilegio de los que disfrutan los militares condenados. Muchos de ellos salían y entraban libremente de su prisión y de Tolemaida, incluso se daban el lujo de vivir por fuera del penal y de la base. Un caso es el del soldado profesional Santiago Escudero Uribe, condenado a 35 años de prisión por el asesinato de dos campesinos en Antioquia , a los que presentó como del ELN muertos en combate. SEMANA corroboró con los vigilantes y administradores del conjunto residencial Campo Hermoso, en la vía Melgar y Carmen de Apicalá, que el soldado se quedaba con frecuencia en una de las lujosas fincas de ese conjunto, en donde estaba su familia. Allí lo conocen como el propietario de varias panaderías en Melgar y, obviamente, desconocían que se trataba de un preso condenado. (…)

Salir de fiesta era otra de las grandes ventajas. Uno de los sitios favoritos de reunión es Oro Sólido ubicado en una de las salidas de Melgar. Acá ellos venían mucho. Acá se celebraban cumpleaños, despedidas de soltero o solo venían de rumba por los ‘servicios’’’ contaron a SEMANA uno de los mesoneros y varias de las jóvenes y atractivas mujeres del sitio. (…)

Esa ley del silencio que existía entre los condenados les permitía a muchos de ellos disfrutar de vacaciones en otras ciudades. “El que estuvo muy de malas cuando salió eso de ‘Zeus’ fue el soldado Torres Quintero León. El 13 de enero, él y otros cuatro se fueron a una diligencia a Medellín. Cuando salieron de la Fiscalía se fueron en un avión para pasar unos días en el Decamerom de Cartagena. Cuando salió lo de ´Zeus’ en la prensa, el mayor lo llamó y le dijo que tenía que devolverse. Cogieron un avión desde Cartagena a Bogotá pero perdieron unos días de playa”, cuenta un compañero del soldado… “Torres estuvo muy de malas porque casi nunca se le dañan a uno las vacaciones. Hace como un año mi (cabo) primero Blandón Vargas Humberto se pudo ir tranquilo la Semana Santa con toda la familia para el hotel Kosta Azul en San Andrés y no tuvo problema. De allá trajo varias camisetas de regalo muy bacanas” cuenta un soldado. (…)

PRESO CAPTURA PRESO
El soldado regular Miguel Ángel Urariyú Ramírez fue capturado el 29 de noviembre de 2005, acusado de asesinar a un compañero.

La Justicia Penal Militar lo condenó a 13 años de cárcel por el delito de homicidio, y el 26 de noviembre de 2006 fue enviado al Centro de Reclusión Militar de Tolemaida. A mediados de agosto de 2007, ‘el guajiro’ como le decían sus compañeros, solicitó que le otorgaran un permiso de cinco días para visitar a su madre en Riohacha. Aunque solo llevaba 10 meses en el penal, la licencia le fue concedida con la condición de tener encendido siempre el celular y reportarse. Cuando llegó el momento de regresar no apareció y apagó el celular. Era evidente que se había fugado. Como el permiso había sido otorgado sin llenar los requisitos, como ha sucedido con muchos otros presos, las directivas de la cárcel convocaron a una reunión con los internos. “nos dijeron que no podían denunciar la fuga ante las autoridades porque habría una investigación, revisarían la forma como se daban este tipo de permisos y los perjudicados íbamos a ser todos. Y eso era verdad –contó a SEMANA uno de los internos-. Entre todos decidimos que lo mejor para no calentar el parche era ir a recapturar a Urariyú. Entre nosotros decidimos que el indicado para esa misión era mi (sargento) primero Flavio César Sánchez porque conocía bien la Guajira y era un duro en inteligencia”.

Para ese momento, Sánchez estaba detenido, sindicado de haber participado en 2005, con la Brigada XI, en el homicidio de dos personas cerca de Tierralta, Córdoba, uno de ellos, Miguel Pineda, hermano de la ex congresista Eleonora Pineda. “Como no se podía sacar plata de la cárcel ni del batallón para mandar a Sánchez, todos los internos hicimos una ‘Vaca’. Unos dieron 50.000, 100.000 o 200.000 pesos. Yo di 50.000. Se reunieron casi 6 millones de pesos y Sánchez viajó a la Guajira… Para octubre se dio cuenta de que ‘el Guajiro’ se había escapado para Maracaibo, Venezuela, en donde tenía familiares. Sánchez conocía una gente de la Disip que le ayudó a encontrar a Urariyú en un billar. Sánchez llamó, pidió otra plata para darle a los de la Disip para capturarlo y sacarlo de Venezuela. Mi primero se metió a Maracaibo y con los venecos sacó a Urariyú a la frontera. Ahí llamó y un mayor viajó a la Guajira, recapturaron a Urariyú y lo trajeron al CRM, a finales de octubre y todo quedó callado” dijo a SEMANA un interno. (…)


Y QUE LOS GRINGOS NADA QUE VER!
2 de marzo de 2011, de El Espectador, Wikileaks Colombia.

Más revelaciones

La Embajada envió un cable diplomático para documentar los últimos sucesos de la guerra e insistir en el éxito de las operaciones conjuntas en materia de inteligencia.

En ese sentido, el cable precisó que entre septiembre de 2005 y abril de 2006 el gobierno colombiano, a través de sus Fuerzas Militares, había logrado la baja de 29 guerrilleros de nivel medio de las Farc y el Eln. Esas operaciones, añadió el reporte, estuvieron concentradas en comandantes de frente, jefes de finanzas y expertos en explosivos, y fueron posibles gracias a una asistencia en materia de inteligencia norteamericana. El documento calificó las acciones como operaciones tácticas que fueron vitales para las tropas colombianas.

Y quedó reseñado que de las 29 operaciones que se llevaron a cabo exitosamente, el 30% las hizo el gobierno colombiano de manera independiente y el 70% restante se concretó con asistencia de Estados Unidos en materia de inteligencia. Estas acciones, 18 contra las Farc y 11 contra el Eln, además permite la captura de guerrilleros que se definieron como importantes para futuras operaciones, llevaron a la embajada a reconocer que mientras Estados Unidos presionaba, el ministerio de Defensa apoyaba el trabajo guiado de inteligencia.

Al tiempo que arreciaban los combates contra las Farc, la opinión pública debatía sobre eventuales diálogos. Por eso, a mediados de 2006, la Embajada de Estados Unidos envía un cable diplomático documentando los términos de un encuentro con varios dirigentes de la izquierda colombiana, con peculiares puntos de vista. Como los comentarios de un ex comisionado de Paz, en el sentido de que la guerrilla ya había pasado de una plataforma estalinista a una socialdemócrata. Otros insistieron en que el reclamo de las Farc, estaba basado en reformas políticas, programas sociales y tierras.
(…)

Ojos en el cielo para la inteligencia militar

Aviones sin pilotos

En diciembre de 2006, un cable diplomático enviado a Washington quedó en evidencia un aspecto que hoy resulta inédito en la historia reciente (...): la utilización de los UAV (Vehículos Aéreos no Tripulados) que con gran impacto estaban dando magníficos resultados. El “águila escáner” fue definido como una aeronave de cuatro pies de largo y diez entre las alas, tan pequeño que ni se ve ni se oye a más de 3 mil pies de altura, pero con comprobada eficacia.

El vehículo aéreo transmite imágenes de video en tiempo real mientras sobrevuela su objetivo y puede hacer zoom sobre estructuras en tierra. Con un costo bajo de operación, cada avión puede volar alrededor de 15 horas con apenas 5,5 litros de gasolina, capacidad de acción en climas pesados y rango de transmisión hasta de 70 millas. El cable destacó que la prioridad del UAV, además de la lucha antinarcóticos, era apoyar el rescate de los secuestrados y asistir al ejército en busca de los líderes de las FARC.

El cable añadió que los aparatos ya habían demostrado su efectividad en operaciones contra las FARC. Los aviones permitieron la vista actualizada por varios objetivos identificados por inteligencia, con la posibilidad de medir las condiciones climáticas en el lugar. Cuentan con cámaras que permanecen enfocadas e los objetivos hasta que lleguen los aviones y, además, cuando la tropa ha estado en terreno enemigo han servido para observar casos de amenaza antiaérea para los helicópteros. Tras los ataques pueden continuar la vigilancia y advertir rutas de escape.
(…)

Así mismo, el cable refirió que los UAV son ideales para vigilancia e interdicción de rutas de tráfico fluviales, especialmente en las fronteras del este y el sur de Colombia. Entre los beneficios para el ejército colombiano fueron destacados la reducción en el riesgo para el personal, la expansión de las actividades de inteligencia, el bajo costo en las misiones militares (…)


UN PREMIO POR EL SERVICIO PRESTADO
4 de marzo de 2011, El Espectador, Wikileaks, Colombia. 

Por el temor a las bandas criminales

Exparas en las redes de cooperantes

Cables de Wikileaks dejan ver hasta dónde se llegó para afrontar la crisis del paramilitarismo

El caos en que se convirtió el proceso de paz entre el gobierno Uribe y los grupos de autodefensa después del fallo de la Corte Constitucional que dejó en sus debidas proporciones la ley de Justicia y Paz, puso al Estado en la coyuntura de reconocer la existencia de 21 nuevos grupos criminales, con aproximadamente 4.000 desmovilizados de regreso a la ilegalidad. Y entre las diversas estrategias para combatirlos, con aprobación gubernamental fue integrar antiguos paramilitares a las redes cooperantes del ejército nacional.

