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Jueves, 28 Abril 2011 21:09

Prosperidad democrática

Escrito por  El Espectador
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Prosperidad democrática

 


20 Febrero 2011 - 1:00 am, El Espectador, Por: Alfredo Molano Bravo

El pasado infarto

NO SÉ A ESTÁ HORA SI ANGELINO, con su popular songo sorongo, haya podido resolver el contencioso con los camioneros y hacer rabiar a esa masa de opinión pública alineada durante días —con sutil perfidia— para echarla en contra de los que pararon.

Hasta ayer, que tenía acceso a los medios, no hubo una sola nota informativa que hiciera las cuentas que hacen los afectados en caso de aprobarse la libertad de fletes, y que llevaría a los pequeños propietarios de camión a la quiebra. Nada; todos vociferaban contra el paro, contra el bloqueo. Entrevistaban a la abuelita llevando a pie al manojo de nietecitos a la escuela, al exportador de flores, al dueño del gallinero, al policía y, en general, a los afectados por el paro, que fuimos muchos. Pero a los afectados por la libertad de fletes, los pequeños transportadores, los que tienen un par de camiones viejos o una o dos tractomulas, no se les dio ni micrófono ni cámara. Quizás —y no digo entrevistaban, sino indagatoriaban— a uno que otro chofer al lado de su vehículo con el motor en marcha para no oírlo. Dicho en dos palabras, los medios informaron como si todo el país viviera en el barrio El Tintal o como si todos exportáramos pescado. El argumento central del gobierno es fuerte en lo formal, pero faltón en lo real. ¿Algún ciudadano de los que toman Transmilenio cree de verdad que desde el día en que cada camionero cobre por su lado bajarán los precios en las tiendas, o en las grandes superficies, por ejemplo de los computadores o de las gaseosas? La gente de a pie no cree en esa función del mercado, llamada por los economistas la “mano de Dios”. Sabe que los grandes, que son pocos, pueden asociarse para ganar a su gusto. Como los bancos. Pero aceptemos que el espíritu de la decisión, “que nos pone a tono con el mundo civilizado” suprimiendo la tabla de fletes, cumpla esa función. Vale entonces preguntar: ¿Y por qué, con idéntica lógica, no suprimen la sobretasa a los combustibles que los encarece y cuyo dinero se gasta en alimentar consorcios y carruseles de contratación? ¿O por qué no rebajan los peajes que llenan las bolsas de los bancos, empresas multinacionales y contratistas? La libertad de fletes les conviene a los que tienen una flota de camiones manejada por un ejército de choferes asalariados y mal pagados. Esas empresas no protestan y cuando lo hacen, lo hacen civilizadamente: sus contables son recibidos por el ministro y salen dándole golpecitos en el hombro. A ellos les sirve la libre competencia porque tienen costos más bajos: importan tractomulas y repuestos y cuanto gallo necesiten subvencionados como cooperativas de transporte. Y hasta —se dice— algunos también son exportadores de harina en cristal. Pero ante todo, les conviene porque la libertad de tarifas quiebra a los camioneros pequeños, y la carga que cargaban la cargarán en adelante las empresas que tienen recuas de 200 tractomulas. Es la ley de Dios: el grande se come al pequeño.

Tengo confianza, hoy viernes que no ha amanecido, en que Angelino —al que tienen entre ojos porque no vive de avión en avión como Pachito, sino arreglando chicharrones— logre un convenio y evite el infarto que se ha vivido esta semana. Él sabe lo que son los infartos. Y sabe muy bien que la libertad de mercado es la libertad de comerse al pequeño. Una reflexión final: En caso de liquidar la regulación de fletes, ¿cómo serán las carreteras inundadas de tractomulas de 22 ruedas, compitiendo a 120 kilómetros por hora, bajando de la Línea, o de Letras; arremetiendo contra peatones, carros pequeños y otros competidores, para llegar primero y cargar más barato? La competencia es la competencia y los camioneros saldrán en libertad de pasarse por encima de todos los que no sean sus iguales. Saldrán a defenderse con la velocidad, que significa, como lo postula la propaganda de Mercedes-Benz: “ir más rápido que los demás”. Los ganadores serían el general Palomino y sus hombres, que “expedirán más comparendos”, y las ambulancias, que tendrán que cargar más muertos en accidentes viales. Una duda: ¿Qué dirán las compañías de seguros?

 


20 Febrero 2011 - 1:00 am, El Espectador, Por: Eduardo Sarmiento

La inequidad del sistema pensional

La propuesta del Plan de Desarrollo de elevar la edad pensional se hundió antes de ser editada.

Se replica la historia de los fracasos de las privatizaciones en el sector social, en particular en la salud. Las instituciones terminan en quiebras que son subsanadas por del Estado y el recorte de los beneficios de los usuarios. Antes de la Ley 100 el país operaba con un sistema pensional de prima media. Las mesadas de los pensionados se cubrían con las cotizaciones de los afiliados existentes. En efecto, el sistema funcionó durante mucho tiempo con cotizaciones de 7% del ingreso.

