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Miércoles, 29 Junio 2011 19:45

Parapolítica

Escrito por  El Espectador
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Parapolítica

13 de abril de 2011, El Espectador de redacción Judicial.

Juan Pablo Sánchez Morales lo juzgan por parapolítica

El congresista de ‘Báez’

Llegó al congreso con 792 votos, en remplazo de otro parapolítico. La reunión en la que lo eligieron candidato del Partido Liberal es la que tiene a ‘Báez’ con un pie afuera de Justicia y paz.

El juico por parapolítica que enfrenta el excongresista Juan Pablo Sánchez Morales y que lo ha hecho llorar frente a los magistrados defendiendo su inocencia, está ligado de manera estrecha a la suerte del ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’. Las evidencias en que está soportada la investigación en su contra, a la vez, son casi las mismas por las cuales el ex comandante político de las autodefensas está prácticamente con un pie afuera del proceso de Justicia y Paz.

Al joven abogado caldense, quien gracias a la parapolítica y pese a obtener apenas 792 votos en las elecciones de 2006 logró ocupar por unos meses una curul en la Cámara de Representantes, lo juzga la Corte Suprema por concierto para delinquir agravado, luego de probar que ese año llegó a la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal de Caldas, luego de una reunión entre el exjefe paramilitar Ernesto Báez y el presidente de ese partido en Caldas, Ferney Tapasco González, en la que se aliaron para lograr al menos dos curules del Congreso. La reunión se dio a principios de 2006, en un encuentro de universitarios organizado por la fundación Fipaz, en El Tambor, el municipio de la Merced (Caldas).

Báez está desmovilizado y uno de sus compromisos era no intervenir en política y, mucho menos aprovechando la influencia que tenía sobre el frente Cacica Pipintá de las Auc, el cual aún estaba en armas, para intimidar a los electores. En la reunión con Tapasco González, el acuerdo era que el político ponía el aval del partido y el paramilitar la intimidación de las armas.

Aprovechando el público asistente, incitaron a los universitarios a elegir un representante para integrar la lista de candidatos. Como aspirantes surgieron Carlos Vargas, quien había coordinado el encuentro y Juan Pablo Sánchez Morales, quien resultó ser un pariente del abogado de confianza de Báez. Eligieron a Sánchez.

Producto de todo ese encuentro, cuando se conoció públicamente, la justicia procesó a cuatro de los integrantes de la lista del Partido Liberal de Caldas, de los cuales ya están condenados las fichas claves de Báez y Tapasco: Enrique Emilio Ángel Barco, Dixon Ferney Tapasco Triviño y Jairo Alberto Llano. En la condena de estos parapolíticos, la Corte solicitó estudiar la posible exclusión de Báez del proceso de justicia y Paz, por la violación de sus compromisos. El caso aún está en estudio por una sala de conjueces de la corte.

(…)

 


14 de abril de 2011, El Espectador (judicial)

Los Uribe dijeron que no sabían que fuera delincuente

Reuniones con hijos de Uribe

Alias ‘El Canoso’ señaló que Tomás y jerónimo Uribe se reunieron con el extraditable alias ‘Nacho’. Los hijos del expresidente se defienden.

Los hijos del expresidente Uribe Vélez están de nuevo en el centro de la polémica. A parte de sus supuestos encuentros con los Nule y lo de la zona franca, ahora los señalan de reunirse en Santa Marta con un narcotraficante. Ante los señalamientos, ellos salieron al paso y, pese a reconocer los encuentros, indicaron que lo hicieron sin conocer los nexos delincuenciales de esa persona.

El señalamiento contra los Uribe lo hizo José Gelvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, jefe político del bloque Tayrona de las Auc y hombre de confianza del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, durante audiencia de Justicia paz en la que dijo que los Uribe se reunieron con Héctor Ignacio Rodríguez, alias Nacho, quien llegó a ser concejal del municipio de Guachaca (Magdalena) gracias al apoyo de las Auc y a quien extraditaron el pasado 14 de febrero a Estados Unidos por el delito de narcotráfico. “Mantenían una relación de negocios y hasta parrandearon juntos”, dijo.

En la versión, publicada por el diario El Heraldo de Barranquilla, Gelvez hizo referencia a varios encuentros en los que él estuvo presente. Aunque no habló de negociaciones ilegales, El Canoso si indicó que los Uribe tuvieron la intención de conocer a su jefe, Hernán Giraldo.