La evidencia está contenida en un cable diplomático enviado desde la embajada de Estados Unidos en Colombia en febrero de 2007, en un recuento sobre este dilema para la seguridad. El documento precisó que la mayoría de los líderes de las nuevas agrupaciones criminales era ex paramilitares de nivel medio, pero muy bien armados y con el apoyo de de exintegrantes de los bloques del paramilitarismo. Según el reporte, eran grupos sin mayor ideología e incluso haciendo tratos con las Farc en departamentos como el Vichada y el Meta.

El informe a Washington recoge los puntos de vista de algunos oficiales de la fuerza pública y los comentarios particulares del observador de la OEA para el proceso de paz con las autodefensas Sergio Caramagna. En tal sentido, citando al general Jesús Gómez Méndez, se especifica que la mejor manera de combatir a las nuevas estructuras criminales es enfrentando los tres desafíos que ellos encarnan: La topografía en que se mueven, la forma como han infiltrado a las instituciones y las altas sumas de dinero que manejan por el narcotráfico.

Pero un oficial de inteligencia de la Brigada XVII del ejército fue más allá y reconoció que al menos 250 miembros de los grupos criminales en Urabá tenían experiencia militar previa. Por eso el oficial le confirmó a la Embajada de Estados Unidos que antiguos miembros del Bloque Elmer Cárdenas de Freddy Rendón Henao, alias El Alemán, con la aprobación del gobierno habían sido incorporados a la red de cooperantes. Y añadió que estaban dando muy buen información sobre una banda en Urabá asociada a Vicente Castaño.

En otro aparte del mismo cable es el vocero de la OEA quien admite que los jefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Freddy Rendón, alias El Alemán; y Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, le confirmaron que había un acuerdo con el gobierno para que sus redes de informantes se incorporaran a las redes de informantes del ejército. El director del DAS de entonces, Andrés Peñate, lo negó con insistencia, pero en el cable diplomático quedó la evidencia de que algo extraordinario había que hacer para confrontar las estructuras mafiosas que estaban naciendo.


Y CUÁNDO NO HAN SIDO HIPOCRITAS?!
23 de febrero, de El Espectador.

Colombia y Venezuela en Wikileaks

“Somos los perfectos hipócritas”

Expresidente Uribe y su asesor José Obdulio Gaviria dicen que manejaban con tacto a Hugo Chávez para actuar más allá de la frontera.

En noviembre de 2006, además de la génesis del escándalo de la parapolítica, existía otra alta preocupación en el gobierno Uribe: sus relaciones con Venezuela y el primer mandatario de ese país Hugo Chávez. En un cable diplomático enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia queda claro entonces cual era la estrategia del Gobierno: no confrontar con Hugo Chávez, manejarlo y aprovechar la porosa zona de frontera para realizar operaciones contra narcotraficantes y terroristas en territorio venezolano.

El reporte a Washington señala que el entonces presidente Uribe no tenía ilusiones con Chávez y veía su enfoque anti Estados Unidos como un serio problema, pero que pretendía manejar al presidente de Venezuela e incluso plantear una atmósfera bilateral positiva con proyecto de energía y comercio, para manejar su comportamiento. El cable relató el interés de Uribe por colaborar con Estados Unidos y no con la revolución bolivariana, pues la considera una naturaleza antidemocrática.

Sin embargo, el informe de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá deja claro que la postura de Uribe, deja énfasis en la unión antes que en la confrontación, le permitía la opción de llevar a cabo acciones armadas en Venezuela para proteger a Colombia de ataques terroristas. Es decir autorizar operaciones clandestinas contra las Farc al otro lado de la frontera según sea apropiado, eso sí, evitando que se repitieran crisis como la que se generó en su momento con la captura del llamado canciller de las Farc, Rodrigo Granda.

En otras palabras, la embajada reportó que Uribe utilizaba el espacio político de aproximaciones con Chávez para poder hacer operaciones cruzando la frontera cuando fuese necesario. Una estrategia que visualizó el cable con un comentario atribuido al asesor presidencial José Obdulio Gaviria: “somos los perfectos hipócritas”. Más adelante, el reporte refirió que tanto el vicecanciller Camilo Reyes como el general Oscar Naranjo comentaron que el interés de Chávez por el gasoducto lo había llevado a ser más acomodaticio con la Seguridad de Colombia.

También con relación a Venezuela, el cable aborda el análisis de las aproximaciones que por esos días tenía el gobierno de Uribe con el Eln. Con expresa preocupación por la evidencia de que figuras altas de esta guerrilla vivieran de manera abierta en Caracas. El cable expresó incluso que el comandante militar del Eln, Antonio García, ha pasado la mayor parte de su vida adulta entre Europa y Venezuela. Por eso, en comentario también atribuido a José Obdulio Gaviria, quedó escrito que era preferible tener a Chávez dentro del proceso que por fuera causando problemas.

En otro cable, fechado un mes antes (octubre de 2006), al transcribir los términos de un encuentro del entonces subsecretario de Estado de Estados Unidos Nicholas Burns con líderes de opinión, se reportó que el criterio generalizado era que se consideraba un error estratégico que Colombia entrara en una carrera armamentista, pues eso sería caer en manos de Venezuela y malgastar un dinero que serviría para programas sociales o de seguridad. La conclusión fue que ante el armamentismo venezolano la respuesta debía ser diplomática…


UN BOTON BASTA DE MUESTRA, A LOS DEMÁS
25 de Febrero, El Espectador, 25 de febrero de 2011

WikiLeaks Colombia

Montoya, un oficial en la mira

En marzo de 2006 hubo un relevo de la comandancia del Ejército de Colombia y del General Reinaldo Castellanos entregó el mando al General Mario Montoya Uribe. Tres meses después, desde la embajada de estados Unidos fue enviado un cable para comentar este relevo. Pero aunque se destacó el alto perfil militar y la experiencia del nuevo comandante y su cercanía con el entonces presidente Álvaro Uribe, también quedaron escritas las prevenciones frente al oficial por sus presuntos vínculos con grupos de autodefensa.

Aunque el cable es claro en advertir que no tiene evidencias de que las acusaciones contra el general Mario Montoya sean ciertas, se refirió que su antecesor el general Reinaldo Castellanos, a través de los servicios de inteligencia, alcanzó a investigarlo por aparentes vínculos con el paramilitarismo y casos de corrupción. El informe diplomático destacó que quizás estas investigaciones obedecían a razones políticas.

La parte final del cable indicó, con base en información de defensa, que las dudas contra Montoya se originaban no solo en posibles vínculos con las autodefensas, sino en asociación con policías corruptos que se prestaban para incautar droga, a fin de que el general Montoya se llevara el crédito en la lucha antinarcóticos, protegiera las actividades de los paramilitares y les proveyera armas. El cable advierte también de los alegatos en su contra por posibles excesos contra la población civil durante acciones militares contra la guerrilla en Medellín.

Dos años después, en noviembre de 2008, en medio del escándalo de los falsos positivos que obligó al entonces presidente Uribe a retirar del ejército a un gran número de oficiales, el general Montoya pasó a retiro. Lo remplazó el general Óscar González. Este súbito cambio en la comandancia de las Fuerzas Militares motivó un cable diplomático de la Embajada de Estados Unidos, donde una vez más se registraron los señalamientos contra el saliente oficial por violación a los Derechos Humanos.

Al nuevo comandante, al general Óscar González, el cable lo presenta como un protegido del general Montoya, incluso quedó manifiesto que fue él quien convenció al presidente Uribe de que fuera su remplazo. El informe diplomático expresó que el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos -hoy presidente de la República-, dio pie atrás en el nombramiento, pero finalmente el jefe de Estado decidió salir adelante con el nombramiento del general Óscar González.

No obstante, el reporte diplomático agregó que Santos se encontró después con el general González y que este le manifestó que era un oficial limpio e todos sus frentes. Posteriormente los entonces ex viceministros Juan Carlos Pinzón –hoy secretario general de la Presidencia de la República- y Sergio Jaramillo –actual consejero presidencial- ratificaron por separado que el nuevo comandante del ejército era un protegido del general Montoya y podría convertirse en un obstáculo para la implementación de políticas de Derechos Humanos.

Los viceministros Pinzón Y Jaramillo dejaron constancia que le habían comentado al ministro Santos sobre el tema, y en el cable diplomático quedó escrito que una voz confidencial manifestó que el tema del general Óscar González había que manejarlo. Líneas a tras quedó reseñado porque existían prevenciones hacia el general Montoya y las acusaciones de las organizaciones de Derechos Humanos en su contra por presuntos abusos en las operaciones militares en la ciudad de Medellín.

El general Mario Montoya Uribe hoy ocupa la embajada de Colombia en República Dominicana y había sido mencionado en declaraciones de jefes paramilitares extraditado, de haber colaborado con ellos en acciones como la ‘Operación Orión’ en marzo de 2003 en Medellín.


EXCESO DE TERNURA?
26 de febrero, El Espectador
WikiLeaks Colombia

En la tras escena de un proceso de paz en crisis.

Las agrias relaciones personales e institucionales

Las relaciones personales e institucionales entre los titulares del Ministerio del Interior, la Fiscalía y la oficina del Alto Comisionado de Paz, a la hora de darle forma definitiva a la desmovilización de los grupos de autodefensa, no fueron buenas y en parte explican por qué a todos se les salió de las manos el tema. Al menos así se desprende de un cable diplomático enviado desde la embajada de Estados Unidos en Bogotá el 5 de junio de 2006, en el que se concluye que EE.UU. no puede dar ayuda financiera al gobierno de Colombia sino se demuestra compromiso con el proceso.