La reforma de la Ley 100, que abrió la opción de los fondos privados, quebró el sistema. Montados por una propaganda falsa, los afiliados se trasladaron masivamente a los fondos privados de pensiones (FPP). La relación afiliados-pensionados bajó drásticamente y hoy en día se encuentra alrededor de tres. No obstante que la Ley 100 y otras disposiciones posteriores determinaron una duplicación de las cotizaciones, los egresos del Seguro Social disminuyeron con respecto a los ingresos y la diferencia tuvo que ser asumida por el Gobierno. En la actualidad el subsidio para cubrir los faltantes de las pensiones del Seguro Social y de las entidades publicas, que no hicieron las provisiones adecuadas, asciende al 4% del PIB, cifra similar al presupuesto de la educación.

Lo grave es que el sistema ha resultado muy inequitativo. Sólo los individuos que laboran en el sector formal y que están en capacidad de mantenerse en él logran cumplir los 20 años de periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión. Así, mientras el acceso promedio de la población es de 27%, el de los estratos 1 y 2 es apenas de 4%.

Las personas que se han trasladado a los Fondos Privados de Pensiones (FPP), han quedado sometidas a un sistema en el que las pensiones corresponden a las cotizaciones individuales ampliadas por los rendimientos financieros. No es cierto que obtengan pensiones similares a las del Seguro Social. A tiempo que éste entrega pensiones correspondientes al 75% del salario o más, los FPP no dan más del 40%. Aún más dramático, no están en capacidad de asegurar una pensión equivalente al salario mínimo a más de la mitad de los afiliados.

La verdad es que los nuevos cotizantes de los fondos privados de pensiones se consiguieron a cambio de reducir el saldo de recursos que permitía cubrir parte de las pensiones. Así, el subsidio del Gobierno resulta del traslado de fondos del sector público a los balances de los FPP.

Estamos ante otro fracaso de las teorías de libre mercado y privatización que se adoptaron al principio de la década del 90. El sistema privado de pensiones en un país con niveles de ingreso e informalidad de Colombia es una afrenta a la equidad. No permite que los afiliados obtengan una pensión que corresponda siquiera a la mitad del ingreso, no asegura la pensión mínima, no evita la quiebra del sistema público y restringe el acceso de los estratos menos favorecidos.

La propuesta de elevar la edad pensional del Plan de Desarrollo reduciría aún más el acceso a los sectores pobres por la simple razón de que viven menos tiempo, y no resolvería el problema de fondo. Lo que se plantea es modificar la concepción del sistema para ampliar el acceso de los sectores de menores ingresos y limitar los subsidios. El propósito se podría conseguir regresando las cotizaciones por debajo de 1,7 salarios mínimos al sistema público de prima media, y estableciendo un impuesto a las pensiones privilegiadas. Los FPP quedarían para las rentas altas.


 

23 Febrero 2011 - 10:00 pm, El Espectador, Por: Tatiana Acevedo

Tarazá sin volumen

NO SABEMOS MUCHO sobre lo sucedido el pasado mes de enero en la cabecera municipal de anorí, antioquia.

En la información disponible hay vacíos. Incluso contradicciones. Se movilizan 5.000 campesinos y hacen exigencias al Estado por orden explícita de las Farc, dicen algunos medios. No son manifestantes sino desplazados, afirman otros. Pasan los días, los “labriegos retornan”, y el ministro de Defensa solventa la confusión confirmando que no se trató de una movilización, sino de un desplazamiento. El cabecilla de las Farc, presunto responsable del masivo desplazamiento, se entrega a las autoridades. El capítulo se cierra.

O se abre, mejor, ante tanta neblina. Porque el cubrimiento periodístico rebota todas las versiones oficiales posibles. Desfilan ministros, policías, secretarios y funcionarios pero es poco lo que se filtra del otro lado. ¿Por qué, si se trataba de “títeres de las Farc”, el Gobierno se sentó a negociar con ellos? ¿Se trataba sólo de campesinos o había mineros? ¿Cuáles fueron las promesas del Gobierno que los animaron a emprender el regreso?

Esta semana la historia se repite. Dos mil campesinos amanecen en el casco urbano de Tarazá. Miles de hombres, mujeres y niños caminan o llegan en buses. En un comunicado exigen el cese de las aspersiones de glifosato, indemnizaciones a quienes perdieron sus cultivos lícitos a causa de éstas e inversión estatal en las veredas. Esta vez se reconocen como desplazados por la guerrilla y a la vez como manifestantes. Su condición de víctimas del destierro no impide la rebeldía ni empantana la movilización. La Policía departamental anuncia con prontitud que “las Farc están detrás y hay milicianos infiltrados”. El secretario de gobierno de Antioquia recuerda a la población que “no tiene por qué estar protestando” y bautiza el movimiento como “cocalero”. Una vez más no escuchamos las voces de los protagonistas de la movilización. En la prensa escrita se acude al genérico “Los campesinos dicen”, como si se tratara de un grupo uniforme, monolítico. La televisión, que todo lo puede, va más allá. Emite imágenes, algunas de archivo, y todas sin voz.

 

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