El desmovilizado habló de una reunión e las playas del Parque Tayrona, otra durante el Carnaval de Barranquilla y la última en un restaurante de Bogotá, durante la presentación de la señorita Magdalena, Laura Abisambra.

“Jerónimo y Tomás debían saber que yo era el político de las autodefensas. Nacho debió habérselos dicho, porque sabía que fue elegido con el apoyo de la Auc y yo era quien manejaba las relaciones políticas del bloque Resistencia Tayrona”, agregó El Canoso.

Ante las polémicas declaraciones, los hijos del expresidente Uribe, a través de un comunicado, reconocieron tres reuniones con el extraditado Rodríguez, pero negaron haber sabido de sus nexos delincuenciales. Indicaron que en una de ellas estuvo el actual alcalde de Santa Marta.

“Conocimos al señor Rodríguez en el año 2004, por amigos comunes de Santa Marta y por su participación en una compañía que fabricaba artesanías de coco con habitantes de la Sierra Nevada, promocionadas en programas financiados por el gobierno americano. Tanto al señor Rodríguez, como a su familia, los precedía una excelente reputación, la cual pueden corroborar distinguidas personas de la sociedad samaria”, indicaron.

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15 de abril de 2011, El Espectador, de María Teresa Ronderos

Las perlas de ‘El Canoso’

José Gelvez Albarracín, alias El canoso, no era un paramilitar común. Administrador de empresas, fue empleado de la Alcaldía y la Registraduría de Santa Marta. Sin embargo ahora que, enfermo y resentido con sus viejos patrones que lo dejaron seco, resolvió develar sus relaciones con personalidades nacionales, nadie lo recuerda.

El Canoso dijo ante Justicia y Paz que Art Coco –una empresa de Ignacio ‘Nacho’ Rodríguez, concejal de Santa Marta elegido con los votos ‘paras’ que manejaba Hernán Giraldo en la Sierra Nevada- era proveedora de artesanía para Salvarte, la empresa de los hijos del expresidente Uribe, la empresa de los hijos del expresidente Uribe, Tomás y Jerónimo. Y que él, con Rodríguez y los Uribe parrandearon tres veces juntos, en una de ellas en un paseo al Parque Tayrona en 2004. En 2007 el ex concejal fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Los Uribe aceptaron que fueron al Tayrona en 2004 con Rodríguez y que Salvarte le compraba artesanías a Art Coco. Negaron conocer a El canoso y haber ido al carnaval de Barranquilla disfrazado de fiebre amarilla, como dijo el desmovilizado. Y explicaron que “tanto el señor Rodríguez como su familia les precedía una excelente reputación, la cual pueden corroborar distinguidas personas de la sociedad samaria”.

¿Podían los hijos de Uribe en Santa Marta, donde todo se decide, no saber que Rodríguez era concejal de los paramilitares? ¿A quién llamarán los Uribe “personas distinguidas” como para que les recomendaran a un político que se jactaba ser ficha de de El Patrón Giraldo? ¿Por qué los hijos del expresidente tuvieron tantos negocios en Santa Marta, cuando su dirigencia estaba captada casi toda por el paramilitarismo?

El Canoso dijo también que los paramilitares Jorge 40 y Hernán Giraldo y su sobrino estaban detrás del negocio samario de Aviatur en la concesión del Parque Tayrona, vigente hasta el 2015. Que para sellar el trato se reunieron él, el mismo concejal Rodríguez, el gobernador Trino Luna y Elías George, dueño de la agencia turística local que figura como socia, con Jean Claude Bessudo, en su oficina, cuando este hacia un reality en televisión, a mediados de 2015. Dijo que los Giraldos pusieron 800 millones de pesos.

Bessudo admitió que recibió el concejo del presidente de asociarse con una empresa local y que si se reunió con George y con Rodríguez para concretar el negocio, pero que no recuerda a El Canoso. Dijo que supuso que sus socios solo eran los hermanos George y que ellos apenas aportaron 300 millones. Y que en 2008, después de que recibió una carta de Jorge 40 reclamando sus acciones, le dijo a George que “Aviatur no quería tener esa clase de socios” y le compró parte en 2009.