Citando como fuente al ex comisionado de Paz Luís Carlos Restrepo, el cable recoge el sentimiento de frustración del funcionario con el Ministerio del Interior y la Fiscalía por no tener en cuenta las lista de desmovilizados que él entregaba. Pero fue más allá y agregó que la Fiscalía y el Ministerio se habían estado enviando mensajes de ida y vuelta para obstruir el avance de las listas. Apenas un mes antes, la Corte Constitucional, con excepciones determinantes para el proceso de paz con las autodefensas, había declarado la legalidad de la Ley de Justicia y Paz.

Restrepo no se quedó corto y admitió en la embajada que su relación con el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt, estaba empeorando y que él sabía que el ministro, cuando se reunía con los jefes paramilitares, hablaba mal de él a sus espaldas. Además criticó a Pretelt porque no entendía bien la realidad de los ex combatientes, añadiendo que tanto el fiscal Iguarán como el ministro Pretelt tenían miedo de lo que fuera a pasar. Iguarán, porque era responsable de justicia y Paz, y Pretelt, porque no iba a poder cumplir con las promesas que hizo a los paramilitares.

En el mismo cable diplomático, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, nuevamente citando declaraciones del ex comisionado de Paz Luís Carlos Restrepo, reseñó la preocupación del funcionario por la irrupción de una nueva generación de organizaciones criminales, e incluso atribuyó a ese factor que algunos grupos paramilitares se negaran a entregar sus armas. Más adelante manifestó que ya existían entre 10 y 30 de estos “nuevos grupos criminales anticomunistas”, y por eso era clave que la fiscalía empezara los procesos de Justicia y Paz lo antes posible.

En concreto, Restrepo admitió en la Embajada que entre los grupos criminales estaba identificado uno denominado Nueva Generación que delinquía en la Costa Pacífica del departamento de Nariño y se encontraba liderado por alias Varela, asociados con el cartel del norte del valle. Además mencionó a otros grupos conocidos como Águilas Negras y los Halcones. Incluso, reseñando una conversación suya con Carlos Castaño en 2003, recordó que este le había dicho que temía que se formaran grupos criminales con presencia de las Farc, las autodefensas y la mafia.

Esa nueva expresión de violencia, según le habría dicho Carlos Castaño a Restrepo, sería muy peligrosa y difícil de detectar porque estaría conformada por grupos pequeños, de ocho a diez hombres, pero integrado por delincuentes con una vasta experiencia criminal. Por eso insistió en la necesidad de avanzar en la Ley de Justicia y Paz y evitar que muchos hombres volvieran a las montañas. Y recalcó que esa era precisamente su frustración, pues se habían tomado tres meses para convencer a 2.284 paramilitares de que se inscribieran en la Ley 975 de (2005) de Justicia y Paz.

De paso, Restrepo detalló cuales eran los grupos pendientes de desmovilización, con sorprendentes comentarios. Por ejemplo, habló del grupo comandado por alias Martín Llanos, que delinquía en Meta y Casanare y que aún no entregaba sus armas pero sostenía conversaciones con el gobierno. Literalmente dijo que cada vez que hablaba con ellos sentía escalofrío, y que la filosofía de esta organización era muy parecida a la de las Farc, es decir, que quería que el gobierno les reconociera control territorial. Restrepo aceptó que se estaban creando una nueva banda criminal.

De igual modo, explico que se estaba haciendo con el frente Elmer Cárdenas y con el bloque cacique Pipintá. Sobre el primero manifestó que contaba aproximadamente con unos 800 hombres, que se movía por los departamentos de Antioquia y Chocó y que era liderado por alias El Alemán. Admitió que su desmovilización solo se iba a producir después de las elecciones presidenciales de 2006 y que la razón por la cual había aplazado la entrega de armas era que el gobierno no había sido capaz de brindar la suficiente seguridad a sus hombres para desmovilizarse.

En cuanto al bloque Cacique Pipintá, el cable anotó que estaba integrado por aproximadamente unos 300 hombres y que operaban en el departamento de Caldas. Supuestamente, precisó el informe de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el líder era alias Ernesto Báez, pero según Restrepo, los paramilitares no aceptaban órdenes suyas. La razón: no querían meter sus manos en el narcotráfico y por eso se distanciaban de alias Macaco. El diagnóstico era que sus hombres se dedicaban más a las extorsiones que a las actividades de tráfico de estupefacientes.

El cable finalizó con el anuncio de Restrepo de que estaba pendiente la entrega a la Fiscalía, de las armas de los desmovilizados repartidas en 23 ciudades, porque todo el material explosivo había sido destruido. Y el comentario del entonces embajador William Wood, en el sentido de que el gobierno colombiano debía hacer un mejor trabajo monitoreando a los paramilitares desmovilizados y destruyendo las nuevas bandas criminales. Con una observación adicional: el proceso con las autodefensas no podía ser voluntario y el Estado necesitaba ir detrás de aquellos que no quisieran colaborar. Por eso concluyó diciendo que si los recursos eran insuficientes, el gobierno de Colombia debía repartirlos bien.


DEBIDO A SUS HÁBITOS NOCTURNOS DE LOS GATOS SE CREE QUE TIENEN TRATO CON EL DIABLO.
27 de febrero, en El Espectador.
WikiLeaks Colombia

Cables de 2006 después de su captura

Los helicópteros de ‘La Gata’

La empresaria del chance Enilse Rosario López estuvo en la mira del gobierno americano, por sus posibles nexos con el narcotráfico. No existe claridad de cómo dos aeronaves militares de EE.UU. terminaron en su poder.

La cuestionada empresaria del chance Enilse del Rosario López Romero, conocida como La Gata, no pasó inadvertida para el gobierno de Estados Unidos, como quedó registrado en los cables diplomáticos revelados por WikiLeaks. Su cercanía a los paramilitares y a los políticos, ratificada con el apoyo financiero a la campaña del ex presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, fue uno de los temas tratados.

En un cable del 21 de febrero de 2006, el embajador de Estados Unidos en Colombia informó como hecho relevante que el ex presidente Uribe admitió públicamente que en su campaña recibió $100 millones de La Gata.

Y como descripción particular de la empresaria, dice el cable: “Ella fue arrestada el 13 de febrero por supuesto lavado de activos. La multimillonaria López es una figura controversial en la Costa Atlántica, donde controla varias concesiones de loterías. Ella ha sido vinculada públicamente con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Su hijo Héctor López es candidato local del Partido Conservador, por el departamento de Bolívar. Un asesor del fiscal Iguarán indicó que el proceso judicial en contra de La Gata es fuerte y que no es probable que salga bajo fianza”.

Sin embargo un capítulo que semanas después concentró más interés de la embajada americana. Se trató de cómo dos helicópteros militares de estados Unidos, que en 1982 se lo vendieron al gobierno israelí, terminaron en una bodega de La Gata.

El 6 de marzo de 2006, casi un mes después de la captura de La Gata por lavado de activos, el embajador de Estados Unidos envió otro cable con el tema: “Linterna azul: helicópteros, el caso continua”. Para entonces las aeronaves ya estaban bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación.

En el documento confirma la localización de dos helicópteros Hughes 500 a los que les habían perdido la pista y de los cuales descubrieron que estaban siendo usados en el norte de Colombia para mover dineros y bienes. El diplomático hace una reseña del recorrido de las aeronaves hasta llegar al país, encontrando que hay un salto en el que se pierde la pista y en la que parece hubo falsificación de documentos para poderlos traer a la Costa Atlántica.
De acuerdo con el documento, las aeronaves las vendió el gobierno norteamericano originalmente al gobierno israelí, con propósitos militares, pero en 1998 los convirtieron para uso civil. Los helicópteros llegaron a Colombia en una falsa exportación y con documentos israelís”, dice el cable.

Las dos aeronaves de grado militar las vendieron en 1982 al gobierno de Israel, con el único fin de usarlos como ambulancias. Durante 16 años estuvieron en uso, hasta que en 1998 la aeronáutica civil de ese país las sacó para la venta.

Apenas en 2002 el gobierno israelí le vendió los helicópteros a la empresa Canwest Canadá, la cual para entonces no los movió fuera del país. En 2003 esta empresa los vendió a la empresa Servicios Aeronáuticos Integrales de México (SAI)

Tras la transacción, con documentos expedidos en Israel, la empresa mexicana los convirtió de ambulancias a naves de uso civil y las llevó a Miami, justificando que el plan era llevarlos a México. Sin embargo antes de que llegaran a Centroamérica, los helicópteros cambiaron de dueño y de rumbo.

Según pudo establecer el gobierno americano, SAI vendió las aeronaves a una compañía panameña llamada Trade Leasing and Consulting, cuyo gerente era el colombiano Francisco Restrepo Flórez. Este las llevó a Cartagena en enero de 2004.

En Colombia, la compañía Aviones Ejecutivos conocida también como Aviatel de Medellín, tramitó el permiso de importación por la empresa panameña y obtuvo uno temporal por 90 días de la aeronáutica civil, mientras conseguía el certificado de vuelo desde Estados Unidos. Durante este tiempo, los utilizaron para cargar dineros del Banco Agrario en la Costa Atlántica.