Puede que Bessudo haya sido asaltado en su buena fe, es más con recomendación presidencial de por medio. ¿Pero en tres años de sociedad con estos delincuentes nunca sospechó nada, ni cuando extraditaron a Rodríguez en 2007? ¿Es creíble que en 2008 cuando Jorge 40, el gran criminal de lesa humanidad quiso recuperar su parte solo mandó una cartica? ¿Y cuando Bessudo le compró a George su parte, no temió que su pago fuera para los ‘paras’? ¿Por qué no lo denunció, ni devolvió la concesión? Sin importar sus méritos para lidiar con tiburones, ¿no existe un grave conflicto ético para que Sandra Bessudo, hija del dueño de la oscura concesión del parque natural, siga en su cargo como consejera presidencial para el medio ambiente?

¿Eran tan aceptados los paras en la clase dirigente que los Uribe y Bessudo en realidad no le vieron problema hacer negocios con ellos?

 


Prosperidad democratica

Abril 14 de 2011, El Espectador, de Rodolfo Arango

Educación y democracia

En Colombia la décima parte más rica de la población disfruta del 50% de los bienes y servicios del país mientras que la décima parte más pobre se reparte el 0,6% de estos. Los presuntos avances en materia de educación superior en la última década no han impedido que ocupemos el primer puesto en desigualdad en América Latina y el cuarto lugar en el mundo. El proyecto de reforma a la educación superior del gobierno no ataca este problema sino lo agrava. El déficit de las universidades públicas no se supera con los aumentos estipulados en el presupuesto nacional de los años venideros. El proyecto inspirado en las experiencias de China y Brasil pretende ampliar cupos, evitar la deserción y mejorar la calidad por la vía de atraer inversiones privadas a los centros educativos y permitir en ellas el ánimo de lucro. Como lo sostiene Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, se trata de una reforma a medias que calla el fortalecimiento y la importancia del sistema de universidades públicas en esos países. Tampoco importa al gobierno la relación entre educación y democracia.

La amenaza de una mayor inequidad introducida por el gobierno la percibieron con claridad los miles de manifestantes que salieron la semana pasada a las calles a protestar contra la reforma. Abrirles indiscriminadamente las puertas al capital privado y al ánimo de lucro en la educación superior es ahondar la profunda desigualdad que afecta a los colombianos. Una cosa es aceptar dineros de la industria para formar técnicos y tecnólogos, lo cual es razonable si se busca aumentar la competitividad económica. Otra cosa es incentivar la educación privada en perjuicio de la educación pública. Esta política afecta la participación igualitaria de todos en el autogobierno de la sociedad y debilita la democracia. La educación puede estar al servicio de intereses privados o ser, además, democrática y promotora de la equidad social.

La promoción de la educación superior mediante dineros privados no promueve la expansión de la democracia sino que la concentra en élites privilegiadas. Pocos recuerdan los beneficios que trajo el situado fiscal del plebiscito de 1957 a favor de la educación. El acceso gratuito a una educación pública de calidad promueve el desmonte de privilegios, la democratización social y una mayor participación política. Condorcet entendió la estrecha relación entre educación y democracia al identificar la institución pública como el principal factor de lucha contra la desigualdad social. La lucha contra el poder del clero y de la nobleza exigía una educación laica, estatal y con contenidos democráticos. Una instrucción pública fuerte asegura la igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios del progreso, que es la educación superior, al servicio del capital privado so pretexto de su interés altruista, no conviene al país. Se hipoteca así, abierta o soterradamente, la democratización de la sociedad a favor de la dependencia de nuevas formas de dominación, en este caso económica. Con la reforma a la educación superior solo tendríamos garantizada la pérdida de la independencia en la investigación científica y artística y, finalmente, el estrechamiento de la democracia por lógica imperial del mercado.

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Todo parece indicar que el caso Nule dejará al descubierto la estrecha relación entre contratación pública, clientelismo y corrupción política del segundo periodo del gobierno de Uribe.

 


17 de abril de 2011, El Espectador, de Norbey Quevedo

Cuestionamientos a manejo de crisis humanitaria en al menos seis departamentos

Caos en manejo de invierno

Hay dinero, pero no se ejecuta totalmente; la ejecución de proyectos es deficiente, fallas en entidades, censo de afectados tienen líos, no existe control de las entregas. Débil gestión.

El invierno arrecia y la asistencia estatal a los damnificados tiene serios retrasos y son evidentes las debilidades de los organismos que tienen el deber de atender la emergencia humanitaria. Al menos esa es la conclusión de la Contraloría General, que en su último informe de auditoría puso en evidencia que la respuesta de las autoridades de los órdenes nacional, departamental y local a la crisis que vive el país desde abril de 2010 a raíz del crudo invierno deja mucho que desear y requiere cambios urgentes.

El informe, conocido por El Espectador y fechado el pasado 15 de abril, concluye que según información de la propia organización Colombia Humanitaria, los recursos girados a los entes del país solo se han comprometido en un 53%, lo cual refleja una baja ejecución de los programas y proyectos creados para la atención y rehabilitación de las zonas afectadas por el invierno. Y aclara el documento que esta situación es aún más crítica si se considera el comienzo efectivo de las obras.

Como resultado de un proceso de vigilancia especial inmediata, la Contraloría encontró que es notable la falta de coordinación local, departamental y nacional con respecto a la construcción de las obras de mitigación, teniendo en cuenta que el Ideam ya había advertido que la ola invernal se iba a recrudecer en 2011. De hecho, en lo que va corrido del mes de abril ya se han reportado 110 emergencias, y desde más de mil municipios de los 28 departamentos se han enviado informes por afectación por las lluvias.

En criterio del ente fiscalizador, las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio de Transporte y en instituto nacional de Vías (Invías) no han sido los suficientemente ágiles para la coordinación y ejecución de los proyectos que suministran las distintas entidades nacionales y las que hoy se están recibiendo desde las alcaldías y las gobernaciones.

Persisten las debilidades en el proceso de los censos y los registros de damnificados; no se dispone de un plan integral para la recuperación y la reconstrucción de las zonas afectadas; no hay claridad de las entregas realizadas por parte del Fondo nacional de Calamidades, puesto que no hay soporte de recibo de gran cantidad de las ayudas enviadas a los territorios afectados. En otras palabras, prevalece el desorden y la ayuda humanitaria no está cumpliendo sus objetivos.

De acuerdo con estadísticas oficiales, la ola invernal que se inició en el país en abril de 2010 ya ha dejado más de 400 víctimas mortales, más de 650 mil familias afectadas, al menos 12 mil viviendas destruidas e incontables daños en la infraestructura vial, institucional, de salud, de comunicaciones y el sistema productivo rural y urbano del país. En términos globales, ya son más de 2,8 millones de colombianos damnificados. Pero la atención estatal prueba que las comunidades no están recibiendo los beneficios de ayuda del Estado.

La situación de emergencia, que se hizo crítica a finales de 2010, obligó al gobierno a declarar el estado de emergencia económica social y ecológica, a cuyo amparo se expidieron múltiples normas encaminadas a desplegar una acción conjunta del Estado a favor de los damnificados. Hoy, Colombia está viviendo una nueva oleada invernal de gran impacto en todo el país, pero la falta de celeridad y las demoras en la atención humanitaria están agravando la crisis.

El informe de la Contraloría detalla departamento por departamento, cual es la situación en materia de atención humanitaria y, por ejemplo en el caso del departamento de Córdoba, la ejecución es extremadamente baja, apenas del 0,35%, lo cual implica básicamente que a las comunidades no les ha llegado la ayuda. El operador, que fue seleccionado para la entrega del apoyo, fue la Cámara de Comercio de Montería, peor su nivel de ejecución es crítico. Hoy, en Ayapel, Chimá, Tierralta y Montería persiste los albergues temporales.

En Antioquia la zona con mayor afectación por el invierno, los operadores seleccionados para la entrega de los apoyos fueron la Cruz Roja, sección Antioquia, y la Corporación Ayuda Humanitaria. La cobertura ha sido de atención total y aún no se dispone de recursos para continuar con entregas adicionales. Sin embargo, el interventor del contrato, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, no hizo presencia para cumplir con sus obligaciones contractuales. Respecto a los subsidios de arrendamiento, no se ha entregado ninguno.

En cuanto al departamento de Caldas que acaba de vivir la tragedia de 18 víctimas en un bus arrasado por un alud, el operador seleccionado para entregar las ayudas fue el Comité Departamental de cafeteros y en Manizales, la Cruz Roja. La primera parte ya está ejecutada. En la ciudad todavía está pendiente la entrega de kits de alimentos y aseo, el 7% de la ayuda. Todos los subsidios de arrendamientos han sido entregados. La temporada escolar sigue transcurriendo con plena normalidad.

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Seguridad democrática

12 de abril de 2011, El Espectador, Editorial.