Sin embargo el gobierno de Estados Unidos no otorgó el certificado de vuelo para los helicópteros, porque la petición la hicieron bajo otro tipo de helicópteros y no para los Hughes 500. “Esto llevó a la Aeronáutica colombiana a revisar los documentos de los helicópteros, donde determinaron que los documentos de exportación y las solicitudes de permiso de vuelo tenían modificaciones sin autorización. Según la fiscalía, los documentos originales indicaban que los helicópteros eran para usarlos en México, pero lo cambiaron por Colombia. Según la investigación que hizo la fiscalía, el gobierno de Israel dijo que no autorizó el cambio”.

Por las irregularidades en los documentos, la Aeronáutica y la Fiscalía inmovilizaron ambos helicópteros al encontrarlos en una bodega de Enilse López, propietarias de Uniapuestas. Las naves las trasladaron al parqueadero Chemical de Barranquilla, bajo custodia del ente acusador.

Aunque para la época en que se envían los cables existían versiones de que los helicópteros estaban al servicio de los paramilitares, y especialmente de Salvatore Mancuso, es algo que hasta la fecha nadie ha confirmado o desvirtuado.


QUÉ CAPACIDAD DE TIRAR LA PIEDRA Y ESCONDER LA MANO!
23 de febrero de 2011, de El Espectador.
WikiLeaks Colombia

El acoso al magistrado Iván Velásquez, en la mira de Washington

No solo el DAS andaba mal

Un cable diplomático, revelado por WikiLeaks, prueba que la Fiscalía encontró que una orden para investigar un caso de secuestro, extrañamente se relacionó el teléfono del investigador de la parapolítica. Uribe ofreció cerrar el DAS.

A finales de 2009, el escándalo del DAS por ‘las chuzadas’ e interceptaciones ilegales a opositores, periodistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia acaparaba la atención de los medios colombianos. Y para Washington significa un asunto prioritario, con la convicción de que iba a afectar la imagen del gobierno de Uribe en el ámbito internacional. Por eso, el entonces embajador William Brownfield amenazó con endurecer las relaciones de su país con los servicios secretos colombianos, al tiempo que el presidente se mostró dispuesto a cerrar el DAS.

Corría el mes de octubre y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, en uno de sus cables diplomáticos, con base en los reportes de sus informantes oficiales y extraoficiales, ya tenía claro que la plataforma Esperanza había sido utilizada por el DAS para las interceptaciones ilegales. Incluso informó el cable, el director de la Policía, Oscar Naranjo, admitió que tres de sus oficiales estaban involucrados y que a través de la Policía Judicial había ordenado una agresiva investigación para aclarar lo sucedido.

El cable indica que la percepción que el presidente Uribe tenía sobre lo sucedido era que se trataba de una venganza criminal para desacreditar a su gobierno. A su vez el vicepresidente Santos planteaba que todo venía de un bien orquestado complot. En términos generales, el cable y otros reportes de la misma época, mantenían una preocupación común: el acoso al que había sido sometido el magistrado investigador de la parapolítica Iván Velásquez. En ese sentido, fueron claras las alusiones al DAS

En otro cable, también fechado en octubre, se advierte que según la averiguaciones de la Policía, uno de los altos funcionarios del DAS que podrían estar directamente involucrado en las interceptaciones al magistrado Velásquez era Carlos Arzayús, ex director de Inteligencia. Además, el reporte ventila una hipótesis que las órdenes fueron dadas a un tal Freddy Monsalve y que también fue detectado que oficiales del DAS y de la policía habían falsificado documentos para facilitar el trabajo de interceptación con apariencia de legalidad.

Otro de los reportes de la época es enfático en la crisis que se vive en el gobierno de Uribe a raíz del escándalo, al punto que el entonces jefe de Estado reiteró su propuesta de cerrar el DAS. El cable diplomático describe una reunión de alto nivel realizada en la Embajada norteamericana, con presencia del presidente Uribe; el director de la Policía, Oscar Naranjo; el ministro de la Defensa, Gabriel Silva; el director del DAS, Felipe Muñoz y la vicecanciller Amaría Clemencia Forero, en la cual se deduce la gravedad de lo que estaba sucediendo en el caso.

El cable dejó escrito que durante la reunión, con ánimo agitado, el presidente Uribe telefoneo al fiscal Guillermo Mendoza y, a través de un altavoz, escucharon del propio funcionario reconocer que en la fiscalía se había encontrado dos órdenes judiciales para investigar un caso de secuestro y otro de extorsión, y que en la lista de teléfonos de sospechosos que debían ser ‘chuzados’ extrañamente apareció el celular del magistrado Iván Velásquez. El fiscal Mendoza manifestó que su labor era averiguar por qué se habían firmado esas órdenes.

Así mismo el cable indicó que en ese mismo encuentro el director del DAS le dijo al embajador Brownfield que había detectado que fiscales de Leticia y Chocó estaban aliados con funcionarios del DAS para interceptar teléfonos ilegalmente. De igual modo, el entonces ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo tener información de que algunos fiscales que aparecían involucrados en los seguimientos a Iván Velásquez habían recibido pagos ilegales desde cuentas bancarias en Estados Unidos. No quedó claro de qué se trataban los pagos.

La propuesta de abolir el DAS era para modificarlo por una agencia doméstica, de tal manera que 4.000 de sus funcionarios pasarían a otros organismos, como la Fiscalía o la Policía. De todos modos, los reportes de Estados Unidos respecto a este escándalo eran claros, en el sentido de advertir que el caso del DAS era muy grave y que la única solución era dar con los responsables y reordenar el organismo. Eso explica por qué el embajador Brownfield fue claro en decir que el gobierno de Uribe debía tener un plan adicional en el caso que creciera e escándalo, pues de lo contrario la asociación de Estados Unidos debía terminar.


DESFACHATES? DESVERGUENZA? CINISMO? CONTUMELIA? GROSERÍA? TAL VEZ SÍ. PERO SI NO ES ASÍ LA ACTUAL CLASE DIRIGINTE NO PODRÍAN ESTAR EN EL PODER
31 de marzo de 2011, El Espectador, redacción judicial

Investigan si recibió plata de los polémicos empresarios.

¿Del castillo fue cercano a los Nule?

A Edmundo del Castillo, exdirector jurídico de la presidencia de la República entre 2007 y 2010, se le juntaron los problemas en las últimas semanas. Hace unos días se conoció que la fiscalía desarchivó la investigación en su contra por el caso de la visita del paramilitar Job a la Casa de Nariño. Ahora se ve salpicado por el nuevo escándalo sobre la relación de los Nule con funcionarios y exfuncionarios públicos. Su nombre aparece como supuesto beneficiario de dos millonarios pagos.

De acurdo con Caracol Radio, entre la información que encontraron los liquidadores de las sociedades de los Nule, en el software de contabilidad y comprobante de egreso, hay dato de 270 cuentas bancarias y algunos de su bienes. Pero llamaron la atención algunos documentos que aprobarían posibles pagos a funcionarios y exfuncionarios públicos. Entre ellos estaría Del Castillo, a quien supuestamente le tenían el seudónimo de ‘El Profe? Según el informe, le habrían pagado 105 millones en 2008, con cheques del Banco de Occidente y del Banco de Bogotá, girados a nombre de Edwin Tovar, mensajero de los Nule, quien se encargaba de cambiarlos para entregar la plata al funcionario.
(…)

Pero en esto Del castillo no es el único mencionado. Los Nule supuestamente entregaron dinero al excongresista Germán Olano desde cuentas de Mauricio Galofre y Transvial, bajo la modalidad de comisión o anticipo de préstamo por $500 millones. También al abogado Fabricio Pinzón, quien trabaja para el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), al que le pagaron 100 millones en 2009. Según la directora del Inco, él trabaja como defensor del Estado, especialmente en demandas contra la construcción de la vía Bogotá-Girardot, la misma que ganaron los Nule.

Otra es la abogada Liliana Hernández, quien registra giros por 2.753 millones en efectivo a cuentas de Inversiones Arco Iris. La abogada Hernández supuestamente tuvo algún vínculo con la gobernación del Cundinamarca, aunque esa administración lo niega.
En la lista también se relaciona al abogado Jaime Lombana, con giros por 2.500 millones; Álvaro Dávila, con pagos por 60 millones; Jaime Granados, por 800 millones, y pagos al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Carlos Isaac Nader, por 145 millones, entre 2007 y 2008. La modalidad para los giros, según el informe, era con cheques a favor de mensajeros, escoltas y conductores, quienes los cambiaban y entregaban a los funcionarios en efectivo.
(…)


30 de marzo de 2011, El Espectador, de Cecilia Orozco Toscón

¿Cuánto falta para investigar el entorno expresidencial?

Según una investigación de El Tiempo, Edmundo Del Castillo, Secretario Jurídico de la Presidencia en la segunda administración Uribe, es socio de la Esposa de Manuel Nule, uno de los tres genios del “tumbado” más grande que ha sufrido el Estado colombiano en su historia. De acuerdo con ese diario Paula Galofre y Del Castillo son miembros gestores de Menugal LLC, empresa constituida en Florida (EE.UU.). Junto con los dos mencionados, son gestores de esa firma la exesposa y la hermana de Miguel Nule. En resumen, tres señoras Nule y Edmundo Del Castillo se asociaron en septiembre de 2005, en momentos en que el abogado despachaba en una próspera oficina particular de asesorías, desde donde atendía a clientes particulares y también a otros oficiales, tales como el Ministerio de Transporte, el Instituto nacional de Vías (Invías), el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y el IDU, entre muchas entidades.