Objeción de conciencia y servicio militar

De acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, como regla general, todos los colombianos están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones en caso de que las necesidades públicas así lo exijan. Tal obligación se justifica por la primacía del interés general sobre el particular en ciertos asuntos del Estado, en los cuales se hace explicita la correspondencia entre los derechos y deberes. De aquí, entre otras cosas, que la Constitución consagra el servicio militar obligatorio. No obstante, también con rango de constitucionalidad, está consagrado el artículo 18 de libertad de conciencia, que resguarda la posibilidad de actuar siguiendo las convicciones y creencias propias del fuero interno de cada individuo o abstenerse de hacerlo cuando se presenten situaciones que las contrarían; situaciones que pueden incluir obligaciones jurídicas que rigen a todos los miembros del país, en las que se incluye la sentencia C-728 de 2009, el servicio militar.

Desde entonces, por motivos morales, filosóficos, religiosos o ideológicos, los colombianos como lo decretó la Corte Constitucional, podrán acceder a la prestación de servicios alternativos que no vayan en contra de sus convicciones sobre el uso legítimo de la fuerza y la institución militar, de forma que se cumpla su obligación con el estado pero sin atentar contra su fuero interno. La Corte instó al legislativo a regular ese derecho y, mientras tanto, autorizó el mecanismo de tutela para resguardarlo. No obstante, los opositores de tal pronunciamiento son varios y tres proyectos de ley se han hundido ya en el Congreso. Sus argumentos, según lo muestra una investigación del Grupo de Derechos de interés público de la Universidad de los Andes, son básicamente tres: prestar el servicio militar tiene rango constitucional; de reconocerse la objeción de conciencia, las Fuerzas Armadas se debilitarían y se abriría el espacio para el abuso del derecho. Frente a la primera réplica, la Corte, aplicando un test de prop orcionalidad como este rigor para estos casos, ya tomó una decisión. El último argumento no tiene sentido, pues el eventual abuso de un derecho nunca es excusa para omitir su garantía. Y finalmente, la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio, lo muestra el estudio, no ha debilitado a las Fuerzas Militares en ninguna otra nación donde sí se reconoce.

No hay realmente motivo para tanta resistencia; pero menos lo hay para presentar un proyecto tan poco estructurado como el que ahora cursa con muy bajo perfil en el Congreso. Proyecto que deja, por ejemplo, en manos de los jueces militares la decisión sobre si procede, o no, la objeción de conciencia del solicitante. Asunto a todas luces problemático, como lo es que no proceda contra la decisión del juez recurso alguno. ¿Donde están las garantías?

En caso de que la objeción se conceda hay otro problema: las opciones de servicio alternativo son solo la Policía Nacional y el Impec, opciones que implican el uso de la fuerza o de las armas en desarrollo de las funciones, que es justamente la razón por la que los objetores se oponen a prestar el servicio militar en primer lugar. ¿Cuál es el punto de presentar un proyecto así? Es claro que hay que establecer algún tipo de regulación para que el vacío jurídico no se supla por la vía de la tutela, pero es importante hacerlo bien, no solo para garantizar el derecho según los requisitos internacionales y constitucionales, sino también para que el país aproveche la oportunidad y refuerce otras formas de servicio que no implican violencia. Tras más de medio siglo en guerra, no está de más ampliar las formas de cumplir con los deberes que obliga el Estado.


16 de abril de 2011, El Espectador, de Nicolás Rodríguez Idárraga.

¿Conflicto, guerra o violencia?

Según la encuesta titulada Percepciones de Paz y Derechos Humanos entre la opinión pública colombiana, hay pesimismo frente a que la solución del conflicto deba pasar por la vía militar. También se muestra que tan solo el 11% de los entrevistados cree en el cuento del posconflicto.

¿Cómo quien dice que estamos en guerra pero la violencia no es la salida? Obviamente la cosa no es por ahí. Una interpretación menos cínica de los resultados podría ser que los colombianos nos tragamos el sapo de la desmovilización de los paramilitares, pero en aras de la supuesta reconciliación. Como ahora vemos en las noticias la violencia no cesa, exigimos que las cosas sean llamadas por su nombre. Y que la embestida militar contra la guerrilla lleve a algo más que guerra, permanente, con la guerrilla.

No hay entonces posconflicto, no puede haberlo con un proceso de paz tan cuestionado (y con los patrocinadores militares, empresariales y políticos por ahí, como si nada)

Y ya que estamos en estas, deberíamos debatir, entonces, la pertinencia de la palabra “conflicto”. Un término de escasa intensidad política que hace pensar, más bien, en la presencia de lo inevitable. Pronto habría que reformar la constitución para introducir “conflicto”, en nombre del cual, en últimas se ordena el país.

Quizá por ello es que no extraña que el 82% de los encuestados afirme que no se hace nada por la paz. Me incluyo, de hecho, en ese porcentaje. Desconozco, además, si ello también querrá decir que, como en general no sabemos nada de paz, realmente tampoco nos interesa eso que llaman “conflicto”.

Puede ser. La encuesta muestra, por ejemplo, que las poblaciones afro no son consideradas una de las principales víctimas, pese a que este es el grupo poblacional que más ha sido desplazado. Por racismo, por indiferencia o porque no están bien organizadas, cualquiera sea la razón (y me inclino por la primera) este dato y todos los otros hacen pensar (o confirman, mejor) que una es la Colombia que vive la guerra y la violencia y otra la que discute el conflicto.


17 de abril de 2011, El Espectador, de Alfredo Molano Bravo.

Cárcel

La cárcel es el espejo de un régimen político. Ella esconde las esencias más sórdidas que la sociedad no se atreve a confesar ni siquiera a mirar; las encarcela para no verlas. En la cárcel nada se resocializa como pretenden los legisladores porque lo que allí se vive es lo que vive una sociedad. Las cárceles del país son el país mismo: las dirige un cuerpo de funcionarios corrompidos o corruptibles, el tráfico de favores es la moneda; los privilegios se venden al mejor postor, al más poderoso. De muros para adentro las clases sociales, sus enfrentamientos y formas de subordinación, son las mismas que existen afuera. Se negocia con todo y todo negocio está protegido por la ley del más fuerte y es por el “uso de la fuerza”, que esa ley legítima. Quien las desconoce, muere. Punto. El sapo en una cárcel es un traidor y tiene el mismo trato que tiene en las calles un terrorista. La cárcel mueve millones y millones que circulan fuera. Más aún, las calles son una prolongación de las canas. Los ricos y poderosos o cupan las celdas menos sórdidas –barrios residenciales-; no trabajan en nada, son verdaderos parásitos que viven de mandar y de esa fuente derivan sus capitales. Monopolizan los vínculos con los guardianes que obedecen a sus caprichos e intereses.

Las clases medias son empleadas y satelizadas por los poderosos. Duermen en celdas con otros de su clase. Muchos trabajan en los talleres y redimen honradamente sus penas con el sudor de su frente; otros se descubren su vena artística y pintan, hacen teatro, escriben memorias o cuentos. Deambulan. Otros son estafetas de confianza de los duros de arriba. Y los pobres, pobres son: limpian excusados, tienden camas, preparan la comida de sus patrones; los más peligrosos, los que pagan crímenes de lesa humanidad, son los guardaespaldas, pistolos o quiñadores de los que mandan. En los pabellones de estrato 5 y 6 la densidad es baja: suites, que inclusive construyen de su peculio; los estratos 4 y 3 viven amontonados en celdas. Los estratos 1 y 2 duermen uno encima de otros en escaleras, pasillos, baños y cada metro de estos es defendido a cuchillo. Los de arriba comen en sus restaurantes privados, los del medio en caspetes, y los de abajo en los evaristos o comedores oficiales. En las cárceles rige, como afuera, l a pena de muerte ilegal. Hay cementerios secretos en cualquier piso, en cualquier patio.

Todo fue denunciado en su momento por la Corte Constitucional y por la Defensoría. El gobierno tomó nota obligada y se la pasó a los gringos como proyecto de ayuda. Y los gringos, ni cortos ni perezosos, aceptaron, y adaptaron el proyecto a sus propios intereses y métodos de castigo. Se construyeron cárceles de máxima seguridad que incluían-¡cómo no! Una refinada tecnología de tortura; la usada con los árabes en Cuba o en las cárceles secretas en Europa; aislar del medio ambiente y del medio social a los reclusos. Obligarlos a vivir en una campana neumática para descomponer y anular con calculado sadismo la personalidad del recluso hasta convertirlo en un ente. Evidencia de la misma tesis: la cana es el reflejo del régimen.

Sucede lo mismo con las cárceles militares: son el reflejo de su régimen. O de su fuero. Las distinciones estamentales se conservan en los recintos llamados cárceles. Hay de primera y de segunda: a los soldaditos que se duermen en la guardia los llevan a pagar en un sitio cerrado, a pan y agua; a los que han cometido crímenes –de lesa humanidad- que deshonran el uniforme, les dan cuartel por cárcel con todas las comodidades y refinamientos de los casinos. Frente a las protestas de la llamada sociedad civil, los militares se alzan de hombros y responden lo de siempre: eso pasó, fue excepcional, somos gente de honor. No podemos mezclarnos con los civiles. El honor, según esta manera particular de mirar, se defiende con privilegios, con los mismos privilegios que se les otorga para vivir en guerra. O de la guerra.