Cuando Del Castillo se vinculó comercialmente con los Nule, los maridos, hermano y primo de estas, Guido, Manuel y Miguel ya tenían en su bolsillo multimillonarios contratos públicos. Por ejemplo, en 2004 se habían hecho, en medio de una ola de controversias por presunto favoritismo del comité evaluador hacia su consorcio, a la concesión de la doble calzada Bogotá-Girardot, un megaproyecto vial calculado inicialmente en 166 millones de dólares y cuya estructuración fue manejada por el Ministerio de Transporte y el Inco, clientes, como ya se dijo, del consultor externo Del castillo. En 2007, dos años después de establecer su sociedad en Florida, el consultor fue nombrado por Álvaro Uribe en la Secretaría Jurídica, una de cuyas funciones consiste “…en revisar los contratos que deben someterse a la aprobación del Presidente y al concepto del Consejo de Ministros…” Ni se diga, ¿quién como él para saber los secretos de los procesos licitatorios? ¿Quién como él para conocer a los ‘duros’ de la contratación, a sus esposas y amigos, varios de los cuales comparte con ellos, sobre todo los de la poderosa colonia costeña que se dedica a esta actividad?

(…) A cuatro días de terminar el gobierno pasado, elevé en esta columna un derecho de petición al saliente secretario jurídico para que respondiera si era cierto que, en un acto de intromisión y posible extralimitación sus funciones, irrumpió en una sesión del comité asesor de Inco para el proyecto vial Tramo III de la Ruta del Sol, con el fin de protestar porque unas firmas licitantes habían sido excluidas. Esta vez parecía actuar impulsado por otra amiga suya, la exdirectora de Invías Alicia Naranjo, famosa en el medio de los contratistas particulares por representarlos con lujo de influencias.

Como es usual en este país, Del Castillo no contestó, ni nadie se quejó por su indebida injerencia. Pero su caso no es el único.
Con el escándalo por el descalabro de Bogotá, también han surgido en la prensa los nombres de presuntos enlaces oficiales y particulares con la Casa de Nariño para las licitaciones, pese a los esfuerzos de los Nule por proteger con su silencio a los que más daño les podían hacer. Preguntamos de nuevo: ¿Cuánto falta para que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría investiguen la corrupción en la contratación nacional, corrupción de la que fue promotora al parecer buena parte del entorno presidencial?


28 de marzo de 2011, El Espectador, de María Elvira Bonilla.

La estrategia de las notarías.

Empiezan a entenderse las razones de la rapiña por las notarías, que adquirió una especial dinámica en el pasado gobierno. Las notarías se volvieron el premio mayor de la repartija burocrática para mantener las mayorías parlamentarias y garantizar la reelección. La madeja se empieza a desenredar. Cada día se ve más claro que no se trataba de un simple tema de clientelismo inveterado ni de los negocios que giran alrededor de las notarías urbanas. No, éstas jugaban un rol sustantivo en la batalla rural por la tierra, corazón del dramático conflicto colombiano.

La ecuación es tan perversa como simple. Los paramilitares avanzaban en su conquista territorial detrás de los corredores de las drogas, despojaban los campesinos a sangre y fuego, sembraban el terror con las masacres. Detrás de ellos llegaban los testaferros y más de un político local o del orden nacional a formalizar las nuevas propiedades con escrituras irregulares que registradores y notarios de bolsillo legalizaban. Fue así como tierras legalizadas en el bajo Atrato, que El Alemán y Vicente Castaño le arrebataron a negros y nativos en Jijuamiandó y Curvaradó, aparecieron registrados por los nuevos dueños, en la lejana Notaría única de San Jacinto, en los Montes de María. La misma donde se legalizaron muchas de las parcelas que inversionistas antioqueños les compraron a campesinos beneficiarios del Incora para consolidar latifundios. ¡Qué codicia! Se sabe al menos de cinco más en Carmen de Bolívar, Carepa, Chigorodó, Puerto López que estaban al servicio de los señores de la guerra para permitirles ensanchar sus propiedades, a punta de la crueldad de los desplazamientos forzados, refrendada luego con escrituras y registros falsos.

De allí que una de las primeras acciones de la ofensiva paramilitar, repetida municipio por municipio, era desaparecer, muchas veces con incendios provocados, las oficinas de instrumentos públicos para borrar la historia de los bienes adquiridos honradamente. Con la Ley de Víctimas se podrá reconstruir la verdad, a través de testimonios orales coincidentes, lo que se denomina “catastro social”, para que no solo los campesinos sino cualquier colombiano puedan recuperar las propiedades que le hayan sido usurpadas.

Si alguien era consciente de la importancia de tener notarios amigos, era Mario Uribe. Así lo cuenta El Tuso Sierra, el narcotraficante que operaba en el suroeste antioqueño, la zona de influencia del exsenador, en las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia, desde la cárcel federal de Warsaw, Virginia. El Tuso, un hombre de su confianza, con quien además estaba emparentado, identificó con nombres propios a los parientes que el exsenador logró colar en las notarías que recibió como cuota política. No solo controlaba las notarias 5 y 6 de Medellín y la 13 de Bogotá, sino que tendrá influencia en las de Caldas, Envigado y Andes, en Antioquia. Las mismas que en su momento denunció el Superintendente Cuello Baute y en las que, como dice El Tuso, hizo “negocios grandes” por invitación del propio Mario Uribe.

Muchos notarios, cuya obligación es ser garantes de la fe pública, se convirtieron en cómplices del despojo. De haber sido pulcros y acucioso habrían impedido muchos de los atropellos a campesinos y propietarios honrados de tierra. Pero prefirieron aliarse con ilegales y parapolíticos traicionando su juramento y pisoteando su dignidad, para legalizarle su botín de guerra.


PROSPERIDAD DEMOCRATICA: EL DINERO PREDOMINA SOBRE LA SALUD
Del 4 al 11 de abril, revista SEMANA, Daniel Coronel.

Sin remedio

Casi cinco millones de colombianos están afiliados a Saludcoop. Nunca en la historia de Colombia existió una entidad –pública o privada- de la que dependieran tantas personas. A pesar de que miles de usuarios se quejan por los servicios, Saludcoop ha tenido un crecimiento prodigioso. Controla otras dos EPS, Cafesalu y Cruz Blanca y ha desarrollado una serie de negocios para autosuministrarse todo: médicos, enfermeras, contadores, comida de hospital, sábanas, ropa quirúrgica, lavandería e incluso clases de golf.
(Trae a colación un ejemplo de un usuario fantasma) (…)

Los numerosos usuarios fantasmas eran apenas una de las supuestas irregularidades. De acuerdo con los investigadores, Saludcoop estaba llevando a la bancarrota a clínicas y hospitales por la agresiva forma de cobrar sus tarifas y los largos pazos para cubrir las cuentas. Además la DIAN aseguraba que Saludcoop no había pagado 25.400 millones en impuestos y decidió multarla con 40.000 millones adicionales.

Sin embargo cinco meses después vino el reversazo. La DIAN encontró que las irregularidades no eran tan grandes, ni tan irregulares. Los 65.000 millones que el Estado reclamaba se convirtieron en apenas 2.500.

Concluyeron que la DIAN no sabía interpretar el Estatuto Tributario y que, en cambio, la erudita Superintendencia de Economía Solidaria comprendía cabalmente el razonamiento de Saludcoop subsistiendo apenas esa “pequeña diferencia”
El tema de los usuarios fantasma tampoco quedó en nada. Por aquellos días, la Supersalud había valorado en195.000 millones esos cobros de usuarios inexistentes.
(…)

Hace unos días el senador Jorge Robledo le envió una carta al ministro de Protección mostrándole que, había evidencias que las tres EPS del grupo Saludcoop le habrían cobrado al sistema más de 825.000 millones en exceso por medicamentos como ibuprofeno y acetaminofen tan recetados a pacientes de esa EPS. (…)

Unos días después, La Federación Médica Colombiana alertó sobre multimillonarios “recobros de Rituximab con valores absurdamente elevados”. La asociación científica encontró numerosas inconsistencias que involucran especialmente a las EPS del grupo EPS 013, EPS03 Y EPS O23. Esos códigos corresponden respectivamente a Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca.
Sin duda en pocos días veremos la fehaciente demostración de los errores del senador Robledo, de la Universidad Nacional y de la Federación Médica Colombiana en contra del siempre transparente grupo Saludcoop.


ASI ES QUE SE VA A CONSTRUIR LA PAZ?
3 de abril de 2011, El Espectador, de Alfredo Molano Bravo

¿Zonas de consolidación?

Por medio de la directiva presidencial 01 de marzo de 2009, el gobierno de Uribe echó a andar un programa de consolidación de la acción del Estado, sobre el supuesto de que la guerra estaba superada, las guerrillas derrotadas y los paramilitares reinsertados. Se habían acabado las penas. Los inversionistas podrían traer sus capitales con plena confianza y los ríos de leche y miel correr por regiones donde antes el Estado no podía entrar. Pasó un poco de agache la orden, pero con el tiempo y el aval de Naciones Unidas y de Cooperación de EE.UU. y de Holanda, el proyecto se hizo más conocido. Hoy cubre 86 municipios de 11 departamentos con 200.000 kilómetros de extensión y cuatro millones de habitantes. La tesis consiste en coordinar las agencias del Estado bajo el mando de un Consejo compuesto por el consejero presidencial para la Acción Social y el fiscal general de la Nación, el ministro de la Defensa nacional, el comandante de las Fuerzas Militares, el director general de la Policía Nacional y el director del DAS. En otras palabras cuatro funcionarios civiles –dos mandos militares y uno de inteligencia- y dos militares. Estos señores deciden lo que se debe hacer, quien debe hacerlo y a quien se le dan los contratos para hacerlo. Con el gobierno de Uribe, el nuevo organismo era explicable; al fin y al cabo se trataba de una pata más de la seguridad democrática.

Después de la acción de los paramilitares en los últimos 2 años, con 175 muertos a sus costillas, se está tentado a concluir que la supuesta consolidación militar institucional necesitó de una fase previa de consolidación paramilitar sobre la cual se organiza hoy el nuevo plan, que no es otra que la vieja clásica estrategia de la acción cívico-militar. Los generales Puyana y Valencia Tovar fueron los más fervientes defensores de esta estrategia de naturaleza esencialmente castrense. No se trata de subordinar lo militar a lo social, sino todo lo contrario, y por tanto de digerir, como una fase más de la guerra, la acción civil del Estado.
El resultado del Plan nacional de Consolidación ha sido francamente desastroso. Las cifras lo dicen. Según el informe de Cohdes 2010, una tercera parte de la población desplazada en este año -91.500 personas- lo fueron de las zonas de consolidación; la mitad de las masacres registradas en todo el país ocurrieron en la zona de consolidación y costaron 92 vidas a las que hay que sumar 176 víctimas de homicidios selectivos, todas ultimadas por sicarios. En 62 de los 86 municipios del plan operaron al menos ocho grupos paramilitares, en 30 hubo presencia de las Farc y en cuatro del Eln.

El gobierno de Santos ha sostenido –creo que con presiones por un lado y dudas por otro- el esquema heredado de Uribe. Los Centros de Consolidación y de Acción Integral (CCAI) existen y el Plan nacional de Desarrollo los adoptó con una modificación serán zonas de restitución y titulación de tierras y de acogida a la población desplazada.

El argumento de esta política es simple hay que proteger a los beneficiarios de las leyes que espera sacar adelante el gobierno en los próximos meses. Se entiende que sobre ellos pende la amenaza de muerte, hecho realidad en 40 campesinos vinculados a la reclamación de sus bienes. La protección es razonable y necesaria. La Fuerza pública tiene la obligación de defender a todos los ciudadanos y, sobretodo, a los más amenazados. En este punto no hay discusión. Lo que no se entiende y no ha sido justificado es porque razón los militares forman parte mayoritaria de la gestión de programas sociales. ¿A caso en esas “zonas verdes”, como las bautizó el presidente Santos, no reina el orden social? ¿Cómo explicarle a la opinión pública que los militares terminan decidiendo a quien se le da la tierra y a quién no? ¿A quién se permite ir a la escuela y a quién al puesto de salud? Porque ellos actuaran con base en sus informes de inteligencia para privilegiar a unos y castigar a otro.


CUANTOS SOLDADOS ARREPENTIDOS SE NECESITARAN PARA CONOCER LA VERDAD?
24 de marzo de 2011, El Espectador, de Gustavo gallón Giraldo

Colombia y Venezuela en Wikileaks

La astuta prestidigitación de una desaparición forzada

Nidia Érika bautista tendría hoy 56 años y sería una destacada socióloga o parlamentaria, quizás como la presidenta de Brasil si no hubiera sido desaparecida forzosamente el 30 de agosto de 1987 por miembros del ejército y asesinada dos días después, luego de haber sido torturada y ultrajada sexualmente. La Procuraduría y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca establecieron que por haber sido miembro del M-19 había sido privada arbitrariamente de su libertad el día que celebraba la primera comunión de su hijo y de su sobrina, en Bogotá.

Su cadáver apareció en Quebradablanca el 26 de julio de 1990, gracias a las revelaciones de un soldado arrepentido de la Brigada XX, la tenebrosa unidad de “inteligencia” de ejército disuelta en 1998 por impresentable. En consecuencia, en 1995 la Procuraduría ordenó la destitución del General Álvaro Velandia, que había sido comandante de dicha brigada y de un sargento que era su mano derecha.

Las reacciones contra este pequeño pero valioso avance en la justicia ha sido violenta. Muchas personas recibieron serias amenazas de muerte. El hijo de Nydia Érika, así como una hermana suya y su familia, tuvieron que salir del país durante varios años. El procurador delegado para los derechos humanos, Hernando Valencia Villa que destituyó al general también tuvo que exiliarse, junto con su familia. El arrepentido soldado tiene así mismo que vivir fuera del país.

La defensa jurídica desarrollada por el general se ha concentrado en aspectos formales, que ha invocado en múltiples recursos procesales: que debería investigarlo el ejército y no la Procuraduría, que debería aplicársele la prescripción, que el procurador delegado debería declararse impedido, que la desaparición forzada no estaba establecida como falta disciplinaria cuando ocurrieron los hechos, que no había certeza que el cadáver encontrado en 1990 fuera el de Nydia Érika, y muchos otros planteamientos igualmente secundarios, que se han refutado o subsanado. En ningún momento el general ha encarado la responsabilidad por estos graves delitos cometidos por funcionarios bajo su mando.

El pasado tres de marzo dos conjueces de tutela concluyeron que el general no hizo mal al esconderse en 1995, siendo comandante de la III Brigada en Cali para evitar la notificación personal de la resolución que lo destituyó. Así, podría ganar tiempo para alegar después que la acción disciplinaria en su contra había prescrito. Es una victoria pírrica. Aún si esa tutela se confirma, lo cual no debería ocurrir, ello no borrará la responsabilidad del Estado colombiano y del general Álvaro Velandia en la desaparición de Nydia Érika Bautista, que no se ha desvirtuado.

El gobierno deberá reparar de una vez por todas esta gravísima violación de derechos humanos, tal como lo ordenó desde 1995 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Que no se dilate más la protección efectiva a las personas perjudicadas por estos crímenes, la recuperación del buen nombre de Nydia Érika Bautista y la aplicación de justicia penal en relación con quienes ultrajaron sus derechos.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas.


Y SE ESCANDALIZAN POR QUE HAY NIÑOS Y NIÑAS EN LA GUERRILLA!
28 de marzo al 4 de abril, revista Semana, de Daniel Coronell

LA MANO NEGRA

El asesinato de la juez Constanza Gaona no es la única circunstancia extraña que envuelve el proceso contra el subteniente del ejército Raúl Muñoz. El oficial acusado de violar a dos niñas de 13 y 14 años y de asesinar a una de ellas y a sus dos hermanos menores, tiene gente poderosa empeñada en su defensa. Millonarios recursos públicos se han usado en una estrategia engañosa que busca el vencimiento de los términos y el desprestigio de víctimas, familiares y testigos.

Hace unas semanas un helicóptero militar aterrizó cerca del lugar donde fueron asesinados los niños. De la nave descendieron cuatro civiles escoltados por un grupo de militares fuertemente armados. Varios habitantes de la vereda Caño Caname y Caño Temblador aseguran que los escoltados les dijeron que eran miembros de la Defensoría del Pueblo que habían viajado desde Bogotá.
Preguntaban sobre el asesinato de los tres niños en un tono que les pareció agresivo a alguno de los lugareños. Al interrogatorio, ilegal a todas luces, también fue sometida la madre de una niña de 13 años, la misma niña que denunció que el teniente Muñoz la violó en octubre del año pasado. La niña abusada sobrevivió y pudo identificar plenamente al agresor.

Los presuntos miembros de la Defensoría del Pueblo gravaron y filmaron esas declaraciones sin autorización alguna de los interrogados. Después abordaron las aeronaves y desaparecieron en el cielo.

Cuando le preguntaron al defensor del Pueblo, Volmar Pérez, por los motivos de la irregular diligencia quedó asombrado. Los civiles no eran funcionarios de la Defensoría. Alguien los había suplantado.

El defensor pidió establecer la identidad de los impostores y la respuesta no demoró. Vino el comandante de la brigada 18 del Ejército con sede en Arauca.

El general Jaime Reyes Bretón le informó a la defensoría del Pueblo regional que evidentemente le había prestado seguridad a una “comisión de la Defensoría Penal Militar”, de la que hacían parte “la defensa y los investigadores criminalísticos”, y también dijo que la Brigada 18 ha colaborado con las instituciones que se lo han pedido para ir al lugar”.

La Defensoría Militar Integral (Demil) –como es su verdadero nombre- no es una institución pública sino una entidad privada. Sin embargo, y sin que hasta ahora haya sido posible una explicación usa instalaciones y elementos del Estado.

Una hora de vuelo de un helicóptero militar les cuesta a los contribuyentes alrededor de cuatro mil dólares. ¿Por qué tenemos que pagar los colombianos un desplazamiento para una operación irregular al servicio de la defensa del subteniente Muñoz?
Una interesante pregunta para la Contraloría y para la Procuraduría, que no se ha pronunciado sobre estos abusos. Demil tampoco explica por qué -con aportes de miles de militares que autorizan un descuento de un porcentaje de su sueldo- paga la defensa de Muñoz, sindicado de homicidio múltiple agravado y acceso carnal violento con menores, cuando en los acuerdos de afiliación y en su página de internet están expresamente excluidos los delitos sexuales.

Pero además, la acuciosa politóloga y columnista Laura Gil descubrió algo revelador en la página oficial del Ejército. La Defensa Militar Integral figura allí como una dirección de la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional de Colombia. ¿Entonces, Demil es o no parte del Ejército?