17 de abril de 2011, El Espectador, de María Elvira Samper

Presidente Santos, ¡sea liberal!

Hay preocupaciones entre los periodistas, sobre todo aquellos que se dedican a la investigación, con la Ley de Inteligencia que el gobierno va a presentar a la consideración del Congreso. El artículo 35, que castiga con cárcel a quienes filtren información reservada, despide un tufillo de censura y parece esconder la intensión de obstaculizar las investigaciones de los medios.

El gobierno sostiene que las sanciones están pensadas para los funcionarios del Estado y no para los periodistas, y que incluirá un artículo para dejar claro que la reserva no los cubre. No sobra redundar en un derecho ya consagrado en la Constitución –el derecho de mantener el anonimato de las fuentes- , pero ese no es el problema de fondo. La principal preocupación tiene que ver con las consecuencias que la aprobación del artículo podría tener en el periodismo de investigación, justo cuando la corrupción, que ha sobrepasado de lejos las “justas proporciones” de que hablara el presidente Turbay, se ha convertido en un sistema alternativo de poder económico y político.

Los periodistas trabajamos continuamente con filtraciones. Llegan por todas partes: algunas se convierten en punto de partida o en pista clave para avanzar, profundizar o atar cabos, otras se desechan porque ocultan turbias intenciones. Y si bien no hay fuentes del todo desinteresadas –de ahí la exigencia de verificar y contrastar la información con otras fuentes-, quienes decidan aportar información a un periodista no necesariamente lo hacen para causar daño. Todo lo contrario.

Gracias a esas fuentes y sus filtraciones, los medios han podido desatar casos como las chuzadas del DAS y el carrusel de la contratación; las irregularidades de Agro Ingreso Seguro, Incoder, Banco Agrario, Fondelibertad, Estupefacientes, los vínculos del ex director de fiscalías Guillermo Valencia Cossio con la mafia, y los privilegios de la cárcel de Tolemaida a militares condenados por delitos de lesa humanidad, entre muchos otros. De alguna forma, esas denuncias periodísticas han ayudado a un sistema de justicia débil, sobresaturado de casos y con limitada capacidad de investigación por falta de personal y de recursos.

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, insinúa que detrás de toda filtración hay billete. Una premisa falsa y tendenciosa que suponen que los medios pagan por esas informaciones y que pone en entredicho la seriedad y probidad de los que han destapado las más pestilentes ollas podridas. Puedo dar fe de que no hay uno solo de aquellos en los que trabajo o he trabajado que pague o haya pagado por información, y creo que lo mismo puede decirse de muchos otros en el país.

Lo importante, lo fundamental de la ley en cuestión –para impedir que se repita lo del DAS-, es que define las reglas del juego, establece responsabilidades precisas y fortalece los controles a los organismo de Inteligencia. Lo de pasar de “multicas” como dice Mindefensa, a castigar con cárcel a quienes filtran información solo introduce un ruido innecesario de censura.

El presidente Santos, de regreso a sus raíces liberales y con pasado de periodista –fue durante 10 años subdirector de El Tiempo- , debe recordar muy bien que fue él que en agosto de 1984 filtró una información reservada que puso contra las cuerdas al gobierno de Belisario Betancur: una carta de los capos del cartel de Medellín le habían enviado dos meses antes al presidente por medio del procurador general Carlos Jiménez Gómez y el expresidente López Michelsen, en la que proponían desmontar sus operaciones de narcotráfico a cambio de la no extradición. Fue interpretada como un indicio que se estaba cocinando una negociación con el narcotráfico.

Presidente Santos, usted fue periodista, elimine el artículo 35. ¡Sea liberal!


18 de abril de 2011, El Espectador, Editorial.

Los Wayuu y el Estado

Dentro del orden cultural wayuu se establece que los enfrentamientos derivados de los conflictos que se libran solo entre hombres, mientras las mujeres son mediadoras, interlocutoras y corredoras sin fronteras dentro de la guerra. Atentar contra ellas hace que el enfrentamiento deje de ser honorable. Hoy hace siete años exactamente, con el apoyo del Ejército Nacional y algunos miembros de la comunidad, un grupo de paramilitares entró al territorio de Bahía Portete y torturó y asesinó a un hombre y a cuatro mujeres indígenas, de las cuales hoy todavía dos siguen desaparecidas. El homicidio de estas mujeres resultó, como era de esperarse, en que la comunidad le quitara competencia a la ley wayuu para juzgar estos hechos –rehusando la mediación de palabreros en compensación de los daños ocasionados- y aceptó que se iniciara un proceso judicial por la vía ordinaria. Este proceso de búsqueda de justicia ha sido liderado por varias mujeres sobrevivientes a la masacre, y a múltiples atentados durante los años siguientes.