La juez asesinada (que dicho sea de paso, no llevaba procesos por narcotráfico porque era una juez del circuito y no especializada) denunció las maniobras dilatorias de abogados de Demil para sacar de la cárcel al subteniente Muñoz alegando vencimiento de términos.

Al menos una de esas abogadas estuvo a bordo del helicóptero que facilitó la operación de toma ilegal de testimonios suplantando a la defensoría del Pueblo.

Al mismo tiempo, se conocen amenazas contra el padre de los niños asesinados, contra los abogados que han asumido la representación de esa familia y uno de los testigos del caso resulta, de la noche a la mañana, implicado en un proceso de rebelión.


26 de marzo de 2011, El Espectador, redacción judicial.

Padre de las victimas de Tame bajo protección del Estado

Ministerio del interior toma medidas para proteger la vida de Álvaro Torres y su familia.

El proceso penal contra el subteniente Raúl Muñoz Linares, a quien le imputan ser el presunto violador de dos mujeres adolescentes en Tame (Arauca) y de asesinar a una de ellas junto a su dos hermanitos ha sido traumático desde el comienzo. A las renuncias de sus abogados y el asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona (quien juzgaría al uniformado) se suman ahora las amenazas en contra de la familia de las víctimas, lo que ha estancado el proceso.

A José Álvaro Torres, padre de los tres niños asesinados en Tame (Arauca) en octubre del año pasado, el Estado tuvo que sacarlo de Saravena (Arauca) para garantizar su vida y la de su familia. El Ministerio del Interior y de Justicia lo incluyó en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos del Gobierno, luego de que la ONG Humanidad Vigente, que lo representa en el proceso en calidad de víctima, denunció públicamente las intimidaciones contra él, sus hijos y sus nietos.

El episodio que generó el destierro de Torres ocurrió el pasado miércoles, cuando a través de una llamada de teléfono celular de su hija un sujeto le envió un mensaje aterrador: que debían irse de Saravena en menos de 24 horas y que de no atender la advertencia se sometería a correr el riesgo de que le asesinaran sus otros dos hijos. El sujeto que intimidó a esta familia agregó, además, que cumplir con su amenaza sería fácil, ya que sabían el lugar donde vivían.

(…) Torres aseveró ayer que no le importaba ser trasladado a cualquier parte, con tal de cuidar su vida y la de sus seres queridos. Agregó que no duda de que estas amenazas están relacionadas con el asesinato de la jueza Gaona, quien iba a juzgar al teniente Muñoz Linares por el asesinato de sus otros tres hijos.

Según la ONG Humanidad Vigente, las amenazas no fueron sólo contra el padre de las víctimas. También recayeron sobre los abogados que lo están representando en medio del proceso judicial. Olga Silva, abogada titular de Torres, y Luís Alfonso Ruiz, director de la ONG, denunciaron las intimidaciones ante la Fiscalía. Además indicaron que las llamadas a los abogados, incluso, han sido a los teléfonos fijos de sus casas
(…)
Al subteniente Muñoz Linares los juzgarán por dos casos concretos. El primero tuvo lugar el 2 de octubre de 2010, en una finca de la vereda Caño Camame, de Tame (Arauca). La víctima fue una joven de 13 años. En la denuncia la niña relató que el militar ingresó a su vivienda y luego de percatarse de que en la casa no se encontraban los padres, se la llevó a la fuerza hasta una zona alejada de la finca donde la violó.

El segundo fue el 14 de octubre, en la finca Las Palmas, vereda Flor Amarillo, de Tame (Arauca). Ese día José Álvaro Torres salió a trabajar en una finca cercana y dejó solos a tres de sus hijos. Cuando regresó la casa estaba vacía. Con la ayuda de vecinos encontró la fosa en la que estaban los cadáveres de sus hijos Jimmy Ferney Torres Jaimes, de 9 años; Jeferson, de 6 años, y Jenny, de 14 años. Todos presentaban heridas de machete. La niña tenía signos de haber sido violada. Las pruebas de ADN apuntalaron al oficial, quien al ser indagado reconoció haber tenido relaciones sexuales con las niñas, porque eran sus “novias”, pero que fue con su consentimiento.


LA DISCRIMINACIÓN ES CONSUSTANCIAL A UN MODELO COMO EL COLOMBIANO, PARA QUE DESAPAREZCA HAY QUE CAMBIAR EL MODELO
27 de marzo de 2011, El Espectador, de Cesar Rodríguez Garavito
2011, año de la afrodescendencia, segunda entrega

El infeliz desarraigo afro

Mientras en 2008 eran el 16% de la población desplazada, a finales del 2010 pasaron a ser el 23%.

“las familias felices se parecen todas; las infelices lo son cada una a su manera” dice la célebre apertura de Anna Karenina. Lo que nunca imaginó Tolstói fue que, cien años después de muerto, su frase serviría para condensar la inmensa infelicidad de las familias de una de las poblaciones más sufridas del mundo los cerca de cinco millones de colombianos desplazados, la más numerosa del planeta.

Los afrocolombianos desarraigados, por ejemplo, cargan con un sufrimiento particular. Tienen una probabilidad mucho mayor de ser víctimas del desplazamiento: 84% más alta que la de la población mayoritaria mestiza, según el censo de 2005. Y su vulnerabilidad viene en aumento. Mientras que en 2008 eran el 16% de la población desarraigada, al finales del 2010 pasaron a ser el 23% según datos de la Comisión de Seguimiento a las Políticas sobre el desplazamiento.
(…)

A primera vista, la situación pareciera producto del caos de la guerra: miles de familias que salen corriendo con sus corotos de los rincones del Pacífico y del Atlántico; rostros de niños y niñas negros pidiendo ayuda en los semáforos de Bogotá y Medellín, en imágenes tan nuevas como penosas en la geografía de la segregación racial del país.

Pero la realidad es que hay un orden preciso en el caos. Como lo dijo el mes pasado el informe oficial de Gay Mc Dougall, de la relatora de la ONU sobre Minorías que visitó el país en 2010: “las motivaciones de los responsables (del desplazamiento negro), que antes eran tácticas y estaban relacionadas con el conflicto, son ahora comerciales y están relacionadas con la adquisición de tierras para dedicarlas a cultivos ilícitos, megaproyectos agrícolas, el desarrollo económico y la explotación de recursos naturales”. Lo mismo concluyó la corte Constitucional en el diagnóstico estatal más completo del problema (el Auto 005 de 2009). Así que, lejos de ser una casualidad, el desarraigo afrocolombiano obedece en buena parte, a intereses con una historia y un presente palpables.

El origen fue una medida que buscaba todo lo contrario: la ley 70 de 1993, que reconoció los derechos de las comunidades negras sobre las tierras que habían habitado durante siglos en el Pacífico y otras regiones. El resultado ha sido la titulación de 159 territorios colectivos entre 1996 y 2010, destinados a contrarrestar el patrón histórico de discriminación racial y a proteger la economía y la organización política de las comunidades.
(…)

Por eso “no es una coincidencia que el mismo mes en que comenzó la titulación colectiva (diciembre de 1996) y en el lugar específico donde esta comenzó (Rio Sucio, Chocó)” entraran los paramilitares a imponerse a sangre y fuego, como lo recuerda el juicioso informe de Afrodes (Asociación de Afrocolombianos Desplazados) (…) O que hoy la Fiscalía haya confirmado que las comunidades afro de Curvaradó y Jiguamiandó siempre tuvieron la razón al denunciar la alianza entre palmeros y paramilitares para desplazarlos y despojarlos de sus territorios colectivos.

Al ritmo de la metamorfosis del conflicto, se ha transformado el desplazamiento afro. Hoy las bandas emergentes son un motor poderoso de desarraigo de las comunidades que se atraviesan en las rutas del narcotráfico, o en proyectos mineros o agrícolas de gran escala. Como lo denunció Afrodes, las bandas están de tras de las amenazas recientes contra organizaciones negras y consejos comunitarios, que continúan sí una historia de 15 años en la que han caído 42 líderes de la población afrodesplazada que se ha organizado para exigir sus derechos.


EL DESPRECIO DEL CAPITAL POR EL SER HUMANO. NUNCA HABRÁ CAPITALISMO BUENO.
28 de marzo al 4 de abril, Revista Semana

Comida a precio de oro

La disparada en los precios de los alimentos tiene 1.000 millones de personas con hambre en el mundo, como resultado de un modelo agrario inviable. Ha causado rebeliones populares y pone a Colombia ante duras disyuntivas.

El siglo XXI corre el riesgo de ser declarado el siglo de la comida y no porque nuevas tecnologías vayan a permitir que los alimentos lleguen a todo el mundo, sino por el contrario. En enero, los precios de los alimentos llegaron a su nivel más alto desde que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, inició registros, en 1990. Un aumento similar ocurrió en 2008. Y todo indica que los precios seguirán muy altos. Una crisis y un debate globales, con repercusión directas en Colombia.

El índice de precios de los alimentos de la FAO publicada mensualmente desde 1990 marcó en febrero ocho meses de alzas continuas y puso a sonar todas las alarmas. El maíz, el trigo, el azúcar y el aceite, productos claves para la alimentación, sobre todo, de los más pobres están disparados. También, la carne y los lácteos. Los precios llegaron al tope a mediados de 2008, durante la ‘crisis de los alimentos’, bajaron durante la recesión, pero ahora superan los de hace tres años. El trigo dobló su precio en el último semestre de 2010. El maíz –del que Colombia importa 3,5 millones de toneladas- vale hoy 73 por ciento más que hace seis meses. Según la ONG Oxfam, el azúcar subió 57 por ciento. La volatilidad de los precios es excepcional.