No obstante, para ellas, las amenazas no son el mayor problema. En 2004, Acción Social, junto con el complejo minero El Cerrejón, funcionarios departamentales y el propio vicepresidente Francisco Santos, llegaron para acompañar un retorno de varios desplazados por el conflicto a bahía Portete. Tal acción sin embargo, no se consultó a la autoridad tradicional ni a los líderes de esta comunidad y se reubicaron a indígenas que no vivían en el territorio. Situación que aumentó las tensiones diarias de su comunidad, la cual, además, ha tenido que vivir, por el afán propagandístico del gobierno anterior, en un lugar donde no hay todavía, pese a los anuncios oficiales, control de la Fuerza Pública. Así, como lo ha recordado el Grupo de Memoria histórica de la CNRR, el Estado se enfrenta ahora no solo a la responsabilidad de hacer justicia con los familiares de las víctimas de la masacre, sino también a la entrega del resguardo bajo las condiciones mínimas de seguridad; algo nada fácil dada la fuerte presencia de las bandas criminales.

Para complicar las cosas, dentro de la ley wayuu, el plazo máximo para hacer justicia ya se venció. Mientras que para este pueblo son solo tolerables cinco años de espera para aplicar justicia, la justicia ordinaria lleva siete años con el proceso sin haberlo concluido. La comunidad está cansada y el jefe de la autoridad tradicional les hizo saber el pasado 11 de marzo a los miembros de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, en su primer encuentro con la comunidad, que ya perdieron toda confianza en el Estado: “Vienen las instituciones a hacernos promesas para que quedemos contentos, pero se van y no pasa nada, creen que me tendrán así contento hasta que muera”. Por fortuna, como ha sucedido ya varias veces en el país, las líderes que llevan el proceso no se quedarán quietas esperando la respuesta del Estado, pues como ellas mismas lo dicen, están decididas a llegar hasta donde la justicia las escuche, incluso si esto justifica llevar el caso a las Cortes Internacionales.

Si se logra vencer la impunidad para este caso, no se premiará a ninguna institución. El mérito es de las mujeres de Bahía Portete que con firmeza ha enfrentado a sus victimarios. Al igual que nosotros, los medios de comunicación, y las instituciones, que no hemos podido comprender la profunda desestabilización cultural que ocasionó la masacre, ni la importancia de llevar a buen término los reclamos de los wayuu, encontrar a sus desaparecidas, y garantizar el retorno seguro a su territorio. Ya mucho les han quitado en el país a las comunidades indígenas. Es hora de comenzar a tomarse en serio las deudas pendientes.

Comunicados FARC-EP

III Consejo Nacional de los Comunes - Declaración Política

16-12-2018 Consejo Político Nacional

Durante los días del 14 al 16 de diciembre, se reunió en Melgar, Departame... Leer más〉

Editorial

El proceso de paz no es  la panacea, es una posibilidad  de alcanzar la paz

10-12-2018 Rubín Morro

Los acuerdos de paz de La Habana entre el Estado colombiano  y las Fuerzas Armadas ... Leer más〉

Bloques y Frentes

Mi experiencia en la Unidad Nacional de Protección

05-08-2017 Angelmiro López Pabón

Sentí orgullo cuando la dirección de la unidad a la que pertenecía... Leer más〉

La pluma de Gabriel Ángel

Rodrigo Londoño, Timo, cuenta su emotivo encuentro con Sonia

26-11-2018 Administrador

Durante más de una década pervivió en mi mente el recuerdo impactan... Leer más〉

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Orden Público

Unidades de las FF.AA amenazan con atacar unidades del frente 29

El ejercito que está en Ricaurte y continuan hacia nuestra dirección, han ...

Desde las prisiones

Carta Abierta De Los Presos Políticos De Las FARC-EP Al Camarada Simón Trinidad, Prisionero En Cárceles Del Imperio Yankee.

No sabemos si nuestra condición nos permite una sensibilidad diferente a la que p...