El único que se salva, por hora, es el arroz. “la era de la comida barata ha llegado a su fin” sentenció en febrero un informe de la revista británica The Economist.

Las principales víctimas de los alimentos caros son quienes menos ganan y dedican la mayor parte de su ingreso a comprar comida. Hoy, pese a la tecnificación y a que se produce suficiente, la agricultura moderna no da de comer al sexto de la humanidad. Y para 2050 el mundo tendrá 2.400 millones de personas más. Según la FAO, la producción tendría que aumentar 70 por ciento para alimentar a todos.

El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellik, culpó al alza de los precios de arrojar 44 millones de personas más al hambre. (…) La crisis de 2008 fue marcada por rebeliones por comida. Alzamientos populares como los de Túnez, Egipto y Argelia se atribuyen, en parte, al aumento del precio del pan.

Causas complejas
Las causas de las disparadas son múltiples. Las inundaciones en Pakistán y Australia y la ola de calor en Rusia afectaron grandes cosechas. Con la oferta a la baja, los países productores bloquearon las exportaciones o compran desafortunadamente para reponer sus stocks, y esa demanda histérica empuja los precios hacia arriba. El cambio climático tiene su parte. La FAO teme que si la temperatura sube más de dos grados centígrados, la producción de comida puede tener una “contracción severa”. A la vez, el agro contribuye con el 13,5 por ciento en la emisión de gases de efecto invernadero.

La producción de biocombustibles se está ‘comiendo’ la comida. La FAO calcula que 100 millones de toneladas de cereales al año se dedican a ello. Todo eso se desvía de la producción para el consumo humano o para animales de engorde. Por otra parte, los precios del petróleo, también disparados impactan los de los fertilizantes.

(…) Como dijo el especialista Manuel García a SEMANA, “los alimentos se volverán un activo financiero con el cual se puede especular, y su costo crece seis veces más rápido que los ingresos de la población global” (…)

Otro tema de polémica son los subsidios a la producción agropecuaria en las naciones ricas. La FAO calcula solo los de maíz en 13.000 millones de dólares. Nicolás Sarkozy, el presidente francés, clama por tomar medidas contra la especulación financiera en los mercados de alimentos, pero no dice una palabra sobre los subsidios y barreras que dificultan la entrada a su país y a la Unión Europea de los productos agrícolas de millones de campesinos del tercer mundo. (…)

¿Y Colombia?
Para un país como Colombia, que tiene a la vez el potencial de convertirse en un gran exportador de comida y el desafío de alimentar a los 8 millones de ciudadanos que hoy día, según la FAO, pasan hambre, lo que está pasando tiene un impacto tan directo como contradictorio.

(…) Según el experto de la Universidad de California Miguel Altieri, la participación de las importaciones en el consumo nacional pasó de 5,4 por ciento en 1990 a más del 24 por ciento en 2007, y hoy ronda en el 30 por ciento. Un tercio de las calorías que consumen los colombianos depende de productos importados. Absalón Machado, a cargo del próximo Informe de Desarrollo Humano sobre el tema rural, alertó que de seguridad alimentaria no se habla ni se estudia en el país desde hace un cuarto de siglo, y dijo que “el coeficiente de seguridad alimentaria ha pasado de 2 por ciento a 10 por ciento entre1990 a 2010, y se considera crítico un 15 por ciento”.

Esta tendencia varía según el producto y es particularmente marcada en el caso del maíz y, en menor grado, en los aceites vegetales (está por verse el resultado del Plan Maíz Numero Dos, anunciado por el ministro de Agricultura hace poco, para tratar de producir localmente los 3,5 millones de toneladas), pero el hecho es que la tendencia a largo plazo ha sido de depender más de las importaciones. Esto tiene lugar con los precios que fijan los grandes productores en los países ricos, cuya producción local está altamente subsidiada.
(…)


28 de marzo de 2011, El Tiempo, de Juan Carlos Martínez

Colombia también toma café del Perú y Ecuador

En el cuarto país productor mundial, las importaciones del grano no se detienen. ‘Es cuestión de mercado’, dice la federación Nacional de cafeteros.

“cada grano cosechado será exportado”. La frase de Luís Guillermo Muñoz, gerente de la federación nacional de Cafeteros, pronunciada hace casi un año, se recibió como una orden y se cumplió.

Así las exportaciones colombianas en 2010 sumaron 8,9 millones de sacos, mientras que para el consumo interno se importaron 579.733 sacos (34.784 toneladas. Y aunque esto último es apenas el 6,9 por ciento del volumen exportado, representa el 44,5 por ciento del consumo interno que, según el gerente de la Federación de Cafeteros Luís Genaro Muñoz, fue de 1,3 millones de sacos 78.000 toneladas) en 2010.

Sin embargo, pese a ser el cuarto país productor y a ofrecer la mejor calidad en el mercado mundial ya nadie se escandaliza porque se importe. “es un tema de mercado”, explicó Luís Fernando Samper, Gerente de Mercado de la Federación Nacional de Cafeteros, quien asegura que quien pague el precio internacional puede quedarse con el café y venderlo en el país.
En general, las importaciones de café (arábigas suaves) provienen de los países de la comunidad Andina como Perú, Ecuador, y el Brasil.
(…)


28 de marzo de 2011, El Tiempo, de Juan Carlos Martínez 

Colombia compra cebollas a vecinos

Las exportaciones de cebollas frescas peruanas crecieron 75% de valor durante enero de este año, al registrar 2,8 millones de dólares gracias a las mayores ventas a Colombia, informó el ministerio de Agricultura (Minag).
La Oficina de Estudios Económicos y Estadísticas (OEEE) del Minag señaló que esta cifra se alcanzó por el envío de 12.400 toneladas, que significan 108,8 por ciento más que lo despachado en enero de 2010.

El principal mercado de destino fue Colombia, al adquirir el 71 por ciento, seguido de Estados Unidos, con el 16 por ciento y España, con el 9 por ciento. En cifras, Colombia importó –solo e enero de este año- 8.804 toneladas, que costaron 1,9 millones de dólares.
(…)


EN EL CAPITALISMO TODO SE DEFINE A PARTIR DE LA GANANCIA. SI ES RENTABLE SIRVE, SINO, NO
4 de abril de 2011, El Espectador, de Salomón Kalmanovitz

La reforma a la ley de educación superior

Los estudiantes de las universidades públicas han salido a manifestar en contra del gobierno por sus intenciones de reformar la ley 130 de 1992. Si unos están convencidos de que el gobierno va tras la privatización de las entidades públicas, los más juiciosos han comprendido que la política de la administración de Santos frente a la universidad pública es mezquina. Para ampliar la cobertura del sistema, del 35% actual (con el Sena a bordo) al 50% de la población en edad de estudio universitario, con partidas presupuestales que difícilmente crecen año tras año, lo que terminará sucediendo es la enmiseración de las universidades públicas y el abandono de la meta de mejorar su calidad.

La fórmula empleada en la ley propuesta es que si la economía crece a menos del 5% el presupuesto aumenta a la mitad de esa tasa y lo hace algo más si la economía crece al 7%. Si nos atenemos al promedio del crecimiento de la primera década del siglo XXI, de 4,2% anual, el presupuesto solo aumentaría solo el 2,1%. Como el sector minero es un enclave sin muchas ramificaciones con el resto de la economía, su auge no va a jalonar la economía de manera importante.

Conocedores de la inconsistencia del pobre compromiso con la educación pública y las metas de ampliar la cobertura educativa superior, el gobierno espera que universidades con ánimo de lucro llenen los faltantes de la ambiciosa meta. Pero universidades utilitarias hay muchas, aunque se definan como carentes del ánimo de ganancia, y se dedican a programas de tiza y borrador, más baratos, así que el mercado está saturado y no se va a profundizar.

Lo que si falta es formar los profesionales y científicos que contribuyan a generar tecnología de agricultura tropical, adaptada a las condiciones de la altillanura colombiana, al Caribe o al Chocó y, podríamos añadir, para desarrollar química del carbón, además de los geólogos e ingenieros de petróleos y minas que requiere la ampliación del sector. Si además se pretende ampliar la cobertura educativa, eso cuesta dinero y requiere una ampliación de los presupuestos proporcional a las metas.

Las universidades públicas, en particular la nacional y Antioquia, han entrado en una etapa de mayor complejidad que les demanda formar más profesores en el exterior para atender programas de doctorado y de maestría, a la vez que hacen investigación cada vez más sofisticada. Algo similar aplica unas pocas universidades privadas que tienen programas de ciencias básicas –matemáticas, biología, física y química- más programas de doctorado que son cruciales para el desarrollo futuro de una capacidad científica y tecnológica del país.

Para atender estas necesidades el gobierno confía en que pueda utilizar el 10% de las regalías, algo que todavía está por verse en el Congreso. Una modificación que aceptó el gobierno en el trámite de esta reforma es dejar las particiones actuales en la distribución de las regalías, recurriendo a un promedio de lo que obtenían los municipios y departamento durante los últimos cinco años. Lo cierto es que lo único que le interesa a la mayor parte de los políticos de la Unidad Nacional es contar con las regalías para contratar con sus financistas, amigos, parientes y clientes obras en la que se maximiza el robo de los recursos públicos. Los programas de ciencia y tecnología cuentan con el inconveniente de que no se prestan muy bien para la corrupción, aunque nunca se sabe.

 

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